«La Constitución establece en el artículo 3 que el castellano es la lengua oficial del Estado y que las demás lenguas españolas son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos: catalán en Cataluña e Illes Balears y valenciano en Comunitat Valenciana, euskera en País Vasco y zonas vascófonas de Navarra y gallego en Galicia». Esta es la información que se puede leer en la web del Ministerio de Educación de España. Por tanto, por poner un ejemplo, el catalán y el castellano se pueden utilizar indistintamente en Cataluña en la actualidad. Aunque esto esté claro para toda la población, en el día a día de los ciudadanos pueden darse situaciones que choquen con este hecho o existir opiniones que prefieran el uso de una lengua por encima de la otra . En estos debates y choques de ideas se dan en escenarios como el que vivió hace unos meses Abraham Galera, propietario del Bar Danús de Tordera (Barcelona) y conocido en redes sociales como @abrigaca, que se vio envuelto en una inspección de la Generalitat relacionada con el uso del catalán en su establecimiento. El origen del problema vino de un vídeo que publicó en TikTok, en el que ponía un supuesto de que alguien reclamara en un restaurante la obligación de disponer de menús en catalán. La publicación generó polémica y, según relataba Galera, cuyo caso llegó a varios medios de comunicación, alguien presentó una denuncia anónima ante la Agencia Catalana de Consumo al entender en ese vídeo que el restaurante de Abraham no atendía en catalán, cuando en realidad era un ejemplo ficticio. A raíz de esa denuncia, un inspector acudió al restaurante para comprobar, entre otras cuestiones, si todos los trabajadores entendían y hablaban catalán y si se cumplían las obligaciones lingüísticas correspondientes de atender en las lenguas oficiales: castellano y catalán. Galera aseguraba que la inspección le sorprendió porque lleva más de veinte años con el negocio y nunca había vivido una situación semejante. Según contó después, cuando recibió al inspector, le saludó en catalán y este le dijo que «ya tenía la faena hecha» porque solo necesitaba comprobar si allí se hablaba y entendía dicha lengua, el catalán, por lo que la denuncia no llegó a más y no fue multado, según contaba. El hostelero sostiene que el problema de lo ocurrido no es el catalán: afirma que es catalán, que habla perfectamente la lengua y que en su restaurante se utiliza habitualmente. Lo que cuestiona es que una denuncia basada, según su versión, en un vídeo de una situación ficticia, pueda provocar una inspección y que además, parezca que se exija que una lengua tenga prioridad sobre otra . «Me parece algo muy antiguo que te obliguen a tener una lengua en la que atender, y que si solo tienes una entre catalán y castellano solo puedas tener el catalán en un sitio que es privado, un sitio que tú abres con tu buena fe» defendía, y añadía: «Alucino con que las redes sociales tengan esta potencia también de forma negativa. Dicho esto, sí, en nuestro restaurante atendemos en catalán y en castellano y lo seguiremos haciendo evidentemente, pero no me gusta un pelo que nos obliguen a un idioma o a otro imperativamente». A raíz de esta situación, el hostelero contaba que tuvo que enfrentarse a acusaciones de catalanofobia y a una ola de 'hate' en redes sociales por el simple hecho de que un vídeo suyo se había malinterpretado, siendo este un ejemplo del gran debate público que existe ante el uso del catalán y el castellano en este territorio de España.
