Declarado procedente el despido del trabajador social de Ceuta que exigió sexo a una inmigrante a cambio de tramitar su traslado a la Península
Corría el otoño de 2019 cuando una interna del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta empezó a recibir mensajes y atenciones especiales de uno de los trabajadores sociales del centro.
Lo que parecía un acercamiento personal escondía un grave caso de abuso de autoridad que acabó con una exigencia explícita de sexo a cambio de facilitar el traslado a la Península. La resolución judicial SJSO 5941/2021, del 11 de octubre de ese mismo año, recoge al detalle los hechos de un episodio que la justicia tardó años en resolver.
El espejismo del "pase" a la Península
El empleado público, vinculado al CETI como personal laboral fijo desde 2010, se movía en un entorno de máxima vulnerabilidad. Entre los residentes se había extendido la falsa creencia de que era él quien decidía sobre los “laisser-passer”, los documentos para cruzar el Estrecho. Él no la desmintió. En sus encuentros con la mujer, le repetía que podía ayudarla y que pensara en su hija, mientras la abrazaba e intentaba besarla. La víctima, que residía sola con la menor, no se atrevía a rechazarlo abiertamente por miedo a perder su única esperanza de regularización.
El 30 de octubre de 2019, la situación se volvió insostenible. El hombre le comunicó que, al regresar de un viaje a Madrid, deberían mantener relaciones sexuales sin importar su voluntad. Le reprochó el tiempo y el dinero gastado, con frases como “te pensabas que el abrigo era gratis”, en alusión a la ropa que le había comprado a ella y a su hija.
Alertadas por el cambio de actitud de la interna, tres trabajadoras sociales del centro la entrevistaron ese mismo día. Entre lágrimas, la mujer relató el calvario. Las profesionales, que hablaban árabe con fluidez, confirmaron su testimonio y dieron la voz de alarma.
La justicia sentencia: "No estaban en un plano de igualdad"
Tras un proceso penal que quedó archivado, el Ministerio de Inclusión ejecutó el despido disciplinario en junio de 2020. El trabajador recurrió, pero en octubre de 2021 el Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta declaró su cese procedente.
La magistrada consideró probado el acoso sexual sin ningún género de duda. En el fallo, subrayó el brutal desequilibrio de poder: "Nos encontramos con dos personas que no se encuentran en un plano de igualdad", recogió la sentencia. La jueza destacó que la víctima, que declaró cuando ya vivía en la Península y había regularizado su situación, no buscaba un beneficio personal con su denuncia.