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Costa Rica pierde capacidad para proteger sus áreas silvestres: Contraloría revela grave escasez de personal

137 de las 148 Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica reportan un déficit de personal, es decir, el 92,6%, según un estudio de la Contraloría General de la República (CGR). La situación es tan grave que algunas de esas áreas no cuentan con funcionarios asignados en el sitio y deben ser atendidas de forma remota.

La escasez de personal, sumada a las limitaciones presupuestarias y de infraestructura, de acuerdo con el órgano contralor, compromete la capacidad del Estado para proteger estos territorios, prevenir delitos ambientales y responder ante emergencias como incendios forestales.

“Las severas brechas combinadas de recursos humanos, financieros y de infraestructura exponen al territorio a un riesgo operativo inminente, reduciendo la capacidad de respuesta estatal ante eventos de gran escala”, advirtió la CGR.

Los hallazgos forman parte del informe Conservación a largo plazo de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos dentro de las áreas silvestres protegidas, publicado el 19 de noviembre del 2026 y donde se evaluó la gestión de las 148 áreas protegidas, administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), entre el 2019 y el 2025.

Entre los territorios que carecen de funcionarios asignados en el sitio, la CGR mencionó cuatro:

—El Área Marina de Manejo Barra del Colorado, de 66.000 hectáreas

—El Humedal Nacional Cariari

—La Zona Protectora Las Tablas

—El Refugio Nacional de Vida Silvestre Carate

Según el informe, estas áreas son atendidas de forma remota mediante personal que asume responsabilidades adicionales desde oficinas subregionales.

Escasez de personal compromete atención de incendios forestales

Uno de los ejemplos señalados por la Contraloría corresponde al Área de Conservación Guanacaste (ACG), donde la falta de personal limita la capacidad para enfrentar incendios forestales de gran magnitud.

En el informe se detalló que el personal local es insuficiente, por lo que la atención de estos eventos requiere activar mecanismos de apoyo mediante el desplazamiento de brigadas desde otras regiones.

“La ocurrencia simultánea de siniestros a nivel nacional desborda la capacidad regional, volviendo indispensable la movilización coordinada extraordinaria del Sinac”, se advirtió en el informe.

La Contraloría también identificó que esa área de conservación opera mediante un modelo de “planilla única” de 96 funcionarios para seis áreas silvestres protegidas, pese a que un estudio de cargas laborales identificó un déficit de 147 plazas.

Esa condición afecta la atención permanente de territorios como el Área Marina de Manejo Bahía Santa Elena y el Humedal Riberino Zapandí.

En el ámbito marino, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional enfrenta dificultades por la falta de embarcaciones en el sitio, muelle y capitanes graduados.

Según la CGR, el Área de Conservación Tempisque (ACT) dispone de cuatro capitanes para cinco áreas silvestres protegidas de su región, lo que obliga al personal a trasladarse aproximadamente 76 kilómetros, cerca de una hora y media, hasta la Marina Flamingo para abordar una embarcación institucional y patrullar tres áreas protegidas simultáneamente.

La Contraloría considera que estas condiciones dificultan la vigilancia ambiental y obligan a depender de mecanismos de respuesta que no garantizan una presencia permanente en los territorios.

Presupuesto insuficiente y dependencia de fondos externos

El problema no se limita a la falta de funcionarios. El estudio determinó que 140 de las 148 áreas silvestres protegidas consideran que sus recursos financieros son insuficientes para atender todas sus necesidades.

Además, 34 áreas señalaron que su operación o gran parte de ella, depende de recursos aportados por organizaciones no gubernamentales y fideicomisos, entre ellos Costa Rica por Siempre, Fundecodes y Fondo Azul.

Estos organismos permiten financiar insumos esenciales y actividades que, de otra manera, no podrían ejecutarse total o parcialmente, según el informe.

A las dificultades financieras se suman las deficiencias en infraestructura: 65 áreas protegidas carecen de instalaciones que funcionen como sede administrativa, 91 reportan equipo o mobiliario inexistente o insuficiente y 80 enfrentan restricciones o falta de servicios básicos.

La Contraloría determinó que la estructura administrativa de las áreas protegidas retrocedió en su evaluación de madurez institucional, al pasar de un 49,88% en el 2019 a un 47,28% en el 2025.

Contraloría advierte sobre pérdida de capacidad para conservar la naturaleza

En el informe, la Contraloría señaló que esa falta de recursos está ampliando la distancia entre los planes de conservación y las acciones que realmente pueden ejecutarse en el terreno.

“El país está perdiendo su capacidad de cumplir con la conservación de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos al existir una distancia entre lo que se planea en el papel y lo que realmente se puede hacer en las áreas protegidas”, señala el estudio.

Advirtió además, que la escasez de personal y la falta de infraestructura debilitan la presencia del Estado y dificultan la prevención de actividades ilegales, como la cacería y la tala, así como la atención de incendios forestales.

Otro yerro señalado es que la dependencia de financiamiento externo compromete la sostenibilidad de las operaciones y la capacidad para responder ante emergencias.

Para el órgano contralor, esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la presencia permanente de funcionarios, mejorar las condiciones de infraestructura y garantizar recursos suficientes para las labores de vigilancia y conservación.

El informe plantea que el Estado debe pasar de los compromisos establecidos en documentos a acciones concretas en el territorio, para evitar que la protección ambiental continúe dependiendo del sobreesfuerzo del personal disponible y de la cooperación externa.

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