El problema de los jueces enmascarados

No sé si saben que en las redes sociales tienen perfil dos tipos de jueces: unos los que se presentan a cara descubierta y otros los que se reclaman como jueces, para conseguir la auctoritas y para tener más seguidores, pero se emboscan en algo que llaman seudónimo, término que por referencia al creador prestigia, y que no les gustaría que llamáramos “alias”, que viene a ser semánticamente más apropiado pero que para ellos tiene otra connotación.

La cuestión fundamental es que esos jueces enmascarados –mediante alias o seudónimo, según vean– se pronuncian a veces en términos dudosamente aceptables, adoptan posturas políticas, se enzarzan con políticos o periodistas que actúan con su identidad real en las redes sin que, finalmente, estos puedan saber quiénes son esos jueces que no los soportan por si son llamados a decidir sobre ellos en algún momento. El caso paradigmático ha sido el del juez Carlos Antonio Vegas, titular del juzgado de lo Social 1 de Barcelona, que en la cuenta @EstadoCharnego, bajo el nombre de Randy Watson, ha puesto en los últimos años más de 130.000 tuits, la mayor parte de ellos contra los independentistas catalanes y las personas que se han manifestado próximas a ellos. La cuestión es que no es posible ser tan anónimo como se pretende y que, por diferentes motivos que luego expondré, a la larga se acaba conociendo la identidad de la mayor parte de los jueces que actúan así. La identidad de Vegas fue descubierta hace tiempo y esto le ha servido a Pilar Rahola para conseguir su recusación en el TSJC. Ha tenido suerte porque cuando ella comenzó su asunto con La Vanguardia por su despido –que ha acabado en acuerdo amistoso posterior a este auto–, sí se sabía quién era Carlos Antonio Vegas, porque los periodistas habían desvelado su identidad y, sólo por ese hecho, ha conseguido apartarlo de su pleito. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera desvelado la identidad? Que un juez cuya apariencia de imparcialidad no existe –según cinco magistrados del TSJC– hubiera visto su causa.

Esos políticos o periodistas que ha sido criticados por perfiles que se reclaman jueces, los que han sufrido incluso los intentos de minado de su credibilidad profesional por estos o su entorno, ¿cómo saben en el próximo asunto que les incumba que no es uno de esos jueces “enemistados” los que le juzgan? Porque hay enemistad manifiesta en muchos de los casos y así lo reconoce la Sala de lo Social del Tribunal Superior por primera vez. “Todo lo expuesto teniendo en cuenta la reiteración en el tiempo, el contenido y el tono de los tuits escritos por el magistrado recusado (que van más allá de la mera crítica o discrepancia) con claras connotaciones peyorativas, hacia la ideología o movimiento independentista catalán y hacia la señora Rahola en concreto, como persona significada de dicho movimiento tanto por su trayectoria política como por su trayectoria como tertuliana o periodista (sic), puede sembrar dudas objetivamente justificadas sobre la imparcialidad del magistrado”, dice la resolución que lo aparta definitivamente del pleito. Rahola ha tenido suerte porque sabía quién era pero ¿qué pasa con aquellos de los que seguimos desconociendo la identidad o bien sólo la conocen unos pocos y no ha sido hecha pública?

El caso de Carlos Antonio Vegas Ronda es paradigmático por más cosas. En uno de sus días locos, el pasado 24 de noviembre, decidió que era buena día sugerirles a sus compañeros prevaricar en masa y escribió el siguiente tuit: “Tal vez va siendo hora de que los jueces desestimemos cualquier petición de la Generalitat de Catalunya, tengan o no razón”. Seguido de otros cuantos igual de impresentables. La consellera de Justicia de la Generalitat, Ciuró, le dirigió una carta al presidente del CGPJ para trasladarle su preocupación por la actividad y el contenido de estos tuits que afectan al Govern y, tras un par de semanas en el cajón, Lesmes la trasladó a la Comisión Permanente que decidió a su vez enviarla al promotor de la Acción Disciplinaria por si el magistrado Carlos Antonio Vegas ha incurrido en materia disciplinaria.

Es la primera vez que se toma algún tipo de acción frente al hecho cierto de que algunos jueces, reivindicándose como tales, critican a miembros de otros poderes o se enfrentan abiertamente con políticos o periodistas, reforzados por su condición de tales y a la vez protegidos por el anonimato. Hablan en su defensa de libertad de expresión, que la tienen, pero obvian aceptar que no la quieren asumir con las responsabilidades que acarrea. De lo contrario, lo harían con su propio nombre como otros tantos magistrados lo hacen cada día en redes sociales. Quieren todo: la impunidad del anonimato, el reconocimiento de su condición judicial –sin eso no les seguiría casi nadie y menos la cohorte de pelotas que suele rondarles–, el poder de macarrear como si fueran anónimos y el poder de juzgar a sus hostigados en redes llegado el momento. Algo que les niegan a los demás. Si un periodista con seudónimo pisa alguna línea de la ley, ellos pueden desvelar su identidad. Es más, nadie escribe con seudónimo en periódicos o en libros sin que los responsables de las empresas conozcan su identidad real y se vean obligados a facilitarla tras un requerimiento judicial. Muchos de estos jueces pretenden que sólo ellos deben poder jugar con todas las cartas y quedarse con la baraja.

No es algo compartido por muchos de sus compañeros –algunos de los cuales por coherencia dejaron el anonimato hace tiempo– ni por las directrices éticas, aunque esto último ha dado lugar a situaciones de lo más chuscas. Poco antes de las fiestas, la Comisión Ética del CGPJ convocó un curso para jueces sobre ética y redes en el que participó un magistrado que actúa en redes como Judge the Zipper. Pues bien, en la memoria económica que se presentó a la Permanente para su aprobación todos sus compañeros aparecían perfectamente identificados menos él y se concedió presupuesto para alguien del que, según el documento, “se desconoce aún su identidad real”. Lo cierto es que el CGPJ aceptó el juego de mantener el anonimato de uno de sus magistrados en una actividad institucional –en la que participó por videoconferencia– dando carta de naturaleza a este tipo de actitudes sobre las que hay demasiadas dudas éticas y, como hemos visto hoy, hasta legales.

Dicen muchos de los magistrados que continúan emboscados en Twitter que los hostigamos, que les perseguimos, que sufren ataques contra su libertad de expresión. Temo decepcionarles. No se trata de luchas personales. De hecho, yo conozco la identidad de la mayoría de ellos –se creen muy avispados, pero no dejar huella digital es tan difícil que con un poco de expertise se les descubre y, si no, siempre hay compañeros suyos dispuestos a desvelar sus nombres en petit comité– y no voy a publicarla. Al menos si no me veo en la obligación de tener que recusarlos algún día, porque algunos de ellos han mostrado su clarísima animadversión hacia mí. Aquí la cuestión es que no existe una raza de super hombres y mujeres que en democracia puedan tener todos los derechos, todas las libertades y ninguna responsabilidad. Que hay magistrados que no tolerarían que un @ministrocanalla o @diputadoenloquecido o un @vocaljusticiero vertiera contra ellos críticas concretas, descalificaciones, burlas o desvelara datos que conociera, pero que creen que ellos pueden hacerlo; que exigen y aplauden que a la ministra Belarra se le haga un reproche institucional por un tuit, pero que pretenden que los suyos pueden con largueza criticar o vejar a Belarra o al lucero del alba o ensalzar y loar a Santiago Abascal, por poner ejemplos, sin que suceda nada.

El CGPJ tiene que poner orden en esta cuestión. Es hora de que quede claro que quien se reclame como magistrado en redes debe probar que lo es, con su nombre, y que no va a tolerar que se apropien de la condición de tales quienes no prueben que lo son. Lo contrario no sólo no es ético sino que conculca derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el derecho a un juez imparcial y a apartar del proceso a aquellos que no lo sean.

Nadie les roba nada, señorías, ni les silencia. Y menos los que vamos a cara descubierta y con la decencia de suscribir con nombre y apellidos lo que sale de nuestra pluma o de nuestras bocas. Cuestión de valentía y de coherencia.