La última estadística estatal sobre el transporte de viajeros en turismos refleja que al comenzar enero de este nuevo año, la provincia de Sevilla contabilizaba 2.082 licencias de taxi y 453 autorizaciones para vehículos de transporte concertado (VTC), o sea 63 taxis más y dos autorizaciones más de VTC que en enero de 2023. Así figura en el último recuento del Ministerio de Transportes sobre autorizaciones para el transporte de viajeros en turismos, fechado el pasado 1 de enero y recogido por Europa Press, en un contexto en el que meses atrás, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaraba ilegal la limitación implantada en el Área Metropolitana de Barcelona , con un máximo de una autorización de VTC, vehículos que operan para las empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify, por cada 30 licencias de taxi. En su sentencia, el TJUE descarta que la normativa metropolitana barcelonesa pudiese suponer una ayuda de Estado al sector del taxi porque no compromete fondos públicos, pero de otro lado considera que tanto la limitación del número de licencias de VTC como la exigencia de una autorización específica adicional son «restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento» , en tanto que una pone tope al número de operadores de VTC y la otra limita el acceso al mercado de todo recién llegado. Ello, después de que en 2022 entrase en vigor el decreto de la Junta de Andalucía que modifica la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, al objeto de regular los VTC que operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify. A grandes rasgos, el decreto andaluz prohíbe que los VTC estacionen o circulen sin servicio precontratado a un mínimo de 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses; así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos cuatro estrellas , sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social. También prohíbe la geolocalización de los VTC previa a su contratación y establece para estos vehículos unas dimensiones mínimas de 4,9 metros de longitud, 4,7 metros en el caso de vehículos híbridos o Eco y 4,5 metros en el caso de los vehículos de cero emisiones, entre otros requisitos. Precontratación El Gobierno andaluz defiende en ese sentido que esta nueva regulación persigue «el beneficio del usuario y la convivencia en armonía entre el taxi y los VTC, teniendo claro que los VTC están limitados por ley a dar un servicio por precontratación« , pues por la propia naturaleza de su servicio, siempre le ha estado prohibido circular a la búsqueda aleatoria de clientes o aceptarlos de manera espontánea. Empero, el decreto ha generado importantes protestas por parte de las asociaciones de taxistas, que han avisado de que buena parte de estas restricciones ya estaban en vigor por regulaciones previas . El gremio de taxistas de Sevilla, en concreto, venía reclamando que dicha regulación autonómica de los VTC incluyese un tiempo mínimo de precontratación de al menos media hora y, finalmente, el sector del taxi anunció su decisión de recurrir el citado decreto ante el Tribunal Constitucional. Las patronales del sector de las VTC criticaban de su parte las limitaciones impuestas, como en el caso de las dimensiones mínimas de los vehículos. En paralelo, recordemos que tiempo atrás, la Junta de Andalucía aprobaba un decreto de modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles de Turismo , para introducir medidas de modernización en el sector andaluz del taxi.
