El plan del CGPJ contra los narcos se quedó a medias
El fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva, durante una persecución vinculada al narcotráfico, destrozó la estrategia electoral de la socialista María Jesús Montero de cara a los comicios andaluces. Pero también destapó, de nuevo, la fragilidad de un sistema judicial que lleva años avisando de que camina al borde del colapso y la inefectividad de las medidas que puso en marcha hace dos años el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la queja elevada de los juristas para paliarlo.
España está acostumbrada a contemplar el narcotráfico como una postal recurrente en la costa de Andalucía que «campa a sus anchas» y los juzgados –sobre todo, de Cádiz y Huelva– a experimentar una «precariedad» alargada en el tiempo. Pese a los esfuerzos del máximo órgano judicial en paliar la situación «deficitaria» de los juzgados del sur, las fuentes consultadas por LA RAZÓN aseguran que las medidas o no se han puesto en marcha o sólo se han cumplido de «manera parcial».
Apenas semanas después de que ocho narcos a bordo de una semirrígida acabasen con la vida de otros dos guardias civiles en el puerto de Barbate, las asociaciones judiciales y, en concreto, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) remitieron un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que subrayaban la gran sobrecarga de trabajo y los escasos medios de los juzgados andaluces para actuar en estas causas o, mejor dicho, macrocausas de narcotráfico.
El informe presentaba una radiografía descarnada de la situación «límite» en la que operan los juristas del sur peninsular y anticipaba ya hace dos años la necesidad de una serie de medidas que implican tanto al Ministerio de Presidencia y Justicia, al Ministerio del Interior y, por ende, a la Junta de Andalucía.
Entre otras cosas, los juristas advertían de que la falta de medios personales y materiales estaba constituyendo una «rémora inasumible que impide al Estado, como garante de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, cumplir su función».
Los juristas alertaban de que los juzgados del sur peninsular trabajaban con una «estructura judicial del siglo XIX» y que, a la ausencia de medios materiales y humanos, se le sumaba la «inestabilidad de la plantilla judicial debido a la movilidad de los jueces que sirven en dichas plazas» y las situaciones de «intimidación, coacciones y amenazas» a las que se enfrentaban los magistrados.
El escrito argumentaba entonces que había una «imposibilidad de poder atender el despacho ordinario de asuntos» porque, por ejemplo, en el caso de los juzgados de Huelva, son mixtos y se ocupan de otras variadas cuestiones tanto civiles como penales. «En Huelva, son localidades cuyos juzgados mixtos están afectados con causas complejas de narcotráfico que poseen una elevada complejidad técnica y con una sobrecarga de trabajo muy superior a lo que debiera corresponderles», alertaban hace dos años.
El mensaje era claro: la justicia estaba perdiendo terreno frente al narco y que era necesario abordar con «efecto inmediato una reforma de la normativa procesal penal que permitiera evitar situaciones de colapso en el órgano judicial».
Las propuestas
Reclamaban varias cosas. Por un lado, que la Audiencia Nacional asumiera la competencia para la investigación y enjuiciamiento de los delitos de narcotráfico porque esto, decían, «evitaría a los integrantes del poder judicial destinados en estas poblaciones padecer un clima de opresión y permitiría una actuación más directa».
Por otro, proponían reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar las investigaciones y evitar retrasos derivados de la acumulación de recursos judiciales o mejorar las condiciones de los jueces con complementos salariales por peligrosidad.
El Servicio de Inspección del CGPJ reconoció entonces que era conveniente adoptar «de forma urgente medidas extraordinarias de reorganización de los medos personales y materiales» de las provincias de Cádiz y Huelva con el fin de «alcanzar una mayor eficiencia en la instrucción y enjuiciamiento de todos los delitos vinculados al narcotráfico».
Sobre el papel, el órgano de gobierno de los jueces aprobó medidas para paliar aquella emergencia silenciosa, pero dos años después, según denuncian las mismas fuentes, no hay ninguna estrategia «estable» que sostenga la actual situación judicial.
De hecho, ayer mismo la Audiencia Nacional respaldó la propuesta que en 2024 ya hicieron los juristas y que, supuestamente, tendría que haber estado puesta en marcha. El tribunal alzó la voz para plantear una reforma que le permitiera dejar atrás el viejo mapa judicial y asumir las competencias ante una criminalidad «cada vez más compleja, transnacional y tecnificada».
El objetivo es situar a la Audiencia como centro de referencia en investigaciones penales transnacionales complejas porque, según precisan, los cambios en la actividad delictiva necesitan de una respuesta penal «más ágil, especializada y coordinada». Y ello, sin el requisito hasta ahora vigente de que el delito afecte a más de una provincia: sólo fija que concurran circunstancias de especial gravedad.
Para los juristas, esta medida «evitaría a los integrantes del poder judicial destinados en estas poblaciones padecer un clima de opresión y permitiría una actuación más directa» contra el narcotráfico.