Los miembros de las «cloacas» dejarán sola a la «fontanera»: «No consiguió nada de lo prometido»
Los trabajos de subsuelo de la exmilitante del PSOE Leire Díez parecen no tener un horizonte en el que terminen. Las libretas que guardaba, y que fueron incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, muestran una hoja de ruta de los trabajos que la «trama» llevó a cabo para intentar «desestabilizar» causas judiciales sensibles, tanto para el partido socialista, como el Gobierno, el presidente del mismo, Pedro Sánchez, su entorno más cercano o que afectaban a los propios integrantes del grupo.
Además de objetivos a batir, también funcionaron como diarios en los que la conocida como «fontanera» marcaba reuniones, tareas pendientes y logros conseguidos. Mientras su defensa intenta anular la causa acusando a los agentes de realizar una «investigación paralela» y una «injerencia desmesurada y desproporcionada» en sus comunicaciones, sus compañeros de aventuras empiezan a plantear sus líneas de defensa, sabedores de que las pruebas en su contra no son pocas.
Entre los investigados hay personas imputadas en otras causas, abogados, miembros del PSOE e incluso un guardia civil. De cara a un futurible juicio, la estrategia que seguirán es que no había ningún tipo de coordinación, que cada uno buscaba mejorar su situación procesal por separado y que no eran conocedores de los tejemanejes más «turbios» de Leire Díez. Una de las defensas, consultada por LA RAZÓN, cree que «todo esto estaba más en la cabeza de ella [de la exmilitante socialista] que en una base real de actuaciones. La prueba es que de todo lo que prometía, no ha conseguido nada, porque no tenía mano».
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una presunta trama impulsada desde Ferraz, la sede socialista en Madrid, para alterar investigaciones judiciales. El grupo, presuntamente, estaría impulsado por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado por cobrar comisiones de obras públicas. Para lograr sus objetivos, la formación política puso a disposición del grupo decenas de miles de euros, tanto para sufragar viajes y gastos, como para supuestamente comprar a testigos molestos, como sería el de Carmen Pano, la empresaria que aseguró llevar bolsas con fajos de billetes a la citada calle madrileña.
Para lograr los objetivos, además de Cerdán y Díez, las «cloacas» estuvieron integradas, por el momento, por el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, los abogados Ismael Oliver, Jacobo Teijelo y Leticia de la Hoz, el guardia civil Juan Sánchez Yepes, la gerente del PSOE Ana María Fuentes, el exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Juan Manuel Serrano, y el diputado Juan Francisco Serrano.
Las responsabilidades de cad auno todavía están por calibrar. La investigación, aunque con suficientes indicios para seguir adelante, es todavía muy embrionaria. El juez Pedraz irá tomando declaración a los primeros investigados en las próximas semanas. Este viernes, citó para el próximo 25 de junio a Jacobo Teijelo, el abogado de Santos Cerdán, del que los investigadores creen que cobró, al menos, 125.00 euros del PSOE y que coadyuvó a los intereses de la trama, siendo designado como «responsable» de las actividades del área de «hidrocarburos», ya que también defiende a Sánchez Yepes en el «caso Gaslow». La citación de Teijelo dará inicio a la veintena de declaraciones programadas por el juez los últimos días de junio y la primera quincena de julio, entre las que también figura la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, como testigo.
En el caso del guardia civil Yepes, acusado de revelación de secretos, el sumario recoge una grabación de más de cuatro horas entre él y Leire Díez. En el encuentro, la «fontanera» le pidió información interna de la UCO, unidad a la que perteneció el agente y la responsable de la mayoría de investigaciones judiciales contra los intereses de las «cloacas».
Los intentos por desacreditar a la policía judicial de la Benemérita es una constante en los trabajos de los «bajos fondos» socialistas desde su creación, en especial del jefe del departamento de delitos económicos, el teniente coronel Antonio Balas, del que Leire llegó a decir que los quería «muerto» de manera figurada.
Yepes al ser preguntado, reconoció que la estructura de la UCO está considerada «secreta» y que de revelar datos estaría «cometiendo un delito». Según ha ido deslizando en los últimos días, en realidad los datos que aportó a la «fontanera» eran públicos, se podían conseguir en datos abiertos y no reveló la identidad de ninguno de sus antiguos compañeros.
Por otro lado, la presencia en las supuestas «cloacas» del diputado Juan Francisco Serrano plantea la posibilidad de que la causa, o parte de ella, termine el Tribunal Supremo si no deja el escaño al estar aforado. Una situación similar a la que vivió el exministro José Luis Ábalos. Pedraz todavía no le incluye en la parte central del caso, pero sí como colaborador.
Mientras tanto, Leire Díez maniobra para anular la causa. Además de denunciar la incautación irregular de sus libretas, en los últimos días ha presentado varios escritos, el último este pasado jueves ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, el primero en investigar las maniobras contra fiscales, jueces y mandos de la Guardia Civil. Su defensa parte por intentar que sea precisamente ese juzgado el que retenga las pesquisas para que no se eleve a la Audiencia Nacional, pero otras fuentes apuntan a que no será así.