En marzo de 2024 la entonces ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, realizó unas declaraciones públicas en las que imputaba la comisión de un fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y recalcaba que incluso la defensa del contribuyente había admitido los hechos, revelando una información supuestamente protegida por el artículo 95 de la Ley General Tributaria que impone el deber de secreto y sigilo sobre la información tributaria de los ciudadanos. El asunto fue tan así que meses después el fiscal general del Estado fue condenado en sede judicial por incumplir ese mismo precepto. Meses después el manejo de la información en relación al caso Zapatero y las presuntas irregularidades fiscales asociadas a...
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