Con la Constitución en la mano, no hay otra alternativa

La disolución del Parlamento es una institución que procede del sistema parlamentario predemocrático. Existe solamente en Europa como consecuencia de que la monarquía estuvo en el origen de dicho sistema. Sin la configuración dual del poder ejecutivo, con una jefatura del Estado hereditaria y una presidencia del Gobierno electiva, la institución no habría existido. 

La disolución es una excrecencia del principio monárquico al que no se puso fin con la imposición del principio de legitimidad democrática, como debería haberse producido, sin que se haya justificado dicha excrecencia en un debate constituyente genuinamente democrático. 

No se ha justificado porque no tiene fácil justificación. La fuente de legitimidad democrática está en el pueblo organizado como cuerpo electoral. En dicho cuerpo electoral y no en el Parlamento reside el poder constituyente, del que derivan todos los poderes constituidos. De ahí que la fórmula de la legitimación democrática sea “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. 

La disolución del Parlamento no es una fórmula de legitimación democrática, sino una fórmula a la que la Constitución únicamente recurre si el Congreso de los Diputados, tras la celebración de las elecciones generales, no es capaz de investir a un presidente de Gobierno en el plazo de dos meses. Las Cortes Generales pierden la legitimidad democrática que han recibido directamente del cuerpo electoral si no pueden transmitirla al candidato a presidente del Gobierno. Pero, al margen de este supuesto, es el receptor de esa legitimidad, el presidente del Gobierno, el único órgano constitucional que puede tomar la decisión de disolver el Parlamento.

La cadena de legitimación democrática opera de una manera en la fase ascendente y de otra en la fase descendente. En la fase ascendente el orden es: cuerpo electoral-Congreso de los Diputados-presidente del Gobierno. En la fase descendente es el inverso: presidente del Gobierno-Congreso de los Diputados- cuerpo electoral. Este es el orden que figura en la Constitución española de 1978, que únicamente contempla dos excepciones: la no votación por mayoría simple de la cuestión de confianza (arts. 112 y 114 1 CE) o la votación por mayoría absoluta de una moción de censura (arts. 113 y 114. 2 CE).

La primera, la cuestión de confianza presentada por el presidente del Gobierno, ha sido la propuesta de Carles Puigdemont. La segunda, la moción de censura, ha sido la propuesta de VOX en dos ocasiones. Entre ambas se ha situado Alberto Núñez Feijóo, que continúa deshojando la margarita, pero que hasta el momento ha preferido la senda de las manifestaciones, es decir, la calle frente a las instituciones.

Después de tanto invocar la Constitución resulta que Alberto Núñez Feijóo es el único que no está dispuesto a seguir lo que la Constitución establece. Felipe González se arriesgó a presentar una moción de censura en 1980, que no consiguió que prosperara. Pero lo intentó e incluso se dirigió a Manuel Fraga Iribarne para que lo apoyara. Basta repasar el debate de la moción para comprobarlo. El intercambio de discursos entre Felipe González y Manuel Fraga fue uno de los puntos más llamativos de dicho debate. No consiguió el promotor socialista de la moción lo que perseguía, pero se arriesgó.

También se arriesgó Pedro Sánchez en 2018. No estaba nada claro que la moción de censura sería aprobada por mayoría absoluta, pero al final lo fue. Había que tener el valor de correr el riesgo. 

La aversión al riesgo de Alberto Núñez Feijóo no puede ser más llamativa. ¿A qué tiene más miedo? ¿A tener que presentar un programa de Gobierno y someterlo a discusión con todos los demás grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados o a no conseguir la mayoría absoluta?

Lo segundo no es nunca deshonroso. Lo primero puede acabar siéndolo. No es lo mismo la sesión de control de los miércoles, donde él se enfrenta con el presidente del Gobierno, al que se van a enfrentar a continuación todos los demás portavoces de los grupos parlamentarios, que hacer frente en solitario a todos. 

Con la Constitución en la mano no tiene otra alternativa.