Suiza vota en referéndum permitir un número máximo de inmigrantes
Suiza muestra una y otra vez que la democracia de base no tiene por qué ser de izquierdas. El próximo domingo están llamados a votar unos 5,6 millones de ciudadanos suizos con derecho a voto, incluidos los residentes en el extranjero, sobre una propuesta del partido ultraderechista Unión Democrática de Centro (SVP; la traducción literal es Partido Popular Suizo), con el título "No a una Suiza de 10 millones".
Los convocantes creen que Suiza tiene muchos problemas con los ya más de nueve millones y medio de habitantes con los que cuenta el país. En especial, encontrar vivienda a precios asequibles en ciudades como Zúrich o Ginebra se ha convertido en un reto, y también aseguran que el aumento de la criminalidad estaría ligado al crecimiento de la inmigración.
Choques con la política europea
Más alumnos en las escuelas, listas de espera más largas en la sanidad, hay más tráfico en las calles... una larga lista de argumentos con los que quieren convencer a sus compatriotas para votar una medida que pondría en entredicho el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea si la población alcanza los diez millones. También proponen limitar la reunificación familiar, así como la acogida de personas refugiadas.
Dos millones y medio de personas que viven en Suiza nacieron en el extranjero y los mayores grupos son europeos de Italia y de Alemania, países que hablan el mismo idioma. Italianos son unos 350.000 y alemanes algo menos, con 330.000 y emigran sobre todo porque los salarios son más altos y las condiciones laborales más favorables. Portugal también tiene una gran comunidad con unos 270.000, seguidos de franceses con unos 180.000. Unas 700.000 personas proceden de países de fuera de la Unión. En realidad, los habitantes extracomunitarios llegan al país por lo general con un sistema muy controlado y estricto para trabajar con contratos en origen que han de cubrir permisos o cuotas, así como por acuerdos de asilo internacional.
Ese es uno de los motivos por los que la idea no ha encontrado apoyo en el resto de formaciones políticas, tampoco en las conservadoras o liberales, porque creen que se basa en la xenofobia y que su aplicación sería contraproducente, ya que llevaría a una falta de profesionales y a un posible distanciamiento del mercado europeo. El Consejo Federal suizo, el gobierno colegiado del país, en el que están representados siete ministros que se turnan en la presidencia, ha advertido en varias ocasiones de que los problemas de vivienda y presión sobre los servicios públicos no se resuelven únicamente limitando la inmigración, sino mediante políticas de planificación urbana y construcción de vivienda. También se recuerda el envejecimiento de la población, una tendencia que Suiza comparte con el resto de Europa.
Un obstáculo para futuras inversiones
Varios representantes de la economía también se han mostrado en contra y han criticado la iniciativa por considerar que podría dificultar el acceso a trabajadores cualificados y perjudicar la capacidad de innovación. En una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters el 12 de junio, Stephan Mumenthaler, director de la patronal química y farmacéutica suiza scienceindustries, advirtió de que la propuesta sería un obstáculo para futuras inversiones: "Para las empresas que están considerando invertir en Suiza y quizá construir nuevas fábricas o centros de investigación, esto es, por supuesto, veneno".
Aun así, las encuestas muestran un apoyo cercano al 30 % de los votos, aunque alguna consulta llegó al 50%, por lo que aún es posible que hubiese sorpresas, en especial por la coyuntura política en la que se va a votar la propuesta. Y es que la votación llega precisamente en un momento en que la Unión Europea comienza a aplicar el nuevo Pacto de Asilo y Migración, que para sus defensores introduce procedimientos uniformes en las fronteras exteriores, refuerza los controles y aclara las responsabilidades de los Estados miembros en la gestión de las solicitudes de asilo. El objetivo es reducir la migración irregular, limitar los movimientos secundarios dentro de la Unión y crear un mecanismo de solidaridad para repartir a los refugiados.
Sus detractores critican que llevará a cabo procedimientos acelerados, centros de detención y la externalización de la protección de refugiados a terceros países, vulnerando los derechos humanos y el derecho de asilo. Lo cierto es que este tratamiento a los inmigrantes podría llevar a un aumento de llegadas, a su vez a Suiza, que no es miembro de la Unión Europea y tiene un sistema garantista con la inmigración. Los promotores de la propuesta han recalcado esto y la coincidencia de fechas de la puesta en marcha en la UE, que volverá a ser noticia, puede favorecer el voto por la limitación migratoria que proponen.