E l pasado 8 de marzo, a la una y media de la tarde, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, y la vocal Concepción Sáez mantentían una intensa conversación en el vestíbulo del Tribunal Constitucional, donde se ofrecía un cóctel a los invitados tras un acto por el Día de la Mujer. Tres periodistas esperábamos a que Mozo y Sáez terminaran de hablar para abordar al presidente y aprovechar así la oportunidad que brindan los corrillos en acontecimientos como éste, alejados de formalidades. No fue posible hacerlo, porque, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, Mozo se resistía a dar por terminada su conversación con Sáez y a dejarla ir. Sorprendió ese largo encuentro entre los presentes porque no parecía lógico que el sustituto de Lesmes desaprovechara un acto en el que podía haberse relacionado con magistrados de otros tribunales (entre ellos el propio TC), reconocidos eméritos o incluso representantes de tribunales internacionales, para aislarse, visiblemente nervioso, con una vocal con la que comparte sede además en Marqués de la Ensenada. El encuentro entre ambos parece cobrar sentido ahora que se sabe que cinco días después Mozo recibió la carta de la vocal comunicándole ya por escrito su firme intencion de renunciar. A estas alturas de la película, cuatro años y medio después de vencer su mandato y en pleno año electoral, la marcha de la vocal propuesta por IU no va a hacer un agujero en el Consejo: es más, su ausencia resulta intrascendente para las funciones que el Ejecutivo ha dejado al órgano de gobierno de los jueces que, sin poder hacer nombramientos y con los informes a los anteproyectos más importantes ya aprobados, se ocupa poco más que de asuntos administrativos: permisos, incompatibilidades, inspección o régimen disciplinario de jueces y magistrados. Ni siquiera se puede decir que el plan de dimisiones en bloque o en cadena del exdiputado socialista Álvaro Cuesta para dejar al CGPJ sin quórum causaría un perjuicio de magnitudes considerables para la actividad del órgano de gobierno de los jueces. El reglamento del propio Consejo prevé que en casos de urgencia, y sin posibilidad de constituir el Pleno, como sería el improbable caso de que se vayan ocho vocales, la Comisión Permanente pueda adoptar acuerdos que son competencia de aquél , a excepción de los nombramientos discrecionales, algo que es indiferente, pues hoy por hoy el actual Consejo no los puede hacer. Lo realmente llamativo de esta historia, y lo que hace emerger las miserias del Consejo, producto sin duda de su politización, es la desproporción de la jugada que pretende el exdiputado socialista después de rechazar, hace apenas un mes, una iniciativa mucho menos lesiva. El texto que un grupo de vocales llevó infructuosamente a Pleno reaccionaba ante la «insostenible situación» que vive el Tribunal Supremo con 29 de sus 74 plazas vacantes, nada menos que un 30 por ciento de su plantilla. Emplazaba al Ministerio e Justicia a poner los medios necesarios para proveer el refuerzo de letrados que requiere el Alto Tribunal para sacar adelante su trabajo e instaba a aplicar la cláusula prevista en la ley del Poder Judicial para poder hacer «nombramientos imprescindibles». En paralelo, Cuesta y otros seis vocales plantearon una propuesta en la que se limitaban a dirigirse al Congreso y Senado (por enésima vez) para instarles a la renovación. La otra derivada del movimiento del vocal socialista, y también relacionada con esa indeseable politización, es el momento absolutamente interesado en el que promueve esa dimisión en bloque, a dos meses de las elecciones y después de haber estado cobrando con el Consejo ya en funciones más de 125.000 euros brutos anuales como miembro de la Comisión Permanente, cuatro veces más que cualquiera de los vocales rasos que, a diferencia de él, no cuentan con dedicación exclusiva. Ha tenido casi cuatro años para irse. Así que sea fruto de un «calentón» o una orden directa de Ferraz , lo cierto es que pocas dudas hay de que la iniciativa de Álvaro Cuesta no responde al interés del Poder Judicial al que sirve y sí a poner al Gobierno en bandeja una nueva excusa ante la inminente Presidencia española de la Unión Europea.
