El problema de la vivienda en España no se limita a la dificultad de encontrar un alquiler asequible o comprar una casa a un precio razonable. También hay propietarios que denuncian problemas de ocupación ilegal , es decir, que, después de alquilar sus inmuebles, se encuentran con inquilinos que dejan de pagar y se niegan a marcharse. Y no solo hablamos de grandes propietarios, sino de casos como el de Sonia y Miguel, un matrimonio de Torrejón de Ardoz (Madrid) que lleva meses intentando recuperar su piso mientras continúa afrontando los gastos de una vivienda en la que ya no puede vivir. La pareja denuncia que sigue pagando la hipoteca del inmueble alquilado y la de su actual domicilio, al que tuvieron que mudarse por las necesidades de salud de su hijo, que tiene una discapacidad y es dependiente. Todo ello mientras su inquilina lleva acumulada una deuda de 20.000 euros . El matrimonio esperaba poner fin a esta situación este lunes, 20 de octubre , con el desahucio de la inquilina. Sin embargo, el procedimiento se ha paralizado, prolongando una situación que, aseguran, les está llevando al límite de sus posibilidades económicas. «Tenemos un hijo con discapacidad y dependencia que necesita un tratamiento costoso que no podemos costear por la situación que tenemos. Hay meses que no llegamos porque el piso está hipotecado encima y tenemos que pagar también las dos hipotecas», denunciaron ya a principios de octubre en declaraciones a Telemadrid. El conflicto se remonta a febrero de 2024, cuando, según ha explicado Sonia, la inquilina dejó de pagar el alquiler hasta alcanzar la deuda mencionada. Sonia ha relatado este martes en 'El programa de Ana Rosa' que la relación con su inquiokupa comenzó con un contrato de alquiler de 650 euros mensuales. Ante los problemas económicos que atravesaba la mujer, el matrimonio accedió a rebajar la renta a 450 euros para facilitarle que pudiera seguir viviendo en el inmueble. «Yo creo que no somos rentistas con ese importe», ha apostillado Sonia, que también ha contado que llegó un momento en el que, debido a la subida del euríbor, la pareja tuvo dificultades para seguir haciendo frente a los gastos de la vivienda. Según su relato, hablaron con la inquilina para explicarle la situación y le plantearon la posibilidad de que se quedara con el piso. La mujer aceptó la idea, pero, con una condición: «Nos dijo que sí, pero que ella ponía el precio. Que ella quería la casa por 70.000 euros ». La mujer alegaba que ya llevaba muchos años pagando el piso, pero el matrimonio rechazó la propuesta. Todo empeoró cuando los propietarios comunicaron formalmente la finalización del contrato: «Le mandamos un burofax en tiempo y forma». En ese momento, según el testimonio de Sonia, recibieron una respuesta que todavía recuerdan: «Nos llamó y nos dijo que nos íbamos a cagar , que de ahí no la echaba ni un juez , que se sabía todas las leyes y que de ahí no se iba». Miguel sostiene que él y su mujer han acudido a las autoridades para denunciar lo que está ocurriendo, pero no han obtenido respuesta: «No nos hacen caso», lamenta. Esto se debe, expone, a que la inquiokupa es considerada 'persona vulnerable' por no tener trabajo. Algo que, según el matrimonio, es falso. «Nos hemos informado y sabemos que está haciendo un negocio ilegal de lavado de perros . Tenemos pruebas que hemos mandando al Ayuntamiento, a Seguridad Social, a la comunidad de vecinos... Y nadie ha hecho nada», insiste Sonia. «Lo único que nos dicen es que nosotros no somos vulnerables porque tenemos dos viviendas. Pero no tenemos dos viviendas, tenemos dos hipotecas», denuncia su marido. Sin embargo, ambos afirman que «nosotros somos más vulnerables que ella, eso seguro». En cualquier caso, el matrimonio defiende que ya le ha ayudado bastante bajándole el precio del alquiler, pero que no es responsable de la situación económica de la mujer: «Nosotros no tenemos por qué ser su escudo social , para eso está el Estado».
