La jefa política de la Guardia Civil mintió a la UCO
En la cronología de una crisis política que aún sigue escribiéndose, hay una fecha que adquiere ahora un significado especial: el 29 de mayo de 2025. Sobre todo, porque ese fue el día en que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, «engañó» a los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.
González se reunió con el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas y con los generales Rafael Yuste –que era el jefe de la unidad de Policía Judicial mientras fue coronel–y Alfonso López Malo –del que depende ahora la propia UCO– para tratar de contener un incendio que ya empezaba a extenderse respecto a la intentona orquestada por las denominadas «cloacas del PSOE» para desprestigiar a la unidad investigadora de los casos más sensibles para el PSOE y el propio Gobierno.
En aquellas fechas, tanto la jefa de la Guardia Civil como el DAO ya eran conocedores de la existencia de esta agresiva campaña contra la UCO para desprestigiarla y de las andanzas de la presunta trama. Sobre todo, porque un mes antes de esa reunión ya hubo una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información que alertaba de las gestiones de la «trama Cerdán» y porque la propia directora del Instituto Armado ya había mantenido, al menos, dos encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez.
Sin embargo, Mercedes González les aseguró tanto a Yuste como a López Malo, según declararon ambos generales del Instituto Armado, el pasado viernes, en sede judicial ante el magistrado Santiago Pedraz, que no la conocía y no sabía quién era «esta señora» con la que no «tenía ninguna relación con ella». La «señora» era Díez.
La conversación, según ha podido saber LA RAZÓN, fue breve y contundente. Las afirmaciones de González pretendían cerrar cualquier sospecha y levantar un muro entre la Dirección General y una mujer que comenzaba a aparecer vinculada a maniobras destinadas presuntamente a conseguir información comprometedora sobre mandos de la Guardia Civil.
El problema de las cronologías es que no entienden de desmentidos. Porque, al margen de las reuniones de González con Leire Díez, la jefa de la Guardia Civil explicó en su comparecencia ante el Senado que había trasladado en aquella reunión «expresamente» que conocía a la exmilitante socialista y que se había visto con ella en alguna ocasión. Ese dato altera por completo el sentido de aquella conversación mantenida con la UCO.
Los agentes de la unidad investigadora tuvieron que declarar en sede judicial en calidad de testigo porque fueron a ellos a quienes les solicitaron que se «pusieran de perfil» en las investigaciones con carácter político. Según explicaron ante el magistrado Pedraz, no era nada «habitual» que se abrieran informaciones reservadas –expedientes internos– contra agentes del Instituto Armado.
Sus declaraciones reforzaron uno de los ejes sobre los que pivota la investigación de la UCO. En los atestados incorporados a la causa de las «cloacas del PSOE», los agentes establecen una conexión temporal y de contexto entre la apertura de esas investigaciones internas y las reuniones que la directora general de la Guardia Civil mantuvo con Leire Díez.
A juicio de la unidad investigadora, existen indicios de que la exmilitante socialista habría influido para que se impulsaran esas informaciones reservadas, con el objetivo de aumentar la presión sobre los mandos de la UCO que dirigían pesquisas especialmente sensibles. De hecho, un agente de la Unidad Central Operativa recibió una amonestación verbal sin base jurídica por incluir en un informe corres electrónicos que se enviaron la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez.
Las represalias contra este agente fueron decisión del director adjunto operativo de la Benemérita, Manuel Llamas, que en diciembre de 2024 ordenó abrir una Información Reservada contra él. El verano de ese mismo año, Llamas y el entonces director general de la Benemérita, Leonardo Marcos, presionaron a los jefes de la UCO para que pusieran en sus informes que en la causa del hermano «no había nada», ya que esa
investigación debía quedar cerrada.
Asimismo, detallaron ante el magistrado Santiago Pedraz los movimientos que desde los más altos cargos de la Guardia Civil hicieron para bloquear ciertas pesquisas y para que los agentes investigadores se «pusieran de perfil» en los casos policiales con «carácter político».
Aquellas indicaciones se dieron en julio de 2024 e iban encaminadas a frenar, sobre todo, el caso del hermano de Pedro Sánchez, imputado por delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa y a la espera de sentencia judicial.
Con todo, tal y como publicó este periódico, en el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska existe el «temor» de que la actual cúpula de la Benemérita termine imputada por las maniobras para frenar investigaciones judiciales.
Pero también que termine siendo investigado, sobre todo, el anterior director general de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas y la propia Mercedes González, quien mantiene, además, una fuerte relación de amistad con el líder del Ejecutivo. Las acusaciones populares de las distintas causas de corrupción que cercan al Gobierno solicitarán, de hecho, la imputación de González en las próximas semanas en el marco de las pesquisas que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 5.