Mouliaá planta por tercera vez al juez por la querella de Errejón

Elisa Mouliaá, la denunciante de Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual, planta hoy por tercera vez al juez Arturo Zamarriego que tramita la querella que le puso el expolítico por un delito de calumnias.

Después de que ella le acusase públicamente de haber extorsionado a una testigo que declaró en la causa que mantienen abierta por un delito sexual y en el marco de la que el juez Adolfo Carretero llegó a dictar la apertura de juicio oral contra Errejón.

La actriz se mantiene fiel a su decisión de no comparecer este lunes en que está citada a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, alegando que estará entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo, «trabajando bajo un contrato profesional internacional firmado el pasado 8 de junio».

El magistrado Arturo Zamarriego le advirtió de que si no asistía a este tercer requerimiento, se enfrentaba a que pueda acordarse «su detención y traslado a esta sede», de los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), «con deducción de testimonio por si los hechos fueran constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad judicial», tal y como consta en una providencia del pasado mes de mayo.

Será la tercera vez que se ausenta, tras cambiar hasta en dos ocasiones de abogado en esta causa que nació por una querella que interpuso en su contra el que fuera portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados.

El magistrado Zamarriego tomó esta determinación tras recibir un informe médico forense en que los peritos del juzgado resolvieron que Mouliaá «presenta adecuada capacidad para declarar» en calidad de querellada.

Pues bien, Mouliaá y su última letrada, Yurena Carillo, decidieron presentar una recusación contra el juez Zamarriego en la que inciden en que «concurren circunstancias objetivas que comprometen gravemente la apariencia constitucional de imparcialidad judicial». A su parecer, porque el instructor no ha tenido en debida cuenta que «ostenta una condición de denunciante» en el otro procedimiento en que está ya acusado Errejón.

El magistrado rechazó, este pasado viernes, el intento de recusación porque «es un eslabón más en la estrategia procesal que viene siguiendo para no comparecer y ser oída». Las «causas invocada» por Mouliaá son –para Zamarriego– «responden a construcciones artificiosas que no tienen respaldo en la ley».

Hasta en dos ocasiones distintas a lo largo de estos meses, la intérprete se ha ausentado de su cita con el magistrado, alegando que se encuentra de baja médica y laboral y defendiendo que tiene derecho a no tener que coincidir en el mismo espacio con su supuesto agresor sexual.

Tras no asistir a su declaración por segunda vez, el juez Zamarriego envió un médico forense adscrito a su tribunal para evaluar si se encontraba o no en condiciones de contestar a las preguntas del instructor. El perito judicial dictaminó que no existía ningún impedimento para que cumpliese con su llamada.

Una vez el juez la citó, finalmente, para este lunes, con advertencia de que podía ser trasladada hasta Plaza de Castilla por agentes policiales, su nueva abogada sostuvo que era una medida de carácter «desproporcionado» y que Mouliaá está constitucionalmente amparada para no prestar declaración y, de hacerlo, existen –según Carillo– otros medios alternativos para recoger su testimonio que evitarían su revictimización, que a lo que –sostiene la abogada– se enfrenta.

El juez Zamarriego tampoco accedió a su petición de que dictase el sobreseimiento de esta causa paralela por calumnias, puesto que lo estimó «extemporáneo procesalmente», al no haberse practicado por el momento ninguna de las mínimas diligencias de investigación pertinentes que dicta la legislación.

En un extenso escrito de alegaciones, su representante legal no ve procedente que el juez haya ido «manteniendo nuevas citaciones y apercibimientos coercitivos», «pese a la existencia de documentación médica ya aportada y a las objeciones formuladas respecto de la proporcionalidad de las actuaciones».

Su abogada en este procedimiento que impulsó contra ella el que fuera portavoz parlamentario de Sumar insiste en la tesis de que «la acumulación progresiva de medidas coercitivas, la utilización de apercibimientos propios de supuestos de resistencia contumaz y la evolución material del procedimiento» implican a «una fundada percepción de pérdida de neutralidad y de tratamiento procesal excepcionalmente gravoso».

Así la instrucción supone una «presión procesal extraordinariamente intensa y potencialmente revictimizadora respecto de una persona que simultáneamente ostenta la condición de denunciante en la causa principal aún no definitivamente resuelta», en referencia al proceso en el Errejón se enfrenta al banquillo de los acusados por presunta agresión sexual a la actriz.