Para los caseros no todo es el dinero: el 70% de los propietarios prioriza seguridad frente a rentabilidad por miedo al impago
Los precios del alquiler no dejan de subir en España, pero el dinero ya no es lo único que importa a los propietarios. La mayoría está dispuesto a cobrar menos a cambio de tener la certeza de que su inquilino va a pagar puntualmente todos los meses. El problema es que esa búsqueda de seguridad tiene un efecto colateral que dificulta aún más el acceso al alquiler: los caseros están endureciendo cada vez más los requisitos de acceso, exigiendo más avales, nóminas y garantías.
Los datos de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) revelan que el 70% de los arrendadores prioriza minimizar riesgos de impago y conflictos jurídicos antes que maximizar la rentabilidad de su vivienda, una tendencia al alza en 2026 ante el aumento de la inseguridad jurídica y la incertidumbre regulatoria.
El estudio de SEAG dibuja un mercado en plena transformación. Más del 60% de los propietarios asegura haber endurecido las condiciones de acceso a sus viviendas durante el último año, exigiendo más garantías, avales o nóminas antes de firmar un contrato. En paralelo, alrededor del 50% admite haber rechazado directamente a candidatos por dudas sobre su solvencia o su estabilidad económica, aunque el precio ofrecido fuera atractivo.
“Cuando un propietario percibe que alquilar su vivienda implica un riesgo elevado y escasa capacidad de reacción ante un impago, la consecuencia natural es retirar oferta o endurecer al máximo los filtros de acceso”, explica Daniela Salinas, directora del Departamento Jurídico de SEAG. “El resultado es un mercado cada vez más excluyente, con menos vivienda disponible y mayores dificultades para acceder al alquiler”.
Para Salinas, parte del problema es que el debate público sobre vivienda se ha centrado casi exclusivamente en intervenir precios o aumentar regulación, dejando en segundo plano la seguridad jurídica del propietario. “Sin confianza no habrá más oferta. Y sin más oferta es imposible estabilizar precios o mejorar el acceso a la vivienda. La realidad es que muchos pequeños propietarios hoy prefieren no alquilar”, señala.
SEAG defiende que la solución no puede limitarse a intervenir precios, sino que debe abordar el problema desde una perspectiva más amplia: aumentar la oferta residencial, sí, pero también dotar al sistema de mecanismos eficaces de protección jurídica, agilizar los procesos judiciales y ofrecer garantías reales frente al impago.