Un día después del pacto alcanzado entre PP y Ciudadanos para conformar gobierno en Andalucía, con el apoyo de Vox, el presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, ha hecho este jueves balance de legislatura y, de paso, —en clave electoral—, ha hablado de que buscará una «mayoría sólida» y puntos de encuentro con otros partidos del marco constitucional tras los comicios autonómicos del próximo 26 de mayo, que está más que convencido de que el PSOE ganará con amplia mayoría. Eso sí, la única excepción que ha citado para materializar tal búsqueda de consensos es el partido que lidera a nivel nacional Santiago Abascal: «Con Vox, por supuesto que no, que nadie tenga duda», ha dicho firme. Se ha referido también a la última encuesta de intención de voto en Castilla-La Mancha, que deja al PSOE en la región cerca de la mayoría absoluta, y, aunque ha afirmado que no hará «ninguna lectura triunfal», sí ha admitido ue hasta el día de las elecciones «no sobrará ningún esfuerzo» y que no renuncia a «ningún apoyo social. Las encuestas dicen que la gente sabe muy bien quién ha tirado del carro, quién lo ha gestionado o quién se ha subido al carro», ha añadido.
«Estas encuestas me llenan de orgullo, me siento muy querido por la opinión pública y la ciudadanía. El roce hace el cariño», ha afirmado García-Page en referencia a la cercanía que mantiene con los ciudadanos de a pie y con colectivos y organizaciones de la región. Se ha preguntado entonces si el cariño se traduce en votos, y se ha respondido que «no; lo hemos visto en Andalucía, y por eso no me sobra ningún apoyo hasta el 26 de mayo».
En un encuentro con medios de comunicación regionales mantenido en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades, el también secretario general del PSOE en la región ha dibujado los posibles escenarios que pueden abrirse tras las elecciones de mayo, en las que, a su juicio, «puede pasar de todo porque este es un país muy de tiovivo». Ha puesto el ejemplo de la moción de censura a nivel nacional que supuso un cambio y la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno central, y el de Andalucía «donde ha pasado lo contrario de lo que se pensaba», hasta el punto de que el PP «tenía casi preparada una gestora» para el presidente andaluz de este partido, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ahora «terminará siendo presidente».
A la pregunta de si esto podría ocurrieren Castilla-La Mancha, ha contestado que «hay muchas diferencias» entre Andalucía y Castilla-La Mancha, entre ellas que «allí no han tenido a una presidenta como Cospedal», que dejó a la «gente muy escarmentada». Aunque él no se fía, ha añadido, y ha señalado ue en Andalucía «todo el mundo daba por hecho que iba a ganar el PSOE y solo se hablaba de con quién podía pactar, pero se ha perdido de vista la posibilidad de que no pudiera pactar con nadie, que es lo que ha pasado».
«Cordialidad» con Rivera
Sobre qué relación mantiene con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera
, ha dicho que se sitúa dentro de la «cordialidad, la facilidad y la normalidad» y que ambos han mantenido diversos contactos, así como con los líderes territoriales del partido naranja, algo que extendió al Partido Popular y a Podemos. En este punto, ha recordado que cuando el partido de Pablo Iglesias le negó el apoyo para aprobar los Presupuestos de la Junta de Comunidades, «con el PP podríamos haberlos aprobado y no lo hicieron; así las pagan, así las devuelven algunos», ha señalado, en clara alusión a María Dolores de Cospedal.
Se ha referido también a sus socios de Gobierno en la Comunidad autónoma, y ha afirmado que «la participación de Podemos ha sido mucho mejor que la entrada de Podemos en el gobierno». Ha añadido con respecto al partido morado que «dicen de mí que si soy ultraconservador, pero soy el único presidente autonómico que tiene a Podemos en su gobierno». Así pues, el balance con sus socios «es positivo» y «los falsos temores ya han desaparecido. Las cosas en las que no estamos de acuerdo no salen, pero muchas otras cosas sí salen».
Los anuncios del presidente
Emiliano García-Page ha anunciado una inversión de un millón de euros en una «macrocampaña de publicidad» para que la ciudadanía «entienda perfectamente lo que ha supuesto el objetivo alcanzado en materia de lucha contra la violencia machista» a través de la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género de Castilla-La Mancha. Una norma aprobada por unanimidad en octubre del pasado año, con la que se ha cosechado «un éxito institucional y político importante» y que supone «la ley más vanguardista» en la lucha contra la violencia de género en España.
El presidente regional se ha mostrado «muy dolido» por el debate en relación con la política de lucha a favor igualdad y en contra de la violencia machista que se está produciendo a nivel nacional, y ha dicho que no puede entender que se toleren mensajes «que confunden a la opinión pública y legitiman indirectamente» una lacra contra la que se viene luchando «desde hace años» en Castilla-La Mancha. Por ello, y tras lamentar que haya gente «dispuesta a comprar un discurso reaccionario y bastante confuso», ha garantizado que su Ejecutivo seguirá trabajando en la prevención contra la violencia hacia las mujeres como lo lleva haciendo desde 2001, cuando se aprobó la Ley de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas.
En materia de Educación, el jefe del Ejecutivo autonómico ha hecho referencia también a la posición defendida por su Gobierno «como nadie en España» para que el español sea «lengua vehicular» en todo el país, un trabajo al que ha sido sensible el Ejecutivo central, y que fue abordado en la Conferencia Sectorial de Educación presidida este miércoles por la ministra del ramo, Isabel Celaá. Ha celebrado además la «enmienda a la totalidad» que todos los gobiernos autonómicos reunidos en el marco de esta Conferencia Sectorial, incluidos los del PP, hicieron al planteamiento «que me asusta mucho» del presidente de los populares, Pablo Casado, sobre el regreso de las competencias educativas al Estado.
Una iniciativa que, de llevarse a cabo, no solo supondría un «ataque directo» a la estabilidad de las plantillas de los maestros y docentes de Castilla-La Mancha, a sus retribuciones y derechos, «sino que sería una regresión increíble en el servicio público».
