La Fiscalía desmonta la estrategia de Ayuso para tapar el caso de las comisiones de su hermano
El pasado mes de marzo Isabel Díaz Ayuso pasaba abiertamente al ataque. "Vamos a empezar a investigar a todos, así vamos a ver si la señora Delgado quiere investigar a todos los familiares o solo a los míos", dijo tras anunciar que su partido iba a llevar a la Fiscalía Anticorrupción una serie de contratos, adjudicaciones y ayudas públicas estatales a empresas vinculadas de una u otra manera a miembros del Gobierno central y su entorno. El titular de esta ofensiva judicial era la denuncia de que se llevaba las presuntas ayudas recibidas por una empresa asociada a los padres de Pedro Sánchez. Ahora, la Fiscalía ha sido clara: no hay ninguna irregularidad y lo que pretendía el Partido Popular era iniciar una "investigación de corte inquisitivo".
La presidenta regional decidió pasar al ataque el 10 de marzo de 2022. Poco más de dos semanas antes, la Fiscalía Anticorrupción había decidido abrir una investigación sobre un contrato de 1,5 millones de euros adjudicados por su Gobierno a dedo a una empresa, Priviet Sportive, contratada en plena pandemia para traer mascarillas a España. Una empresa que, tal y como desveló elDiario.es, era propiedad de un amigo de la infancia y que, como se supo posteriormente, pagó comisiones a su hermano Tomás Díaz Ayuso por intervenir en el procedimiento.
Anticorrupción archivó esa investigación al entender que no había pruebas de que el contrato estuviera amañado o de que el hermano de la presidenta hubiera cobrado dinero por algo que no fuera legal. Pero para entonces ya había incoado diligencias por esta batería de denuncias utilizadas por Isabel Díaz Ayuso y el PP de Madrid para contrarrestar el caso de su hermano. Una denuncia presentada personalmente por Alfonso Serrano, el hoy número dos de Ayuso en el PP madrileño, y que apuntaba a la relación de las empresas favorecidas con miembros del Gobierno: Pedro Sánchez, Salvador Illa, Nadia Calviño y José Luis Ábalos.
Una parte de la denuncia estaba basada en documentos oficiales que documentaban las contrataciones, pero la parte que afectaba a estos cargos públicos estaba basada en noticias de medios de comunicación. "Nada aporta, salvo la referencia a la publicación en diversos medios de comunicación, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos", dijo ya el fiscal Alejandro Luzón cuando abrió las diligencias en abril.
Recortes de prensa utilizados por el PP para intentar que la Fiscalía investigara a familiares de miembros del Ejecutivo central y que, por el momento, han fracasado con duras acusaciones del Ministerio Público para la formación conservadora. La denuncia presentada por Serrano y anunciada por Ayuso apuntaba a varios contratos pero toda la atención estaba centrado en Industrias Plásticas Playbol, empresa que en 2018 compró todo el material y activos de una empresa de idéntico nombre propiedad de los padres de Pedro Sánchez y que recibió una serie de ayudas públicas entre 2020 y 2021.
Los mismos medios de comunicación que desvelaron la existencia de estas ayudas celebraban que la denuncia de la presidenta regional destapaba una mayor cuantía económica y, por tanto, un escándalo aún mayor. Ayudas y avales con los que Ayuso contraatacó al Gobierno y la oposición de la Asamblea y que, después de ser analizadas por Anticorrupción, no tienen sombra de sospecha. Mientras tanto, la Fiscalía Europea sigue analizando el contrato por el que cobró comisiones el hermano de la presidenta regional después del archivo del caso por parte del Ministerio Público español.
El PP anunció que su denuncia era un contraataque y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, recoge el guante. "Nada aporta el denunciante acerca de la intervención que pudiera haber tenido el Presidente del Gobierno o cualquier otro cargo público en la obtención de las ayudas", asegura el jefe de Anticorrupción en su decreto de archivo. Luzón reprocha que en la denuncia de Ayuso se presenten "unos hechos cuya trascendencia penal tampoco se concreta".
La acusación, concluye la Fiscalía, está "huérfana de una mínima base indiciaria", lo que impide seguir adelante con el caso. Hacerlo en los términos que proponía el PP, añade la Fiscalía, "conduciría estas diligencias por el terreno vedado de las investigaciones prospectivas, de corte inquisitivo".
Esa intención de llevar al banquillo a empresarios supuestamente vinculados con miembros del Gobierno se ha transformado este miércoles en un "total respeto a las decisiones judiciales", ha dicho Enrique Ossorio, vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. "Si los nuestros, que lo habíamos desarrollado con la máxima pulcritud, la Intervención, la Cámara de Cuentas, son investigados, pues que sean investigados todos", justificó en rueda de prensa dejando claro que la denuncia no partía de una sospecha real sino de una contienda política.
Ese "vamos a investigar a todos" de la presidenta regional, por ahora, ha hecho aguas a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción decida el futuro de las otras seis empresas denunciadas por contratos públicos y su presunta vinculación con otros miembros del Ejecutivo central y su entorno. Otras seis empresas que, según las informaciones periodísticas aportadas por la denuncia del PP, están vinculadas a la ministra Nadia Calviño y a los exministros Salvador Illa y José Luis Ábalos.
Por el momento, en cuanto a Industrias Plásticas Playbol, la Fiscalía entiende que ninguno de los avales que recibió del Instituto de Crédito Oficial o de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), dependiente esta última del Ministerio de Industria, no presenta sospechas de irregularidad alguna.
En primer lugar la Fiscalía explica que CERSA no concede créditos de dinero público o avala directamente a empresas, sino que "reafianza los avales concedidos por sociedades de garantía recíproca". En este caso, CERSA participó en tres avales concedidos por estas sociedades que tenían como accionistas mayoritarios a tres comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular: Iberaval (Castilla y León), Sociedad de Avales y Garantías (Andalucía) y, finalmente, Avalmadrid (Comunidad de Madrid).
Es decir, el PP de Madrid denunció un proceso de concesión de crédito que procedía de su propia empresa Avalmadrid. Y la Fiscalía especifica que "de haber alguna irregularidad lo sería en las sociedades de garantía recíproca que concedieron el aval". Es decir, en la propia Avalmadrid de la Comunidad de Madrid y no en CERSA.
Tampoco ha encontrado la Fiscalía ninguna irregularidad en los más de 10 créditos procedentes del ICO, la mayor parte de los denunciados. La empresa cumplía con los requisitos establecidos para pedirlo, explica en el decreto de archivo. Habla la Fiscalía de una "palmaria ausencia de elemento incriminatorio" en todas estas operaciones que, en un caso, procedía de la propia Comunidad de Madrid. Hablar de tráfico de influencias o trato de favor, zanja la Fiscalía, "situaría el relato en el ámbito de la pura especulación, extramuros del derecho penal".