La Moncloa ocultó el cambio de estatutos al consejo de Radio Televisión Española

El cambio de los estatutos de Radio Televisión Española , con el que el Gobierno ha ejecutado su golpe de mano para tomar el poder del ente público a través de una presidencia interina, fue tramitado a espaldas del Consejo de Administración de RTVE . Este órgano ni fue consultado como tal, ni fue informado durante el trámite. Se enteró a hechos consumados, cuando el acuerdo ya estaba en la mesa del Consejo de Ministros, el pasado 4 de octubre. Fuentes próximas al Consejo de Administración de RTVE han indicado que, dado que afecta de lleno al reglamento interno del ente público, lo lógico es que esa decisión hubiera sido sometida a la consideración del órgano rector del ente público. O, como mínimo, que se le hubiera dado cuenta de la decisión que iba a tomar el Consejo de Ministros. Sin embargo, el Gobierno optó por que fuera la SEPI, el hólding público al que pertenece RTVE , el que se encargara de impulsar formalmente ese cambio de estatutos mediante una consulta a la Abogacía del Estado. Todo ello para dar pátina de legalidad a la maniobra. «Se podía haber empezado por el Consejo de Administración de RTVE, aunque luego hubiera sido la SEPI la que hubiera entrado en juego y, finalmente, el Consejo de Ministros con la adopción del acuerdo, como ha ocurrido en otras ocasiones con asuntos de calado», indican las mismas fuentes. Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno rescata un informe jurídico de la era Zapatero para tomar el poder en RTVE Roberto Pérez El cambio de estatutos del ente público lo viste con un dictamen de la Abogacía del Estado que ni el entonces presidente socialista ni Mariano Rajoy quisieron aplicar Varios consejeros de RTVE recibieron con sorpresa el cambio de estatutos cuando, el 4 de octubre, se hizo público el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros. Más aún si se tiene en cuenta que, previamente, habían decidido realizar consultas jurídicas sobre qué algunas alternativas para sortear el vacío de poder que se había producido en la Corporación RTVE, dado que Elena Sánchez había sido elegida únicamente como presidenta del Consejo de Administración, pero no de la Corporación –es decir, carecía de poderes ejecutivos–. Esos tímidos pasos de legalidad que había promovido el consejo de administración del ente público quedaron en papel mojado ante la maniobra urdida por el Gobierno. Los consejeros de RTVE –al menos los no afines al Gobierno– comprobaron que habían sido apartados por completo de un proceso que altera las reglas del juego con las que se gobierna el ente.