La Fiscalía Antidroga pide una condena de 22 años de cárcel para Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, por delitos de tráfico de drogas, blanqueo del narcotráfico y cohecho sobre un policía local, en el contexto de la causa que se sigue contra otras 28 personas acusadas de integrar una organización vinculada a la mocromafia sueca en la Costa del Sol dedicada a transportar droga de España a Suecia. El escrito, al que tuvo acceso ABC, sitúa a Broberg en una doble posición. Por un lado, en calidad de «jefe» de su propia organización para el tráfico de hachís que obtenían en Marruecos hasta Suecia. A través de la red de mensajería encriptada EncroChat, mantenía contactos con «distintos proveedores de sustancias» que llegarían a España en barco, «manteniendo contactos con miembros de otras redes» a fin de suministrarlas. Es en esa fase cuando según las conclusiones de la Fiscalía Antidroga, mantiene contactos con Rafael G., un policía local de Marbella que le habría estado facilitando «información restringida de uso exclusivamente policial, a cambio de dinero en efectivo». El escrito no concreta la cantidad porque los intercambios, expone, se producían «en encuentros personales para no dejar rastro». Sí consta que le proporcionó datos sobre otro de los acusados. Noticia Relacionada estandar Si La Audiencia Nacional confirma el procesamiento del hijastro de la alcaldesa de Marbella Isabel Vega Ratifica la decisión del instructor de enfilar a una treintena de personas al banquillo por narcotráfico El difunto marido de la regidora estaba al inicio investigado en esta causa, si bien fue exonerado por razones de salud y falleció hace unos meses . Conforme detalla el escrito de acusación, Joakim Broberg, «para facilitar la comisión de las actividades de ocultación del origen de los fondos con los que efectúa sus actividades empresariales y de inversión, contaba, durante los años 2004, con la colaboración de su fallecido padre». En este sentido, el segundo rol que se atribuye a Broberg es el de blanquear los beneficios de las operaciones de narcotráfico. El escrito enumera una serie de mercantiles que habría estado utilizando como tapadera y detalla cada una de las operaciones que se le imputa haber promovido, sólo o en colaboración con otros acusados, «con la finalidad de ocultar fondos del tráfico ilícito de estupefacientes y otras actividades ilícitas e introducir en el circuito financiero los beneficios ». En total, las operaciones en las que se le atribuye un papel directo le habrían permitido blanquear más de siete millones de euros. Además de movimientos inmobiliarios, consta lo que el escrito define como «una importante transacción de 20 kilos de oro que se recibió, al parecer, como 'pago de una deuda procedente de África'». Se le acusa de blanquear así 894.000 euros. «Con esta finalidad, Broberg mantiene contactos con empresarios del ramo de fundiciones de oro, que no consta conocieran la procedencia ilícita del obtenido del Broberg, pretendiendo obtener efectivo a cambio o dinero en 'bancos de fuera'», dice Antidroga. De ahí que la Fiscalía solicite además de siete años por el delito de blanqueo de ganancias procedentes del tráfico de drogas cometido en el seno de una organización «de la que se ostenta la jefatura», una multa de treinta millones de euros. Se suman a la petición de pena once años por un delito contra la salud pública relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud (hachís y marihuana) cometido igualmente en el seno de una organización criminal y «ostentando la jefatura». Su defensa ha pedido la libre absolución en un escrito de más de medio centenar de páginas que rebate cada una de las operaciones que se le atribuyen, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario. Vigilancias, registros y EncroChat El escrito desbroza toda una trama con escenarios en Málaga, Cádiz, Granada y Almería por la que se sentarán en el banquillo 29 acusados por hechos del año 2020, cuando explotó la operación, estrechamente vinculada a los resultados de EncroChat, el conocido como whatsapp de los narcos y que fue desmantelado por la policía francesa en una operación conjunta con la de Países Bajos dejando al desnudo miles de conversaciones sobre actividades presuntamente delictivas a lo largo de toda la Unión Europea. En Málaga se había detectado una organización que trasladaba en trailer y furgoneta droga camino de Suecia, ya fuese pasando por Francia, ya fuese embarcando desde el puerto de Santander, y que tenía a su disposición distintas naves industriales donde almacenar la mercancía. En una de esas naves, situada en San Pedro de Alcántara, dos de los principales acusados, Sonny Jan Jorgensen -afronta una petición de once años de cárcel- y Oscar Castillo -le piden siete años- fueron sorprendidos por la Policía Nacional en julio de 2020 empaquetando, dice la Fiscalía, «lo que sería una carga con destino Suecia que constaba de 256 kilos de hachís». A lo largo de aquel verano se realizaron distintas incautaciones, ya no sólo fruto de las entradas y registros sino también de las vigilancias. Destaca la de un barco que dejó fondeados 25 fardos de hachís que fueron hallados días después junto a la playa. Las coordenadas del lugar exacto en el que aparecieron estaban anotadas en casa de uno de los acusados, Nikola Jankovic, al que se sitúa en posición de liderazgo de la presunta organización criminal sueca en Málaga y que afronta once años de cárcel. Otra parte de los acusados, dedicados según la Fiscalía a la compraventa de la sustancia estupefaciente, se sirvieron de empresas de paquetería como método de envío. Uno de los cargamentos fue detectado dentro de máquinas aspiradoras, eran tabletas de resina y sus destinatarios fueron detenidos en Suecia después de que la Guardia Civil incautase los paquetes. Eran cerca de 28 kilos. Destaca en este grupo Ivan Cicak, para el que Antidroga insta 16 años de cárcel y multas por encima de los nueve millones de euros.
