El gobierno británico anunció el miércoles su plan de alojar a miles de solicitantes de asilo en dos bases militares en desuso, la más reciente de una serie de medidas para desalentar el cruce del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones precarias.El ministro de Inmigración, Robert Jenrick dijo que antiguos cuarteles de la fuerza aérea brindarán "alojamiento básico y funcional" para hasta 3.700 solicitantes de asilo y le ahorrarán al gobierno miles de millones de libras (dólares) para alojarlos en hoteles caros."El alojamiento para los migrantes debe satisfacer sus necesidades esenciales de vida y nada más. Porque no podemos correr el riesgo de convertirnos en un imán para millones de personas que están desplazadas y buscan mejores perspectivas económicas", dijo Jenrick.Las autoridades dicen que los contribuyentes están pagando 2 mil 300 millones de libras (2 mil 800 millones de dólares) anuales en hoteles para dar alojamiento temporario a solicitantes de asilo, los que suelen esperar meses para recibir una decisión de funcionarios que bregan con una montaña de cientos de miles de casos acumulados.El alojamiento de migrantes en hoteles ha provocado debates encendidos y en ocasiones protestas violentas en el Reino Unido. En febrero, miles de manifestantes con posiciones distintas se enfrentaron frente a un hotel que alojaba a solicitantes de asilo en el balneario de Newquay, en el suroeste de Inglaterra.Organizaciones de beneficencia criticaron el plan del gobierno como inadecuado para gente vulnerable que huye de la guerra."Debemos garantizar que la gente que huye de la guerra, el conflicto y la persecución tenga acceso a alojamiento seguro, digno y apropiado mientras permanezca en el sistema de asilo del Reino Unido", dijo Enver Solomon, directivo del Consejo de Refugiados.Más de 45 mil personas arribaron a Gran Bretaña en botes desde el norte de Francia en 2022, comparado con 28 mil en 2021 y 8 mil 500 en 2020.El gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak está resuelto a detener los arribos. Las autoridades están impulsando un proyecto de ley controvertido que impediría solicitar asilo a quien llegue al país por medios no autorizados y deportaría a los migrantes a su país de origen o un tercer país seguro.
