La deuda del sistema de justicia ante la violencia sexual
El 19 de junio, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, encuentra al Perú con una deuda que cumple décadas sin saldarse. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó que entre 1980 y 2000 el país vivió el episodio más violento de su historia republicana, con más de 69.000 víctimas mortales. Los agentes del Estado fueron responsables del 83% de los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, en su gran mayoría campesinas quechuahablantes de las regiones más empobrecidas del país.
Más de dos décadas después del informe de la CVR, el balance judicial es el que las propias víctimas califican de inaceptable. El IDEHPUCP documentó que los 538 casos de violación sexual registrados en el conflicto armado acumulan décadas sin sentencia condenatoria alguna. El caso de Manta y Vilca, donde mujeres de comunidades altoandinas de Huancavelica fueron agredidas sexualmente por militares en bases instaladas en sus propias comunidades, tardó 30 años en llegar a juicio oral. Los equipos de acompañamiento psicológico señalan que la impunidad prolongada agrava el daño original porque convierte la espera en una nueva forma de violencia institucional.
El Congreso saliente agravó esa situación con la Ley 32107, conocida como la Ley de Impunidad, que forzaría el archivo de alrededor de 600 episodios de graves violaciones de derechos humanos. La norma afectaría directamente a más de 550 víctimas, entre ellas las de casos tan emblemáticos como Barrios Altos y Pativilca. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano frenar su aplicación. La ley sigue vigente y la Fiscalía advirtió que su aplicación comprometería décadas de investigaciones ya tardías.
El gobierno que asuma en julio tiene la oportunidad de revertir ese retroceso desde las primeras semanas. Derogar la Ley 32107 requiere voluntad política y coordinación con el nuevo Congreso bicameral. Dotar de recursos a los fiscales que llevan los casos del conflicto armado y garantizar acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas son decisiones que dependen de presupuesto y agenda. Las mujeres de Manta y Vilca llevan cuatro décadas esperando una sentencia del Estado que las agredió. El nuevo Congreso tiene en esa deuda uno de sus primeros exámenes de altura moral.