El Banco de España abre una investigación interna a los preparadores de la academia en la sombra
El Banco de España ha abierto una investigación interna a los tres inspectores que llevan al menos un lustro preparando a opositores al supervisor a los que cobran, mayoritariamente en metálico, cantidades que algunos meses alcanzan los 8.000 euros al margen de sus salarios como empleados públicos. Según confirman a elDiario.es fuentes del organismo, esa investigación se centra en comprobar si utilizaron medios del organismo para impartir las clases y si hay un supuesto de infracción de la legislación de incompatibilidades.
Además de en la posible utilización de medios públicos, el supervisor indaga en si la compatibilidad que tienen concedida estos tres profesionales —Alberto Casillas Cuevas, director del departamento de Resolución; su hermano Juan, que es inspector; y una tercera inspectora, Patricia Navarro-Rubio Poole— se ajusta a la actividad privada que vienen ejerciendo. El Banco de España ha iniciado estas pesquisas después de que elDiario.es revelara el gran negocio de estos tres inspectores con la formación de opositores y que los permisos con los que cuentan para realizar la labor docente no cuadran exactamente con las actividades que vienen desarrollando.
Estas revelaciones han generado "preocupación" y "malestar" en la dirección del supervisor, coinciden fuentes consultadas por esta redacción. En un inicio, el Banco de España informó de que iba a estudiar la situación; ahora distintas fuentes confirman que el mismo día de la publicación de la noticia se abrió esta investigación interna contra estos tres trabajadores.
Alberto Casillas prepara a decenas de opositores por su cuenta cuando la compatibilidad acordada en su caso es para "realizar una actividad privada de enseñanza en el Centro de Estudios Profesionales", el nombre de otra entidad que nada tiene que ver con las clases particulares que ha improvisado junto a sus compañeros del Banco de España. Juan Casillas y Patricia Navarro-Rubio, por su parte, forman a opositores al menos desde 2016, aunque la compatibilidad para impartir docencia por cuenta propia les fue reconocida mucho después: en julio de 2018 y septiembre de 2020, respectivamente.
La situación más comprometida, en principio, es la de Alberto Casillas, que aparece en el organigrama del supervisor y es director del departamento de Resolución, un cargo con el que actúa en representación del Banco de España en los principales organismos internacionales en materia de supervisión financiera. En su caso, tiene autorización para "realizar una actividad privada de enseñanza en el Centro de Estudios Profesionales" cuando ejerce esta actividad por cuenta propia. Además, elDiario.es ha comprobado que se comunica con los opositores desde el correo corporativo del Banco de España.
Alberto Casillas ocupa un cargo de confianza dentro del supervisor bancario y su puesto podría verse afectado por las conclusiones de la investigación.
Fuentes del Banco de España reconocen que es más complicado abordar el caso de los otros preparadores, Juan Casillas y Patricia Navarro-Rubio, pues es complejo determinar si realmente estaban impartiendo clases antes de tener reconocida la compatibilidad para ejercer esa actividad. Ambos ocupan las plazas de inspectores de entidades de crédito que ganaron por oposición.
Los profesionales del Banco de España están sometidos a la ley estatal de incompatibilidades, que obliga a solicitar autorización cuando ejercen otra actividad como es la preparación de opositores con carácter permanente o habitual y durante más de 75 horas al año. Las sesiones formativas impartidas por estos tres empleados han superado ampliamente este límite durante los últimos años.
En el caso de estos profesionales, el organismo encargado de otorgar ese permiso es la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Las solicitudes se hacen a petición del interesado, que debe detallar el tipo de actividad privada que desea compatibilizar, el horario y si es por cuenta propia o ajena, entre otras cuestiones. Tras recibir esa petición, la Oficina pide un informe al organismo en el que se ejerce la actividad principal. En este caso, el Banco de España, que lo elabora teniendo en cuenta aspectos como la compatibilidad de jornada y horarios o si la segunda actividad afecta a su función y cumple con los requisitos exigidos. Tras recibir el informe, la Oficina emite una resolución motivada en la que declara la incompatibilidad o reconoce la compatibilidad.
¿A qué sanciones se expone el empleado público que tenga la compatibilidad acordada para ejercer una segunda actividad y realice otra diferente o que lo haga sin contar con la preceptiva autorización? Fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública detallaron que en el caso de funcionarios de la Administración General del Estado los castigos pueden ir desde una suspensión de empleo y sueldo hasta la separación del servicio. No obstante, en el supuesto del Banco de España, que es una una entidad de derecho público pero con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, depende del convenio colectivo y de la gradación de la infracción.
En principio, la investigación del Banco de España se limitará a comprobar si hay un supuesto de infracción de la legislación de incompatibilidades. No está previsto que se aborden otras cuestiones como la tributación por estas clases, que no están sujetas a IVA pero sí deben computarse como rendimientos de una actividad económica y tributar así en el IRPF. Además, deben reflejarse en el Libro de Registro de Ingresos. El Banco de España no puede investigar si se ha tributado correctamente por estos ingresos, algo que solo puede hacer la Agencia Tributaria.
En relación al caso concreto de estos tres inspectores, fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública confirmaron a elDiario.es que corresponde al Banco de España iniciar, en su caso, las actuaciones necesarias para determinar si hay un supuesto o no de infracción a la legislación de incompatibilidades. Cuestión distinta, afirmaron estas mismas fuentes, sería el supuesto de que estos empleados no declararan a Hacienda esos ingresos de manera correcta, lo que podría constituir una infracción de índole fiscal perseguible por la Agencia Tributaria.
El pasado miércoles, elDiario.es reveló que tres inspectores del Banco de España han montado una academia en la sombra —sin oficinas ni nombre ni anuncios públicos— que lleva años cobrando miles de euros en metálico a opositores que quieren acceder a puestos destacados del supervisor bancario. Al menos desde 2016, los tres formadores manejan grupos de decenas de alumnos a los que imparten cuatro asignaturas imprescindibles para acceder a una de las plazas más codiciadas del supervisor, las de inspección de entidades de crédito. Es un puesto que garantiza un sueldo inicial de 55.000 euros brutos anuales y la posibilidad de hacer carrera en el extranjero.
Se trata de un sistema clandestino de preparación de oposiciones al que se accede por recomendación de otros estudiantes o contactos en la entidad. Estas clases particulares han permitido a alguno de estos inspectores cobrar hasta 8.000 euros mensuales. Es un sobresueldo sin ningún control por parte del Banco de España y que se suma a su salario como trabajadores públicos. Y hay alumnos que han abonado más de 10.000 euros por recibir formación durante cerca de dos años. Todo ello, sin recibir facturas o albaranes, pero tampoco recibís o papeles que dejen rastro de ese dinero gastado. Los pagos se hacen mayoritariamente con dinero en efectivo y se realizan en domicilios particulares o locales de hostelería donde esos tres empleados citan a sus alumnos.