Felipe VI, de campaña electoral
En la vida, ya se sabe, unos crían la fama y otros cardan la lana. El presidente andaluz y candidato a la reelección el 19J, Juan Manuel Moreno, JuanMa como quiere que le llamen, está en las antípodas del estilo crispado y faltón de su homóloga madrileña y compañera del PP Isabel Díaz Ayuso. ¡Cualquiera la llama a ella Isa! Se agradece "el tono moderado" del que Moreno hace gala pues la agresividad verbal de Ayuso o de la desaforada voxera Olona busca, a lo Trump, hacer saltar la convivencia. Pero, ojo, que el contrachapado de moderación no oculte prácticas dañinas: sin ir más lejos, saltarse la ley para usar a Felipe VI en un cartel electoral como quien sube al rey al bus de campaña y lo pone a pedir el voto para el PP de plaza en plaza. Parece chiste, pero de broma nada. Estas triquiñuelas dan votos. Por eso las usan. Son trampas. Así se socava la democracia.
El historial tramposo del PP es muy largo. Un hito brutal fue el tamayazo que los lectores jóvenes no recordarán, pero consistió en la compra pura y dura del voto de dos diputados socialistas en la Asamblea de Madrid para acabar dando el Gobierno de la Comunidad a Esperanza Aguirre sin lo cual la historia de España se habría ahorrado también a su sucesora cleptómana y a quien empezó como social manager de Pecas, el perro de Aguirre y, Miguel Ángel Rodríguez mediante, ha obrado el milagro de reencarnar a La Libertad guiando al pueblo ahora no ya hacia la emancipación, sino hacia las cañas.
Pero no quedó la estafa solo en lo del tamayazo. Toda la trama corrupta de Gürtel, Brugal, Púnica, Taula, Lezo… esa maraña que ya ni pasa factura al PP porque abruma y cansa; todo el pago de comisiones que el partido exigía a las constructoras a cambio de asignarles obras públicas no iba solo a enriquecer a sus dirigentes, que también, sino, sobre todo, a dopar las campañas electorales con millonadas de financiación ilegal para seguir, ilegítimamente, en el poder.
Y llegamos a anteayer, a las elecciones generales del 10N de 2019. Ahí la Junta Electoral Central dictó, tras la queja del PSOE, que el PP, entonces liderado por Pablo Casado, se había saltado la ley al incluir en un vídeo de campaña la imagen de Felipe VI saludándole mientras se afirmaba “lo que nos une” y “confianza”. Eso, dictaron los encargados de vigilar la limpieza de la campaña, vulneraba el artículo 46.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que prohíbe el uso de símbolos “que reproduzcan la bandera o el escudo de España, o con denominaciones o símbolos que hagan referencia a la corona” porque usarlos “da lugar a una apropiación indebida del prestigio de la Corona en beneficio propio”.
¿Qué pasó? Que la Junta Electoral Central dejó la infracción sin sanción alegando que el PP ya había retirado de Twitter el vídeo de “manera voluntaria” y “previa” a la resolución.
Como no hubo sanción, ahora vuelve la mula al trigo. El PP, hoy liderado por Alberto Núñez Feijóo, en la campaña andaluza de JuanMa, otra vez se salta a la torera una ley que si existe no es por capricho, sino para garantizar la competencia en igualdad entre partidos. Y, ante el silencio cómplice de la Casa Real, la Junta Electoral Andaluza emite una resolución que repite exactamente el precedente de 2019, es decir, que decreta que la campaña del PP vulnera la ley, por los motivos antedichos y consigna que "no cabe apropiación partidista", pero "no incoará expediente sancionador" alegando que el PP quitó el cartel de sus redes antes del dictamen y hasta de que el PSOE denunciase. Mira qué bien. Como si hoy en día las imágenes no siguieran en Internet o no circularan por WhatsApp, Telegram o mail mucho después de que se hayan retirado de la plataforma donde se lanzaron. ¿Entonces qué? ¿Va a ser así siempre: saltarse la ley, dar marcha atrás ligerito, escapar de rositas y cosechar los votos de la campaña ilegal?
Qué doble vara de medir, ¿no? Cualquiera de a pie que se salta una norma, pongamos que circula más rápido de lo permitido o que se le pasa la hora del tique del parquímetro aunque sea por minutos, sufre la implacable acción del controlador que le casca la multa. Un multón que a menudo llega cuando uno ya se ha llevado el coche de donde no debía estar o ha vuelto a circular a velocidad normal. Pero si el incumplidor es un partido, el PP para más señas... pues aquí no pasa nada.
Y si es Vox no solo no se le sanciona, sino que se le avala. También Olona en su cartel juega a bordear la ley al incluir una enorme bandera de España y un fondo repleto de ellas (¿Qué no puedo ponerla? ¡Toma dos tazas!). Por no hablar de la alusión a la monarquía del adjetivo "Real". Tanto Andaluces levantaos como Facua presentaron denuncias, pero la Junta Electoral Andaluza sostiene que no se vulnera la ley porque la bandera se usa "de modo discreto y respetuoso, como elemento puramente accesorio" sin "pretensión de apropiación o de empleo como instrumento de confrontación". Pero, el artículo 46.5 de la LOREG no especifica nada de símbolo grande o chico, ni uso bien o malintencionado del mismo. Dice:
"No pueden presentarse candidaturas con símbolos que reproduzcan la bandera o el escudo de España, o con denominaciones o símbolos que hagan referencia a la Corona."
Que la Junta Electoral sume a la arbitrariedad el decir que en este caso concreto el uso de la bandera es "discreto" suena ya a recochineo.
Esto es muy grave porque demuestra una falla sistémica de nuestra democracia. Si las opciones de izquierda y derecha no pueden competir en igualdad, y de esto estamos hablando, nuestra democracia está adulterada. Como se adultera al no renovar al Consejo General del Poder Judicial. Ya está bueno lo bueno. Que nos damos cuenta, que vemos.
Y el que, sin perder nunca la sonrisa y posando junto a tiernas vacas, se aviene sin escrúpulo a hacer trampas, también repite sin rubor que baja los impuestos cuando en realidad beneficia solo a los ricos mientras daña los servicios públicos para empujar a la mayoría a gastarse una pasta en colegios, médicos y auxiliares de dependencia privados. O clama que está haciendo una “revolución verde” y otra “revolución por el agua” cuando los expertos lo desmontan con datos y, como han denunciado a la UNESCO científicos españoles e internacionales, en plena emergencia climática, se está atreviendo a desecar la mismísima Doñana. Son las cosas de tener una doble cara.