La Justicia avala al INSS y deniega la invalidez a un camionero porque sus lesiones "aún pueden mejorar" con tratamiento
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en su sentencia 265/2026, ha confirmado la negativa a reconocer una incapacidad permanente total a un conductor de camión con problemas en la espalda y el codo. La resolución mantiene el rechazo del INSS y de la sentencia de primera instancia.
El trabajador conducía de noche durante ocho horas por jornada y transportaba pollos entre granjas y un matadero de Mélida. Pedía que sus dolencias se considerasen incompatibles con su profesión habitual, una cuestión que la Sala examinó a partir de las tareas reales del puesto. El trabajo concreto pesó en la decisión.
El expediente nació tras una baja por enfermedad común iniciada en agosto de 2022. El Equipo de Valoración de Incapacidades propuso en febrero de 2024 que no se reconociera la prestación y el INSS formalizó la denegación el 3 de mayo de 2024. La reclamación previa tampoco prosperó. La vía administrativa quedó cerrada antes del recurso.
Criterio judicial
Para la Sala, la incapacidad permanente exige reducciones objetivables, previsiblemente definitivas y suficientemente graves para impedir las tareas fundamentales del oficio. No basta con acreditar un diagnóstico: hay que probar su efecto sobre el trabajo y la posibilidad de mantenerlo con continuidad y eficacia. El criterio aparece también en el caso de un mozo de equipaje al que sí se reconoció la prestación por lesiones lumbares. Las funciones reales marcan la diferencia.
El conductor presentaba espondiloartrosis cervical y lumbar, protrusiones discales, epicondilitis en el codo derecho y sintomatología psicológica. El tribunal aceptó que debía evitar sobrecargas articulares, pero rechazó que esa limitación anulase las tareas esenciales. En otro asunto, la justicia confirmó la prestación de una carnicera porque el esfuerzo de su oficio resultaba incompatible con una osteoporosis severa. La profesión fija el alcance jurídico del daño.
Pruebas y tratamiento
El primer motivo del recurso pedía añadir restricciones para mantener posturas, cargar pesos o soportar vibraciones. La Sala lo rechazó porque esas limitaciones ya quedaban resumidas en la obligación de evitar sobrecargas y porque la valoración de los informes correspondía al juzgado de instancia. También recordó que la guía profesional del INSS orienta, pero no obliga al juez. El documento no decide por sí solo.
El segundo motivo tampoco prosperó. No constaba tratamiento específico para la zona cervical, el bloqueo lumbar del 5 de marzo de 2026 seguía pendiente de valoración y no figuraba rehabilitación. El informe de la Unidad del Dolor dejaba el resultado "a la espera de evolución a corto medio plazo". En un caso distinto, el INSS retiró una pensión por incapacidad cuando una operación de espalda mejoró la movilidad de la beneficiaria. Aún faltaba conocer la evolución clínica.
Las pruebas no reflejaban radiculopatía, déficit motor o sensitivo ni pérdida de fuerza: la marcha era autónoma, la movilidad estaba conservada y el balance muscular alcanzaba 5/5. Tampoco constaba que el conductor hubiera sido declarado no apto, trabajase con restricciones o hubiese perdido el permiso profesional. La sentencia de instancia concluyó que "no ha quedado acreditado que el demandante sufra patologías graves que le impidan realizar las principales tareas de su profesión habitual". El peso de las secuelas en una espalda afectada se explica también en este análisis sobre la hernia discal. El recurso fue desestimado sin costas.
El fallo confirma la sentencia recurrida, aunque permite una nueva valoración si las secuelas quedan fijadas tras agotar los tratamientos. La resolución puede recurrirse en casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación. La negativa puede revisarse si cambia el estado de salud.