Moët Chandon, aperitivos de viernes y 2.300 euros en cafés: el PP-Vox de Cuarte se pierde por la boca

“Estamos completamente decepcionados. Nunca esperábamos esto. Es una barbaridad. Se está pagando caprichos con dinero público”, denuncia la portavoz del PSOE en Cuarte de Huerva, Merche Pérez, tras aflorar en el último pleno una serie de gastos de hostelería y alimentación cargados a las arcas municipales por el equipo de gobierno PP-Vox que encabeza la conservadora Elena Lacalle.

“Los ciudadanos hacemos un gran esfuerzo para pagar nuestros impuestos, y no estamos dispuestos a que se pague con nuestro dinero los caprichos del equipo de gobierno”, añade Pérez.

Los gastos en cuestión incluyen tickets de comida sin identificación de los comensales, gastos en tapas, cervezas y vinos cuya frecuencia en los viernes a mediodía resulta cuando menos llamativa, gastos como 585 euros en un “ágape de fiestas”, que en realidad era una cena el jueves 27 de julio, o, entre otros, un aperitivo de 104 euros fechado el 31 de agosto en el que figura como concepto “visualización partido selección”.

“No sabemos a quién se le paga las comidas. No sabemos a quién se invita, pero invitar con dinero público es duro, la verdad”, señala la concejala, que llama la atención sobre un ticket de un almuerzo de 290 euros.

Pérez llama la atención sobre la aparición de varios tickets de comidas en un bar cercano al ayuntamiento, “cuando todos los concejales vivimos a cinco minutos”, y de otros con conceptos como “alimentos miembros corporación”, “comida reunión concejales” y “hasta el roscón de Reyes”, este último por un valor de 53,50 euros.

“En cinco meses se ha pagado en cafés más de 2.300 euros”, denuncia la edil del PSOE, que esgrime otras dispendios como 1.596 euros en “fruta para almorzar” o en leche.

A esto se le suma la comanda para el ágape que el 22 de diciembre celebraron los trabajadores municipales y los miembros de la corporación: “Lo sorprendente es que se compre cava Reyes de Aragón, 18 botellas, entiendo que para los trabajadores, porque eran a 4,50 euros, y tres botellas de Moët Chandon, de champán, por importe de 35,90 cada una: 107 euros”.

“Supongo que esas botellas serían para los altos cargos. Me parece lamentable”, anota Pérez.

Las facturas de este tipo de gastos se encontraban dentro de un paquete de más de 250 que la alcaldesa Lacalle llevó al último pleno para aprobar su pago dentro de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, en procedimiento que se utiliza en los ayuntamientos para dar cobertura legal a los gastos sin respaldo presupuestario.

El expediente, cuya cuantía asciende a 157.608,43 euros y en el que se incluyen desde 14.157 para pagar contenedores a 2.776 para labores de poda, corresponde “a gastos efectuados en ejercicios anteriores y están incluidos en la contabilidad municipal del ejercicio 2024”, señala la alcaldesa.

La Intervención llama la atención sobre cómo las facturas correspondientes a tres bares incluyen “conceptos de invitación a personas ajenas a la corporación” cuando “la tramitación de los gastos de esta naturaleza” requiere “una memoria en la que se especifique los motivos que justifican la realización del gasto con un beneficio o utilidad para los intereses públicos”. 

Ese requisito, cuya finalidad es tan simple y cabal como evitar que los cargos públicos puedan dedicarse a beber y comer a costa del erario y sin que afecte a sus sueldos e indemnizaciones, no ha sido cumplido, obviamente, en el caso de los aperitivos, comidas y rondas de Cuarte de Huerva.

En el caso de Lacalle, esa remuneración asciende a 57.509,90 euros brutos anuales, divididos en catorce pagas de 4.107,85 y para el que el ayuntamiento asume “el pago de las cuotas empresariales que corresponda” por ello a la Seguridad Social.

La alcaldesa dispone, además, de una tarjeta con un límite de gasto diario de 1.100 euros “destinada al pago de gastos protocolarios o de representación, así como a pequeños gastos que pudieran surgir en material no inventariable”, según reza el decreto por el que ella misma lo ordenó el 16 de octubre.

La Intervención, ha detectado otras irregularidades en el paquete de facturas, como el hecho de que los gastos de 20 proveedores superen los 1.500 euros sin que previamente se hubiera solicitado la retención de crédito o hubiera una propuesta de gasto, tal y como establece la normativa, ni tampoco fueron sometidos a un trámite previo de fiscalización o intervención.

“Se han tramitado como contratos menores” los cargos de 71 proveedores que “realizan obras, servicios y suministros continuados y repetitivos” para el consistorio, por lo que, anota, “se debe proceder a licitar los correspondientes contratos” de acuerdo con la ley.

“Las facturas presentadas por estos proveedores corresponden a servicios necesarios de carácter permanente y perfectamente previsibles”, pero con el equipo de gobierno PP-Vox de Cuarte “se encargan de manera reiterada y de forma concatenada en el tiempo con el mismo contratista” eludiendo “el procedimiento de contratación oportuno”, añade.

La Intervención también ha detectado el pago reiterado a un profesional por trabajos de arquitectura, “prestaciones (…) que corresponden a necesidades permanentes de la Administración reservadas a personal funcionario”. “No es posible la contratación de empleados públicos mediante contrato de servicios”, concluye.