Mario Díaz-Balart, un reincidente contra la soberanía de España: ahora también Cataluña
La posición del congresista Mario Díaz-Balart respecto de Ceuta y Melilla no es un hecho aislado, una mala traducción ni una simple confusión terminológica. Tampoco puede reducirse, como ha pretendido hacer de forma burda, a una observación puramente geográfica. En entrevista concedida a «ABC», Díaz-Balart afirmó: «Basta con mirar un mapa. Igual que el Peñón de Gibraltar está situado en la Península ibérica, Ceuta y Melilla están situadas en el norte de África. Eso es un hecho. No es una cuestión política; es una cuestión geográfica».
Su explicación para salir del paso, lejos de corregir el problema, lo agrava. Como dice mi abuela: «La ignorancia es atrevida; más aún cuando se hace gala de ella». La declaración revela un desconocimiento flagrante de los principios históricos, jurídicos y geopolíticos que regulan la soberanía de los Estados. Cuesta creer que semejante razonamiento proceda de alguien graduado en Ciencias Políticas. Geografía no determina la soberanía. Hawái es un estado de la Unión situado en el Pacífico; Alaska; separada de los 48 estados continentales por Canadá; y Puerto Rico son territorios estadounidenses alejados del territorio continental, e incontables en la geografía mundial. Ninguno de estos territorios deja de pertenecer a su respectivo Estado por su ubicación geográfica.
Me pregunto si, aplicando su peculiar doctrina cartográfica, el congresista piensa iniciar una cruzada mundial para cuestionar la soberanía de territorios pertenecientes a Estados miembros de la OTAN. ¿O su obsesión geográfica solamente se activa cuando el país perjudicado es España?
Pero, como dije al principio, no es la primera vez que Díaz-Balart adopta posiciones contrarias a la integridad territorial española. El registro de agentes extranjeros, regulado por la Foreign Agents Registration Act (FARA), constituye una ingente fuente de información sobre las actividades desarrolladas en USA por gobiernos, organizaciones y grupos de presión extranjeros.
Entre sus documentos encontré la inscripción de la Delegación de Cataluña ante Estados Unidos, registrada con el número 6220 y domiciliada entonces en el 360 de Lexington Avenue, suite 1801, Nueva York. La entidad declaraba actuar en representación del Gobierno de Cataluña y desarrollar actividades de presión política.
Un informe semestral del Departamento de Justicia describía así su actividad: «El registrante se reunió con funcionarios estadounidenses en relación con la situación política existente en Cataluña». El documento consignaba además 125.286,53 dólares durante el semestre finalizado el 30-11-2015. Conviene precisar que el registrante era la Delegación, no una persona física. Sería conveniente que el Tribunal de Cuentas y los demás órganos fiscalizadores competentes determinasen con precisión la procedencia presupuestaria, la justificación y el destino de esa cantidad.
Debe rectificar sobre Ceuta, Melilla y el separatismo catalán
Todo comenzó oficialmente el 9 de septiembre de 2015, cuando Roger Albinyana, entonces secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat, se reunió en el Congreso estadounidense con Mario Díaz-Balart y otros congresistas. El 26 de septiembre de 2015, «El País» incluyó expresamente a Díaz-Balart entre «los tres congresistas de Estados Unidos que defienden el derecho a decidir» y lo presentó como uno de los aliados de la Generalitat en Washington. El periódico señalaba que, pese a ser copresidente del caucus Amigos de España, discrepaba de la posición mantenida por los principales partidos españoles y del marco constitucional español respecto del separatismo catalán.
El 29 de marzo de 2017, Díaz-Balart recibió en el Capitolio a Carles Puigdemont y Raül Romeva, junto con Ileana Ros-Lehtinen y Carlos Curbelo. Según declaró Puigdemont, los tres congresistas mantenían una «posición claramente comprometida con el derecho a la autodeterminación». «El Confidencial» llegó incluso a referirse a Díaz-Balart como «el nuevo amigo americano de Cataluña».
Es legítimo preguntarse hasta qué punto Díaz-Balart conocía realmente el proyecto al que estaba prestando respaldo político. ¿Cómo pudo apoyar una causa alrededor de la cual muchos dirigentes y propagandistas habían llegado a formular argumentos sobre singularidad genética, superioridad cultural e identidad colectiva con resonancias nacionalsocialistas? No creo que Díaz-Balart compartiera semejantes planteamientos, pero sí que contribuyó a legitimar un movimiento en cuyo entorno circulaba esa retórica, amparada bajo la apariencia democrática del denominado «derecho a decidir».
Meses después, el «Washington Examiner» informó de que la Generalitat llevaba años manteniendo contactos en Washington relacionados específicamente con el proyecto separatista. Andrew Davis, delegado del Gobierno catalán en USA, reconoció que mantenía discretamente informados a sus interlocutores y que los legisladores considerados favorables estaban perfectamente al corriente. El medio recordó, además, las reuniones celebradas desde 2015 entre representantes de la Generalitat, Díaz-Balart y otros congresistas.
El 15 de noviembre de 2018, coincidiendo con la reapertura de la Delegación de la Generalitat en Washington, Díaz-Balart volvió a reunirse con Ernest Maragall, entonces consejero de Acción Exterior, y con la delegada Victoria Alsina. En la documentación presentada ante FARA, la propia Delegación definió, sobre el papel, sus actividades mediante una fórmula aparentemente respetuosa con el ordenamiento español: «facilitar las relaciones, dentro del ámbito y las competencias del Gobierno de Cataluña, con Estados Unidos».
Sin embargo, las declaraciones realizadas aquel mismo día por Maragall desmienten que la finalidad fuese únicamente administrativa, cultural o económica. El consejero anunció que trabajarían para que Cataluña obtuviera «un reconocimiento explícito de su condición de país, de su condición de nación que tiene vida propia», proclamó que «ganaremos nuestro derecho a existir como nación, como pueblo» y confirmó que la situación de los dirigentes separatistas encarcelados estaría presente en las actividades de la Delegación. La contradicción es evidente y obliga a preguntarse si la referencia al respeto de las competencias autonómicas no fue más que una cobertura formal destinada a aparentar el cumplimiento de la ley, mientras se continuaba utilizando la oficina para internacionalizar el proyecto separatista. A pesar de todo ello, Díaz-Balart volvió a prestarse como interlocutor político de la Generalitat en Washington.
Para entonces, Puigdemont ya se encontraba huido de la justicia española y el Tribunal Supremo había abierto juicio oral contra los principales dirigentes del proceso separatista por los hechos relacionados con el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia.
Lo más llamativo es que también en aquella ocasión actuó en sentido contrario a la posición oficial estadounidense. El 26 de septiembre de 2017, el presidente Donald Trump había sido tajante: «España es un gran país y debe permanecer unido». Tras la declaración unilateral de independencia, el Departamento de Estado reiteró que Cataluña era una parte integral de España y respaldó las medidas constitucionales adoptadas para mantener al país «fuerte y unido». Sin embargo, Díaz-Balart continuó recibiendo a representantes separatistas y contribuyendo a que presentaran en Washington un conflicto interno español, como si se tratara de una controversia internacional.
Si Díaz-Balart defiende tanto el «derecho a decidir», ¿aceptaría con igual entusiasmo la fragmentación de Estados Unidos? Difícilmente: su doctrina constitucional considera la Unión indestructible y niega la secesión unilateral. Al parecer, ese derecho solo le parece legítimo cuando la nación amenazada es España.
Por el «derecho a decidir»
Mientras muchos cubanos, incluido quien escribe estas líneas, defendíamos en las calles de Barcelona la unidad constitucional de España, Díaz-Balart respaldaba el denominado «derecho a decidir», un proceso que terminaría incendiando Cataluña, destruyendo bienes públicos y privados y dejando policías inválidos.
Resulta especialmente paradójico que un congresista cuya carrera se ha construido alrededor de la lucha contra el comunismo terminara respaldando una reivindicación separatista apoyada también por el Partido Comunista de Cuba y sus redes políticas en España. Hasta los grupos de agitación separatista adoptaron las siglas CDR, idénticas a las de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos. Una coincidencia cargada de ironía. Parece que a Don Mario se le cruzaron las agendas.
A estas alturas, el congresista debe ofrecer disculpas públicas a los españoles y rectificar sus posiciones sobre Ceuta, Melilla y el separatismo catalán. Hay que exigirle responsabilidad a un cargo extranjero que ha cuestionado reiteradamente la soberanía y la integridad territorial de un Estado aliado.
Seguiremos investigando. Quién sabe si el compromiso de Díaz-Balart con el «derecho a decidir» se limitó al separatismo catalán o si también alcanzó al separatismo vasco, al corso en Francia, a la Padania en el norte de Italia, al secesionismo bávaro en Alemania o a cualquier otro proyecto dirigido a fragmentar Estados aliados.
Al congresista le gusta menudear desde el Congreso con la soberanía de estados aliados y con cuestiones que, visto lo visto, no entiende y que, desde luego, no tiene ninguna capacidad para solucionar. Sí puede, en cambio, enredarlas considerablemente y generar problemas innecesarios a los diplomáticos estadounidenses. Todo ello mientras choca frontalmente con la doctrina de la Unión perpetua defendida por Abraham Lincoln.
Sayde Chaling-Chong García es presidente de la Asociación Iberoamericana y Europea Contra el Comunismo (AIECC)