Una opa a la democracia

Desde ayer, España se parece más a una democracia orgánica o a esas otras llamadas iliberales, a la manera húngara o polaca, que a una democracia europea, liberal y parlamentaria. Con la formalización de cuatro reformas legales basadas en la cesión a los socios del Gobierno, nuestro país queda sumido en una etapa sin precedentes de recortes democráticos y retroceso constitucional. Las reformas impulsadas de común acuerdo por el PSOE y ERC sobre la sedición y la malversación, sobre el CGPJ y el Tribunal Constitucional, revelan una transformación imparable del Gobierno en un agente disolvente de la Constitución de 1978. Son todo un catálogo de abusos jurídicos: se deroga la sedición para convertir ese delito en un mero desorden público; se manipula la malversación con el único objetivo de favorecer a separatistas y corruptos para ver anuladas sus penas de inhabilitación y concurrir a futuras elecciones; se altera la ley del CGPJ para forzarle a remodelar el TC en un máximo de ocho días, por mayoría simple y sin el quórum previsto hasta ahora, y se despoja al TC de su capacidad de avalar la idoneidad de nuevos candidatos. En resumen, se trata de toda una alteración unilateral de las reglas del juego, de una superación de preceptos constitucionales por la vía de los hechos consumados, y de una amenaza penal a los vocales del CGPJ para que obedezcan. No hay atisbo de legislar por el bien común, sino una estrategia de sometimiento del Estado de derecho promovida con un fórceps jurídico que golpea a la separación de poderes e instaura una etapa de 'desconstitucionalización' del país. Solo así se entiende que la batuta legislativa en España la tenga un partido cuyos dirigentes son sediciosos condenados, por muy indultados que estén. Es impensable, en otra democracia europea, que un partido minoritario y anticonstitucional se permita domesticar al Gobierno de la nación para lograr la impunidad por delitos tan graves como la sedición y la malversación. ¿Cómo pensar que no van a intentarlo de nuevo si Sánchez y sus aliados proponen reformas que desarman al Estado con herramientas de inmunidad? Ahora imperará la peor de las manifestaciones del Derecho penal, la que los expertos llaman 'derecho penal de autor', de triste recuerdo en la historia de Europa. Se va a crear un Código Penal de intereses particulares, de objetivos partidistas y de castas sociales mientras el resto de ciudadanos se verá sometido a las normas comunes. Todo concluye en una enmienda a la totalidad y en una opa del sanchismo a la democracia por pura absorción. Sánchez parte de una premisa falsa: nadie, ni el CGPJ, ni el TC, ni la oposición, se ha declarado en rebeldía contra el cumplimiento de ningún deber constitucional. Es él quien no quiere pactar la renovación de esos órganos salvo que sea bajo sus condiciones, vetos e imposiciones. Exige obediencia a su manera de gobernar, no acuerdos parlamentarios como prescribe la Carta Magna, y si no los consigue altera el sistema de mayorías a capricho. Que haya culpas históricas compartidas con el PP sobre el uso partidista al CGPJ no debe inducir a confusión: lo que es privativo del sanchismo es su insaciable voluntad de cambiar el equilibrio de poderes para convertir al CGPJ y al TC en meras prolongaciones del Consejo de Ministros. En este contexto, Europa ya no puede hacer la vista gorda porque sus quejas genéricas, tan diplomáticas siempre, ni han frenado a Sánchez ni combaten el deterioro de nuestras instituciones. La oposición respondió ayer conforme a la gravedad de los hechos. Vox volvió a repetir la hipótesis de una moción de censura; una operación que de antemano se sabe que es cosmética e inútil desde el punto de vista de la aritmética y condenada al fracaso, aunque a primera vista es la única manera de poner a Sánchez (y a ese PSOE al que arrastra hacia un abismo antidemocrático) ante el espejo de sus invectivas. El problema es que la moción de censura es justo lo que espera Sánchez como oportunidad para blanquear todas sus políticas. Por eso, todas las partes están obligadas a un ejercicio de responsabilidad inteligente. Los partidos constitucionalistas en su conjunto (desde Vox, PP y Ciudadanos a algunas fuerzas regionales) deberían saber responder con cierta unidad de acción parlamentaria sin ventajismos particulares; las asociaciones judiciales tienen que dar un paso al frente a la altura de las circunstancias; la UE debe actuar con urgencia como árbitro frente a una tentación totalitaria en uno de los estados miembros, y también las voces discrepantes del PSOE deben salir ya del anonimato y las catacumbas para expresar su contrariedad. El momento es crítico, están en juego las bases de la Constitución de 1978.