Uno de los ejes de la acción política del Ejecutivo de Pedro Sánchez es un plan de recuperación económica que sigue uno de sus eslóganes favoritos, «que nadie se quede atrás». Los portavoces del Gobierno de coalición no se han cansado de repetir que el Estado, con la ayuda de Bruselas, inyectaría dinero en el sistema productivo para compensar la caída de actividad económica provocada por la pandemia. El entusiasmo del Ejecutivo se hizo célebre con aquella imagen de los ministros aplaudiendo espontáneamente -entiéndase la ironía- a Sánchez, tras volver de Bruselas en julio de 2020 con 140.000 millones de euros bajo el brazo. Como en tantas otras cosas, la realidad está despejando el humo de la propaganda. La ejecución de los fondos europeos no está siendo eficaz y las empresas que confiaban en acudir a los concursos financiados con esos fondos temen que sea un fracaso, con unas causas perfectamente delimitadas y que señalan de forma directa al Gobierno. Por un lado, la inflación, aquella que dijo en noviembre la vicepresidenta económica Nadia Calviño iba a ser «transitoria», y que lejos de ser coyuntural ronda ya los dos dígitos, y sin visos de un descenso significativo a corto plazo. Por otro, el incremento de los precios de la energía, a pesar de las reducciones fiscales acordadas por el Ejecutivo.
Ambos factores, inflación y energía, están distorsionando la capacidad económica de las empresas para acudir a unos concursos públicos que ignoran el alza de los costes de producción y ejecución, y que, por esto mismo, no son rentables. La Confederación Nacional de la Construcción ha estimado en 500 las obras públicas no adjudicadas solo en 2021 por no ajustar sus condiciones económicas al impacto de la inflación. Nada hace pensar que en 2022 el balance será más favorable.
La maraña burocrática tejida en torno a la gestión de los fondos europeos es otro factor de disuasión para que las empresas acudan a los concursos convocados. Es evidente que las administraciones públicas deben establecer controles de cumplimiento de unos requisitos mínimos, porque las ayudas europeas no deben convertirse en un vivero de corrupción y amiguismo. Pero ya se ha demostrado que una burocracia lenta, compleja y poco transparente también actúa como un estímulo para el tráfico de influencias y la información privilegiada. Un reto que debe asumir y superar el Estado en todos sus niveles administrativos es el de equilibrar el control sobre los fondos con la agilidad en la adjudicación de los contratos. Las empresas necesitan dinero para su actividad productiva y muchas de ellas lo necesitan con urgencia. Llegar tarde es como no llegar, lo mismo que imponer condiciones económicas fuera de la realidad del mercado, es decir, de espaldas a la inflación y al alza de los precios energéticos. Según el informe del Banco de España sobre el primer trimestre de este año, solo el 16,6 por ciento de las empresas encuestadas por el regulador se muestran interesadas en acudir a proyectos financiados con fondos europeos, siete puntos menos que en el cuarto trimestre de 2022.
Un escenario de concursos desiertos y fondos europeos sin aprovechar es una enmienda a la totalidad contra la propaganda del Gobierno, el cual, además, no informa como debería sobre la gestión de esos fondos. Lo menos conveniente para el estado actual de incertidumbre y preocupaciones es un Gobierno que no genera confianza, siquiera cuando anuncia un riego de miles de millones de euros. Pero la explicación sigue siendo la misma: la distancia abismal entre lo que el Gobierno de Pedro Sánchez promete y lo que el Gobierno de Pedro Sánchez hace.
