Sanidad, interconexiones eléctricas y pensiones: "lagunas" del plan de recuperación español que señala el Tribunal de Cuentas de la UE
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se creó en 2021 para mitigar las repercusiones económicas y sociales de la pandemia de COVID-19. Para recibir una parte de los más de 700 000 millones de euros de apoyo financiero de la UE disponibles en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Estados miembros han tenido que presentar planes nacionales de recuperación y resiliencia, que son examinados por la Comisión Europea.
Según el informe publicado este jueves por el Tribunal de Cuentas Europeo, la evaluación de la Comisión es "adecuada en general", pero "siguen existiendo riesgos para la aplicación eficaz de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, como la falta de claridad de algunos hitos y objetivos".
"El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es un instrumento único cuyo propósito es apoyar las reformas e inversiones de los Estados miembros y, por tanto, su recuperación y su resiliencia», afirma Ivana Maletić, miembro del Tribunal que dirigió la auditoría: "La disponibilidad oportuna de la ayuda desempeña un papel fundamental, pero no a costa de la buena gestión financiera. Hay que contar con total transparencia y controles eficaces para garantizar que los fondos de la UE se emplean para su finalidad prevista y logran el impacto esperado".
Los auditores examinaron el proceso de la Comisión para evaluar los planes nacionales de recuperación y resiliencia y las orientaciones dirigidas a los Estados miembros en este contexto. En el caso de seis Estados miembros (Alemania, Grecia, España, Francia, Croacia e Italia), los auditores verificaron también si la evaluación de la Comisión garantizaba el cumplimiento de las condiciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: son los cuatro con la mayor asignación de subvenciones en términos absolutos (Alemania, España, Francia e Italia) y los dos con la mayor asignación de subvenciones respecto a su producto interior bruto de 2020 (Grecia y Croacia).
Los auditores constataron que, en general, la evaluación era adecuada: "Las evaluaciones de la Comisión se basaron en exhaustivas directrices internas y listas de comprobación, pero los evaluadores no las utilizaron de manera sistemática ni uniforme para la evaluación cualitativa, por lo que en ocasiones era difícil dar seguimiento a la evaluación".
Según los auditores, "es probable que los planes de recuperación y resiliencia contribuyan a los ámbitos políticos que atañen al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pero el alcance de sus contribuciones varía, y todavía queda por ver su impacto en la práctica".
De manera similar a las conclusiones de la Comisión en su propia evaluación, los auditores constataron que "no es probable que ninguna medida de la muestra de auditoría produzca un daño significativo al medio ambiente. Sin embargo, no se han incluido sistemáticamente las medidas para reducir el impacto medioambiental como hitos u objetivos en los planes de recuperación y resiliencia".
Los auditores hallaron que la evaluación de la Comisión "mejoró la calidad de los hitos y objetivos. No obstante, algunos no eran suficientemente claros, no abarcaban etapas clave de la ejecución, y los Estados miembros no siempre aplicaban un enfoque armonizado. La evaluación de los costes estimados efectuada por la Comisión señalaba una falta de información para determinadas medidas. También reflejaba el hecho de que los perfiles de desembolso se obtuvieron a raíz de una negociación, en lugar de basarse en los costes subyacentes".
Por otra parte, los auditores examinaron si la evaluación de la Comisión "garantizaba que los planes de recuperación y resiliencia abordaban la totalidad o una parte significativa de las recomendaciones específicas por país formuladas en el contexto del Semestre Europeo (ciclo de coordinación de políticas económicas, fiscales, laborales y sociales de la UE)".
No obstante, "constataron que no está definida la evaluación de lo que constituye un 'parte significativa' de las recomendaciones específicas por país y, por tanto mantiene un carácter en cierta medida discrecional, especialmente en los casos en que la Comisión identificó lagunas. Los auditores también observaron que algunos aspectos importantes de las recomendaciones específicas por país siguen sin atenderse en los Estados miembros de la muestra".
"Observamos que las recomendaciones por país de 2020 generalmente se abordaron en los planes de recuperación y resiliencia incluidos en la muestra", dice el Tribunal: "Sin embargo, aún quedan algunas deficiencias en relación con determinados elementos de las recomendaciones por país, como el sistema sanitario (España) o las inversiones y el entorno regulador (Francia), que se prevé abordar al margen del mecanismo de recuperación y resiliencia. Aun así, no siempre quedó claro por qué no se incluyeron en cambio en los planes de recuperación, en particular en el caso de medidas transfronterizas importantes (por ejemplo, las interconexiones eléctricas entre España y Francia), que por definición resultarían adecuadas para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".
"La mayoría de las lagunas identificadas atañen a las recomendaciones por país de 2019", prosiguen los auditores, "que en gran parte representan retos estructurales recurrentes a los que los Estados miembros se enfrentan desde hace años. Por ejemplo, el plan de recuperación y resiliencia alemán no contiene ninguna medida para reforzar la competencia en los servicios empresariales y las profesiones reguladas, lo que figura en las recomendaciones para Alemania desde 2011. Asimismo, varios planes de recuperación y resiliencia no abordaron los elementos de las recomendaciones relacionados con la sostenibilidad de las pensiones (Alemania, Francia, Italia y parcialmente España) o la fiscalidad (Alemania e Italia)".
El Tribunal de Cuentas europeo también señala que "no todos los Estados miembros utilizarán la herramienta de extracción de datos y puntuación de riesgos de la Comisión para identificar proyectos, beneficiarios y contratistas en riesgo de fraude, conflicto de intereses e irregularidades en el marco del mecanismo de recuperación. Cinco Estados miembros de nuestra muestra de auditoría (Grecia, España, Francia, Croacia e Italia) utilizarán la herramienta de extracción de datos y puntuación de riesgos de la Comisión, cuya importancia destacamos en una auditoría anterior. El uso de la herramienta no era obligatorio, como decidió el Consejo. Sin embargo, una herramienta común de extracción de datos y puntuación de riesgos constituye un elemento clave para proteger los intereses financieros de la UE y, más concretamente, para prevenir el fraude, los conflictos de intereses y la doble financiación, así como reforzar la transparencia y la rendición de cuentas".
El informe también sostiene que "el proceso para determinar los perfiles de desembolso carecía de transparencia. Aunque no constituye necesariamente un problema para la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia, esta opción resultará problemática durante la ejecución del mecanismo, dado que una consecución parcial de hitos y objetivos deberá reflejarse en el pago al Estado miembro en cuestión. El hecho de que el importe del pago en cada tramo es consecuencia de una negociación en lugar de reflejar los costes subyacentes dificultará la tarea de determinar qué reducción resultaría apropiada. En la fecha de la auditoría, la Comisión no había definido aún una metodología de cálculo de la reducción parcial de los pagos. En la práctica, en los seis Estados miembros de la muestra observamos una heterogeneidad significativa en los perfiles de desembolso en términos tanto de la proporción de la financiación total en cada tramo como del número de hitos y objetivos que deben alcanzarse en cada tramo".