La pensión mínima, penúltima concesión electoralista
El Gobierno pactó ayer con CC.OO. y con UGT el segundo tramo de la reforma de las pensiones. El acuerdo, que no cuenta con la conformidad de la CEOE, incluye elevar la pensión mínima de jubilación a 1.200 euros de aquí a 2027. Ha sido el peaje impuesto por los sindicatos para brindar su aplauso. Siguiendo la premura legislativa habitual, es posible que este mismo jueves el Consejo de Ministros apruebe el real decreto que reformará el sistema para las tres próximas décadas. El propósito de la medida pasa por equiparar pensión y salario mínimo, reduciendo de forma paulatina la diferencia entre ambos. La heterodoxia de esta aspiración y su difícil sostenibilidad son los propios del electoralismo permanente en el que lleva meses instalado el Ejecutivo. Por más que el propósito de situar la pensión mínima por encima del umbral de la pobreza sea loable, comprometer el gasto público de los próximos años más allá de lo prudente puede acabar generando una ruptura del pacto entre generaciones.