Ni un día de cárcel ni un euro de multa para el empresario que arrasó un yacimiento neolítico
Ni un día en la cárcel ni un euro de multa. La destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, en la provincia de Huesca, le sale gratis al empresario minero leonés Victorino Alonso, que ha obtenido la extinción definitiva de su condena. No cumplirá los dos años y medio de prisión a los que fue condenado ni tendrá que pagar 25,5 millones euros de indemnización al Gobierno de Aragón. El conocido como ‘rey del carbón’ se había declarado insolvente y ya han transcurrido los tres años que, bajo la condición de que no delinquiera y sumados a la carencia de antecedentes penales, le han librado del castigo.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca lo condenó en 2016, pero en 2018 acordó suspender la ejecución de la pena por tres años. Superado este plazo, el juzgado ha decretado la remisión definitiva de la pena en un auto con fecha del 12 de septiembre, al que no se opuso el Ministerio Fiscal y se recibieron fuera de plazo los escritos de las otras acusaciones en contra de la medida. El historial penal de Victorino Alonso se revisó, a fecha del 24 de junio del 2022, sin que constara la comisión de ningún delito cometido durante esos tres años, por lo que a partir del artículo 87 del Código Penal se acordó la remisión definitiva de la pena.
Se trataba del segundo yacimiento neolítico más importante de la Península Ibérica. Ubicado en el barranco de Solencio en Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara de Huesca, en el año 2007 maquinaria pesada de la empresa Ferpi excavó sin permisos el interior de la cueva de Chaves para convertirla en un abrevadero y un pesebre para animales.
Los hechos trascendieron dos años más tarde, en 2009, cuando el director de las excavaciones arqueológicas de Chaves, el investigador Vicente Baldellou, ahora fallecido, denunció la destrucción del nivel neolítico y parte del paleolítico. Maquinaria pesada de la empresa Ferpi excavó la cueva, sin permisos administrativos, extrayendo 2.247 metros cúbicos de sedimentos, según consta en el auto judicial. Prácticamente la mitad (1.017) correspondía al nivel arqueológico del neolítico. Cuando la Guardia Civil se presentó en la Cueva de Chaves descubrió en su interior pesebres, bebederos y cuadros para los animales.
Alonso figuraba como administrador único de la finca de caza de Bastarás. Al ser declarado insolvente, la responsabilidad civil subsidiaria recayó en la sociedad titular del coto, Fimbas S.A., pero el Gobierno de Aragón todavía no ha cobrado la indemnización. La finca de caza cuenta con 1.932 hectáreas que debían pasar a manos de la comunidad autónoma. Primero se ofreció como dación en pago y después el juez decretó el embargo para afrontar la deuda de más de 25 millones de euros.
La acusación popular trata de evitar que Victorino Alonso se libre de cumplir la condena y la abogada de Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) ha recurrido ante la Audiencia de Huesca el auto de la remisión definitiva de la pena. El auto ha sido recurrido por la abogada de Apudepa Pilar Villellas, que señala que el empresario leonés era propietario o socio mayoritario de una veintena de firmas y figuraba en los Papeles de Pandora sobre paraísos fiscales. Sin embargo, solo había un saldo de 1.675,53 euros en una de las 36 cuentas compartidas con empresarios españoles.
La Audiencia Provincial de León condenó en 2019 a Victorino Alonso a dos años y seis meses de prisión al considerar que es autor responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la explotación ilegal de la mina El Feixolín, en Villablino (León). Además, se le impone multa de 19 meses con una cuota diaria de 15 euros, y dos años y tres meses de inhabilitación especial para el desempeño de funciones de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales. En mayo de 2021, la Audiencia de León lo sentenció a cuatro años de prisión por un delito contra el medio ambiente relacionado con las actividades de sus empresas mineras, pero el fallo está recurrido.
Los Papeles de Pandora ya le citaban en septiembre de 1996, cuando se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, “que expidió un poder general en nombre de Alonso unos días más tarde”. Herriard comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso en la madrileña calle de Don Quijote, y permaneció activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta el año 2018, según la investigación.