El Estado debe proteger a defensores amazónicos
Los defensores ambientales son la primera línea de protección de los ecosistemas que el mundo necesita para sobrevivir. En la Amazonía peruana, esa primera línea tiene nombre, lengua y territorio. Son los líderes y lideresas indígenas que conocen cada ecosistema de sus comunidades porque llevan generaciones conviviendo con ellos, y que salen a defenderlos cuando las actividades extractivas ilícitas los amenazan. Sin esa defensa local y cotidiana, ninguna política ambiental desde Lima llega a tiempo ni con suficiente conocimiento del terreno. La Amazonía peruana, que alberga el 13% de toda la cuenca amazónica y una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta, existe en parte porque esas personas la defienden. El Estado peruano les debe, por lo menos, protegerlas mientras lo hacen.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó al Estado peruano por la ausencia de medidas concretas para garantizar la seguridad de las mujeres lideresas indígenas que defienden sus territorios en la Amazonía. La denuncia llegó de las propias lideresas. El Estado, hasta el momento, ha respondido con silencio.
La realidad es que los defensores enfrentan una situación que combina varios tipos de violencia al mismo tiempo. La que proviene de las empresas extractivas que avanzan sobre sus territorios sin consulta previa. La que proviene de las redes criminales vinculadas a la minería ilegal, la tala y el narcotráfico. Y la que proviene de la propia inacción del Estado, que no garantiza ni su seguridad física ni el reconocimiento legal de sus territorios.
La Constitución peruana reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural, la consulta previa y la propiedad de los territorios comunales. De la misma manera, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú como estado no como una medida temporal de un gobierno, establece obligaciones específicas de protección. Y la CIDH acaba de recordar que esas obligaciones no se están cumpliendo.
El gobierno de la señora presidenta Keiko Fujimori tiene en este cuestionamiento una agenda concreta que parte de la implementación de un mecanismo de protección para defensores y lideresas indígenas, y con ello, la ratificación del Acuerdo de Escazú la cual su bancada en su momento se dedicó a desprestigiar sin sustento técnico real. Con ello resuelto, será posible la aplicación de políticas de Estado que aceleren de una vez por todas la titulación de territorios comunales pendientes y la garantía de que la consulta previa sea un proceso real.