Rodrigo Chaves acusa al Poder Judicial y al TEC de usar morgue y sede en Limón para presionar por presupuesto
El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, criticó al Poder Judicial y al Tecnológico de Costa Rica (TEC) este miércoles 11 de noviembre, durante la habitual conferencia de prensa del Ejecutivo, por sus argumentos en contra de los recortes presupuestarios.
Chaves acusó al Poder Judicial de utilizar la construcción de una morgue en la zona sur como mecanismo de presión para evitar restricciones a sus recursos. También cuestionó al TEC por advertir sobre el posible cierre de su sede en Limón.
Durante la conferencia de prensa junto a la presidenta Laura Fernández, Chaves cuestionó los argumentos de ambas instituciones y mencionó los recursos que reciben para justificar sus críticas. También rechazó las resoluciones de la Sala Constitucional que suspendieron la discusión y votación del Presupuesto Nacional 2027.
Chaves cuestiona advertencia sobre morgue judicial
El Poder Judicial ha señalado que la construcción de la nueva morgue judicial en Buenos Aires de Puntarenas podría quedar paralizada por la norma 9 del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, que propone bloquear ¢29.843,8 millones de su propuesto.
Entre los recursos afectados figuran ¢4.347 millones de la subpartida Edificios del OIJ, de la cual depende el financiamiento de la obra. El proyecto ya cuenta con un contrato en firme y está próximo a recibir la orden de inicio.
Chaves rechazó la advertencia y afirmó que el Poder Judicial dispone de aproximadamente $82 millones para infraestructura. A su criterio, la institución utiliza las necesidades de la población de la zona sur para oponerse a las restricciones presupuestarias.
Ministro cuestiona posible cierre del TEC en Limón
El jerarca también criticó a la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, por asegurar que la retención de ¢492,8 millones correspondientes al último trimestre de 2026 significaría el cierre del Centro Académico de Limón.
Chaves sostuvo que la universidad recibe alrededor de ¢62.000 millones anuales y cuestionó que la reducción pueda provocar el cierre de la sede.
Según el recurso de amparo presentado por el TEC, la suspensión de transferencias pone en riesgo la continuidad académica de 417 estudiantes y 68 funcionarios.
Las declaraciones surgieron después de que la Sala Constitucional ordenara suspender la discusión y votación del Presupuesto Nacional 2027.
El lunes 9 de noviembre, el magistrado Fernando Cruz ordenó frenar la votación en segundo debate, tras una solicitud de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas.
Posteriormente, la magistrada Ingrid Hess dictó otra medida cautelar relacionada con una consulta de las fracciones de Liberación Nacional y Frente Amplio sobre los recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Chaves acusó a los magistrados de interferir en las competencias de la Asamblea Legislativa y cuestionó la actuación del tribunal constitucional.
“El Poder Judicial está en pie de guerra contra la democracia, la separación de poderes, la responsabilidad fiscal y quiere sustituir a quienes fueron electos por el pueblo, incluyendo la Asamblea Legislativa y parte del Gobierno, con magistrados electos por las diputaciones de hace 40 años”, afirmó.
Por su parte, la presidenta Laura Fernández defendió las normas presupuestarias y mencionó informes negativos de la Contraloría General de la República sobre la liquidación presupuestaria del Poder Judicial en 2024 y 2025.
En el caso del TEC, la Sala Constitucional concedió tres días hábiles al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación Pública y a la Tesorería Nacional para explicar la retención de recursos.