Moncloa mintió al Congreso sobre las reuniones de Leire
«No se ha producido ninguna de las reuniones por las que sus Señorías preguntan». Septiembre de 2025. Fue la respuesta que ofreció por escrito el Gobierno de Pedro Sánchez –y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN– al Congreso de los Diputados después de que tres miembros de la dirección del Grupo Popular se interesaran en junio por las (entonces presuntas)[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/guardia-civil-reconoce-ahora-que-fontanera-pidio-que-agente-caso-koldo-recuperase-trabajo_202606046a21dc8cddbf36750d265fd3.html||| reuniones entre la «fontanera»]] del PSOE, Leire Díez, y la máxima responsable de la Guardia Civil, Mercedes González.
Desde que hace poco más de un año trascendió la existencia de una unidad de cloacas en el epicentro de Ferraz para boicotear el trabajo de jueces, fiscales, guardias civiles o periodistas, a fin de «proteger los intereses» de Pedro Sánchez –según consta en el sumario–, el PP ha usado sus herramientas en el Parlamento para indagar el grado de conocimiento que tenían en la Moncloa sobre las posibles fechorías de la periodista y militante socialista.
Entre los distintos mecanismos de control con los que cuenta la oposición, se encuentran las preguntas parlamentarias por escrito, que el Gobierno tiene la obligación de responder. En concreto, el PP ha registrado un total de 19 preguntas sobre las maniobras de Leire. De la primera a la última pregunta, la respuesta del Ejecutivo siempre ha sido: «no».
«¿Tiene constancia el Gobierno de que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, llamó a Leire Díez para interesarse por las investigaciones de la UCO que implican al PSOE en una trama corrupta?, ¿tenía conocimiento el Ministerio del Interior o el propio presidente del Gobierno de estos contactos entre la directora de la Guardia Civil y una operadora política del PSOE implicadas en maniobras contra la UCO?», son algunos de los interrogantes que ha trasladado el primer partido de la oposición al Gobierno en los últimos doce meses. Las respuestas: evasivas tras evasivas. «No se ha producido ninguna de las reuniones a las que sus Señorías preguntan», es la más repetida.
La semana pasada, en el sumario judicial, el informe de la UCO dejó al descubierto la verdad: la fontanera socialista, Leire Díez, y la máxima responsable de la Guardia Civil, Mercedes González, se vieron al menos en tres ocasiones. En persona. Y una de ellas, en la sede del cuerpo. Lo terminó reconociendo el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pasó de descartar cualquier encuentro o a admitirlo, pero con una salvedad para librar a su subordinada de la destitución: «Lo que me dijo ella, y para mí es lo importante, es que no tuvo ningún contacto con Leire [Díez] en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna referencia a la trama».
El sumario del «caso Leire» recoge tres encuentros probados con la directora de la Guardia Civil, pero también infiere otros en la Fiscalía General del Estado o una supuesta influencia sobre la Abogacía General del Estado. Hasta deja la sospecha de reuniones con el presidente del Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo, a través de sus respuestas parlamentarias, lejos de dar explicación alguna ha apostado por negar la mayor.
«Se informa de que no consta que la Directora General de la Guardia Civil haya celebrado reunión alguna como las descritas en las cuestiones mencionadas en la iniciativa», sostuvo el Ejecutivo en otra pregunta parlamentaria que se registró en mayo: «¿Tiene constancia el Gobierno de reuniones entre la directora general de la Guardia Civil y Leire Díez para frenar investigaciones de la UCO?».
Además, el Gobierno defiende en su respuesta: «La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actúa como policía judicial, siguiendo las instrucciones de los jueces y fiscales que dirigen las investigaciones, y en las que el Gobierno no interfiere».
Moncloa descartó de forma reiterada reuniones o contactos entre Leire y la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Abogacía General del Estado o los propios miembros del Gobierno. En cada respuesta, trató de desvincular sus actuaciones de la estructura gubernamental y, ante alguna de las preguntas, directamente evitó pronunciarse bajo la excusa de que Leire Díez no formaba parte del Gobierno.
Sin embargo, las anotaciones en la libreta de Leire Díez, las grabaciones, y, sobre todo, las propias pruebas aportadas por la UCO, dejan en evidencia al Gobierno. Tanto el juez Pedraz –lo avanzó en exclusiva este diario– como la Guardia Civil sostienen que Leire y Santos Cerdán se pusieron al frente de una «actividad criminal» para boicotear causas que afectan al Gobierno y al PSOE.
Los investigadores sitúan en la «carta abierta a la ciudadanía» de Pedro Sánchez, en la que informó de sus cinco días de baja para reflexionar sobre su permanencia en el cargo tras conocer la imputación de su mujer, el origen de las «cloacas». A las reuniones con Leire en Ferraz acudieron los altos mandos socialistas y, también del Ejecutivo. Y es que en una ellas estuvo presente Antonio Hernando, hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones, entonces director adjunto en el Gabinete del presidente. Pero el Gobierno lo negó todo.
El PP ya estudia acciones legales
Tiene claro el Partido Popular que en una comisión de investigación parlamentaria los comparecientes están obligados a decir la verdad. De ahí que tenga prevista una querella contra José Luis Rodríguez Zapatero, por falso testimonio, de cuando acudió a la comisión del «caso Koldo».
En su día, Hazte Oír llevó a Santos Cerdán a los tribunales por lo mismo: por mentir en su declaración ante la comisión parlamentaria. Sin embargo, no está tan claro que una mentira a través de una respuesta parlamentaria por escrito pueda constituir un hecho delictivo. Es lo que estudian a día de hoy los servicios jurídicos del PP, según confirman fuentes de la cúpula, ante las respuestas que ofreció el Gobierno sobre las reuniones de Leire Díez con la directora de la Guardia Civil, a todas luces falsas después del último informe de la UCO.