La Asociación Nacional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial (Formaster) ha exigido una rectificación inmediata y pública al Director General de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro. La organización tacha de «ataque» y de «acusación sin rigor» las críticas vertidas por el organismo de Tráfico hacia las autoescuelas en los últimos días, y advierte que, de no producirse dicha rectificación, solicitará de forma inminente la dimisión de Navarro. La polémica estalló tras la implantación piloto del Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (PRO) por parte de la DGT durante los meses de mayo y junio en Lleida, Navarra, Almería y Palma de Mallorca. Esta medida excepcional se concibió para movilizar examinadores y dar respuesta a los retrasos en la oferta del examen práctico del permiso B. Sin embargo, tras finalizar los plazos, la DGT publicó unos resultados que hacían saltar las alarmas al mostrar una divergencia muy significativa entre las cifras de alumnos en lista de espera difundidas por las autoescuelas y la demanda real. En el caso de Navarra se presentaron a los exámenes 275 alumnos de los más de 6.000 que, según cifras de las autoescuelas, estaban esperando para poder presentarse. En Lleida, por su parte, la cifra ascendió a 312 de los 5.000 que supuestamente ya habían completado su formación para realizar el examen práctico. Misma situación ocurrió en Almería con 630 alumnos presentados de los 8.000 que ya estaban preparados según el sector, y en Palma de Mallorca, donde los presentados apenas fueron 407 de los 8.000 alumnos anunciados en la provincia. Con estos datos en la mano, donde la asistencia total no llegó al 10% de la lista de espera denunciada, la DGT concluyó que las magnitudes difundidas por las asociaciones provinciales no reflejan la realidad. Tráfico argumentó que las listas de espera están «mal llamadas» así, ya que engloban a alumnos que solo tienen aprobado el examen teórico y disponen de dos años para el práctico, pero que no están verdaderamente preparados en condiciones inmediatas para examinarse. Además, atribuyó los suspensos de las pruebas a una mala formación impartida por las autoescuelas, utilizando la expresión «supuestamente preparados». Formaster ha rechazado categóricamente la postura de la DGT, acusando a la institución de buscar la confrontación en lugar de hacer autocrítica institucional. Sostienen que el sistema arrastra un problema estructural que lleva casi una década enquistado. Según denuncia la asociación, existe un colapso generalizado en las Jefaturas de Tráfico, con retrasos de más de tres meses en trámites administrativos para dar de alta a vehículos o profesores, y demoras que superan el medio año para poder presentar alumnos a los exámenes prácticos de conducción. El sector considera inadmisible que se convoque a los alumnos con quince días de antelación, en condiciones extraordinarias y, luego, se señale a quienes los forman, defendiendo que sus centros trabajan siempre con la seguridad vial como principio fundamental. Para la asociación, la DGT está utilizando a los ciudadanos en proceso de sacarse el carné como rehenes de su propia incapacidad para resolver un problema de servicio público. Para solucionar de forma duradera esta situación, Formaster ha trasladado un documento de seis exigencias clave tanto a la DGT como al Ministerio del Interior. En primer lugar, exigen la extensión del Plan PRO a todos los permisos, criticando que el refuerzo actual solo atienda al permiso B y deje fuera a las motocicletas y a los permisos profesionales, que son cruciales para acceder al mercado laboral. También solicitan establecer plazos razonables de convocatoria, puesto que avisar con apenas quince días de margen resulta incompatible con una organización pedagógica rigurosa e impide que las autoescuelas preparen adecuadamente a sus alumnos. Asimismo, la asociación pide un uso eficiente de los recursos públicos, proponiendo una distribución más equilibrada que no concentre los exámenes únicamente en sábados ni prohíba otros sistemas extraordinarios que limitan la capacidad operativa. Otra de sus grandes reclamaciones es poner fin a la desigualdad territorial, exigiendo que los refuerzos lleguen también a los centros desplazados y no solo a las capitales de provincia, ya que sus usuarios pagan las mismas tasas y sufren perjuicios económicos injustificables. Para evitar la percepción de arbitrariedad, Formaster reclama total transparencia en la selección de provincias, exigiendo la publicación de los criterios técnicos, niveles de demora e indicadores empleados para evaluar la situación de cada territorio. Por último, exigen un diálogo real con el sector, solicitando una mesa de trabajo constante con las asociaciones representativas para revisar el modelo del plan, puesto que sin esa interlocución cualquier medida estará condenada a ser un simple parche. La DGT continúa evaluando de forma positiva el funcionamiento de su plan de choque y tiene el objetivo de extender el modelo a otras provincias en caso necesario. Las próximas localidades seleccionadas para activar el Plan de Refuerzo Operativo son Tenerife y Barcelona. En Tenerife se cuenta con un listado aportado por las escuelas de 575 alumnos sobre los 11.000 supuestamente en disposición de acceder al examen, mientras que en Barcelona constan 1.450 sobre una supuesta lista de 63.000.
