Trump contra la justicia global: ¿está en peligro la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional (CPI) atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. Sacudida por la reciente destitución de su fiscal jefe, acusado de acoso sexual, y acorralada por el Gobierno de Estados Unidos, que amenaza con «desmantelarla», el organismo se enfrenta también a la salida de varios países en las últimas semanas. A estas dificultades se suman ahora las nuevas sanciones que Washington anunció el martes contra su presidenta, la japonesa Tomoko Akane, y su fiscal principal, el senegalés Abdoulaye Seye. Una grave crisis que ha reabierto el debate sobre su efectividad y sembrado dudas sobre su futuro.
Con sede en La Haya (Países Bajos), la CPI se creó hace más de dos décadas para exigir responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, de guerra, de genocidio y de agresión, en virtud del Estatuto de Roma, un tratado que firmaron y luego ratificaron 125 países, entre los que no se encuentra ninguna de las grandes potencias mundiales, como China, Estados Unidos o Rusia.Paradójicamente, todas ellas están implicadas en conflictos de mayor o menor intensidad.
El organismo ha encausado a más de 70 personas desde 1989. Muchas de ellas, sin embargo, se encuentran «prófugas», ya que la Corte no tiene policía propia y depende del compromiso de los Estados para detener y entregar a los buscados. Es el caso del presidente ruso, Vladimir Putin, acusado de crímenes de guerra por la deportación ilegal y el traslado forzoso de niños ucranianos. También el del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, sobre quienes pesan cargos que van desde el uso del hambre como método de guerra hasta los crímenes de asesinato y persecución en la Franja de Gaza.
La ofensiva de EE UU
Precisamente estas últimas órdenes de arresto, emitidas en 2024 y extendidas también a tres miembros de Hamás, pusieron a la CPI en el punto de mira de EE UU, que intensificó la presión contra la institución. «EE UU ha sido hostil hacia la Corte desde sus orígenes, tanto con gobiernos demócratas como republicanos», explica Carlos Gil, doctor en Derecho Internacional Penal y profesor de la Universidad de Murcia. De hecho, en 2002, George W. Bush anuló la firma estadounidense del Estatuto de Roma e impulsó acuerdos bilaterales para que ningún funcionario de EE UU fuera entregado al tribunal internacional. «La diferencia —añade Gil— es que la Administración Trump está siendo extremadamente agresiva».
Se refiere a las sanciones, que incluyen la cancelación de cuentas bancarias y restricciones de viaje, y que hacen la vida imposible a más de una decena de sus jueces, a quienes la Casa Blanca ha colocado a la altura de terroristas y criminales. Pero no solo eso: también a la campaña anunciada a bombo y platillo por la Administración Trump para derribar la Corte «ladrillo a ladrillo», según dijo el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio.
¿El motivo? Washington considera que las investigaciones en curso sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán, así como sobre los bombardeos de presuntas narcolanchas en el Caribe (entre otros), suponen un ataque a la «soberanía estadounidense», según un extenso comunicado titulado Por qué estamos desmantelando la CPI.
Para Carsten Stahn, profesor de Derecho Penal Internacional y Justicia Social de la Universidad de Leiden, en Países Bajos, la ofensiva de EE UU «dice más sobre la hipocresía y el desprecio por el Estado de derecho de la actual Administración estadounidense que sobre la integridad de la propia Corte». No obstante, explica el experto a LA RAZÓN, «estas sanciones establecen un precedente muy peligroso y pueden afectar profundamente a las investigaciones y a su capacidad operativa». Por ello, señala, «es esencial que los Estados miembros apoyen a la institución más que nunca».
El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que active el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, una norma diseñada para proteger a los europeos frente a los efectos extraterritoriales de sanciones impuestas por terceros países. En la práctica, aliviaría a los jueces de la CPI, en su mayoría europeos. Pero por el momento, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen aún no ha activado la maquinaria. Y no porque la tensión no haya aumentado. A finales de julio, Netanyahu viajó a Washington para reunirse con Trump, una visita que volvió a evidenciar el pulso político en torno a la CPI. Aunque ni EE UU ni Israel son firmantes del Estatuto de Roma, el mandatario israelí sobrevoló países que sí tienen la obligación de detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia, como Italia, Francia o Grecia.
Con todo, el problema es que la campaña estadounidense va más allá del propio organismo.
Oleada de salidas
Este verano, países como Chad o Venezuela anunciaron su salida del tribunal. Ambas decisiones se produjeron en plena campaña de presión de Washington para animar a otros países a abandonar el Estatuto de Roma y después de que 82 de los 125 Estados votaran a favor de destituir al fiscal británico Karim Khan, acusado de conducta impropia contra una antigua subordinada y responsable de las órdenes de arresto contra Netanyahu.
«Cualquier intento de utilizar la destitución para cuestionar la legalidad o legitimidad de esas órdenes constituye una grave distorsión de los hechos y del derecho. Su fuerza jurídica no desaparece por un cambio de liderazgo en la Oficina del Fiscal», sostiene Stahn, que recuerda que algunos gobiernos han abandonado la CPI cuando esta se volvía políticamente incómoda. El año pasado, Burkina Faso, Malí y Níger –gobernados por juntas militares– anunciaron su salida alegando «represión neocolonial» y el uso de «una justicia selectiva».
No obstante, añade Stahn, son «decisiones cortoplacistas», ya que los Gobiernos van y vienen, y que solo perjudican a la sociedad civil y a las víctimas. El ejemplo más claro es quizá Hungría, que el pasado mayo, ya bajo el Gobierno de Peter Magyar, regresó al tribunal después de que Viktor Orbán lo abandonara en 2025 para recibir a Netanyahu en Budapest.
En esta línea, Alex Whiting, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard y especialista en tribunales internacionales, coincide en que los ataques políticos y la falta de cooperación pueden socavar la labor de la CPI y reducir su eficacia. Sin embargo, defiende que no bastarán para acabar con la institución. «Incluso en estos tiempos difíciles, la Corte representa un ideal y un principio fundamentales: el de la rendición de cuentas», sostiene Whiting, que recuerda que la CPI es el único tribunal internacional permanente con competencia para juzgar crímenes de lesa humanidad y genocidio.
«Es un recordatorio para los Estados de su compromiso con el Estado de derecho, y la inmensa mayoría de los países siguen comprometidos con los principios que representa la CPI. La justicia internacional está demasiado consolidada como para desaparecer por completo», concluye. Una idea que comparten los especialistas consultados, que ven en la ofensiva de Trump contra la Corte Penal Internacional una seria amenaza para su funcionamiento, pero no para su supervivencia a largo plazo.