Ante los problemas que ya se prevén en las empresas por la posible falta de componentes y materias primas que amenaza a la economía, Castilla y León dispondrá de catorce millones de euros en forma de ayudas para las empresas que se vean abocadas a crisis por estos motivos y para los trabajadores afectados. La Consejería de Empleo e Industria reservará esa cantidad, que se dividirá en nueve millones para apoyos a las compañías y los otros cinco para los empleados, según explicó ayer la consejera, Carlota Amigo, durante su comparecencia en las Cortes para explicar los presupuestos de su departamento para el próximo año.
«El objetivo es el mantenimiento del empleo en sectores estratégicos» y la supervivencia de las empresas ha detallado la consejera este jueves, que indica que también podrán acogerse a estos apoyos negocios que entren en crisis sobrevenidas. En el caso de los trabajadores, asegura, será un respaldo para aquellos que pasen por expedientes de regulación, tanto temporales como extintivos, pero también por concurso de acreedores o afectados por cierres temporales. Además, tendrán una consideración especial las personas mayores de 55 años, añadió.
Consolidar la recuperación
Las cuentas del departamento de Empleo e Industria ascienden a 411 millones -un 14,73 por ciento más que en 2021- y pretenden «consolidar la recuperación económica» registrada tras los peores meses de pandemia. Busca, demás, apoyar la «transformación verde y digital» del tejido productivo autonómico, que dispone de 18,9 millones para afrontar el desafío tecnológico, expone.
El empleo será la máxima prioridad de todas las partidas y, entre ellas, destacan los más de 78 millones que la Consejería destinará a un nuevo Plan de Empleo Joven, con el que pretende incentivar alrededor de 4.000 contratos, llegar a 14.300 participantes en acciones formativas y 75.000 beneficiarios. En este apartado, se lanzarán dos nuevos programas, con cargo a los fondos europeos de Recuperación y Resilencia, Uno de ellos con diez millones denominado «de primera experiencia» destinado a que jóvenes de entre 16 y 29 años se incorporen a trabajar en entidades administrativas, del sector público o de las corporaciones locales y el otro, financiado con 11,6 millones, dirigido a la misma franja de edad para la contratación en organismos públicos de investigación, universidades, centros tecnológicos y centros públicos y privados de I+D.
«El trabajador autónomo es uno de los principales pilares de nuestra economía, un colectivo generador de autoempleo y de empleo por cuenta ajena», ha segurado la consejera, y la intención de su departamento es «fortalecer» esta figura. Así, se pondrá en marcha un nuevo programa de apoyo al emprendimiento y trabajo autónomo, para el que se destinarán quince millones entre 2022 y 2023. Mediante este mecanismo, indica, se apoyará la constitución, la formación y su crecimiento y tendrán «especial atención» los proyectos basados en la economía verde y digital por ser «los de mayor proyección».
Las políticas activas de empleo acaparan más de 250 millones de euros, lo que supone un 87 por ciento de la dotación total de la Consejería y, como centro en el que recaen el «grueso» de esas acciones, será el Ecyl el que acapare gran parte de la dotación del departamento dirigido por Carlota Amigo, con 290, 3 millones, de los que 29, irán a parar a la modernización de sus oficinas.
Despoblación
El reto demográfico no será ajeno a Empleo e Industria, ha señalado Amigo, y, a través del plan de empleo local, apoyará la contratación de personas en los municipios, «sobre todo de mujeres y jóvenes» con un crédito de 80,4 millones. Por otra parte, detalla que también será una «prioridad» la integración de las personas con discapacidad» y a este asunto irán dirigidos 28,5 millones para sufragar las ayudas a los 324 centros especiales de empleo de Castilla y León, donde trabajan 5.600 personas, y contribuir a sus costes salariales.
La Fundación Anclaje, cuya superviviencia estuvo en entredicho al inicio de la legislatura tras el informe realizado sobre las fundaciones de la Comunidad, recibirá 812.000 euros y el Serla. 600.000 euros para su funcionamiento.
Por su parte, los grupos de la oposición han criticado las cuentas por ser «poco ambiciosas» o «falsas». El procurador del PSOE Pedro González Reglero ha llegado a tachar el proyecto expuesto de «estafa» y asegura que se queda «corto» para defender a empresarios, autónomos y trabajadores y para corregir los desequilibrios territoriales. Además, el parlamentario de Por Ávila, Pedro José Pascual, ha opinado que los presupuestos no sirven para tapar carencias en provincias como la abulense. «Son muchos años de espera y seguimos igual», ha manifestado para demandar mayor tejido industrial.
