Con la tramitación de las enmiendas presentadas el pasado viernes –cuya votación en el pleno del Congreso de los Diputados está prevista para este mismo jueves–, el Gobierno trata de pasar página sobre las cuestiones que más rechazo generan entre sus propios votantes, contrarios a las cesiones a sus socios de legislatura, y cerrar definitivamente un capítulo marcado por el desgarro ideológico que la deriva del Ejecutivo, condicionada por ERC, ha provocado en las filas del PSOE. La estrategia consiste en hacer borrón y cuenta nueva y dejar atrás cualquier controversia que lastre las expectativas electorales del Gobierno, confiado en que los denominados escudos sociales, traducidos en ayudas económicas y subsidios de todo tipo, y revalorizados en función de una crisis que no deja de aumentar, contribuyan a recuperar el afecto perdido en los últimos meses. El anuncio realizado ayer por Miquel Iceta, que adelantó la prórroga del 'bono cultural' para los jóvenes que también en 2023 cumplan dieciocho años, representa algo más que una señal sobre los planes del Ejecutivo para un ejercicio determinado por las citas electorales, hasta desembocar en unas generales cuya convocatoria depende de Pedro Sánchez y de sus previsiones y cálculos para formar una nueva mayoría en las Cortes. Tras las críticas internas que han aflorado en las últimas semanas –sofocadas de inmediato desde Ferraz, hasta imponer el discurso de La Moncloa entre los disidentes que han alzado la voz y cuestionado las políticas de La Moncloa–, el Ejecutivo suelta lastre, cierra filas y sitúa a la oposición en el centro de un debate impregnado de demagogia y centrado en el bienestar de los ciudadanos y en las recetas, aparentemente opuestas, que en tiempos de crisis aplican la izquierda y la derecha: ayudas frente a ajustes, solidaridad frente a 'recorte de derechos'. De la misma manera que, como ayer mismo hizo la titular de Educación, tacha al PP de «antisistema» y de «no respetar la separación de poderes» para invertir la carga de la prueba en su proceso de desmantelamiento y sometimiento del Poder Judicial, el Gobierno recurre al fantasma de los recortes públicos para infundir temor en el electorado y condicionar su voto en función de las ayudas que reparte sin la necesaria responsabilidad fiscal. Es Europa, en ambos casos, quien decide. Bruselas ha tolerado hasta el momento la campaña de hostigamiento al Poder Judicial que ha llevado a cabo el Ejecutivo, como también le ha proporcionado los medios económicos para poner en marcha una política de ayudas que en 2023 se va a acelerar, como Iceta adelantó ayer, por simples criterios partidistas. Los ajustes que en su última etapa tuvo que aplicar el Gobierno de Rodríguez Zapatero –ignorados por la propaganda oficial, aún más severos que los aplicados por el primer equipo de Mariano Rajoy– tenían el sello de la Unión Europea, que ahora, en un cambio radical del modelo comunitario de sostenibilidad financiera, da su visto bueno a la barra libre del gasto público, convertido en 'social' por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La misma desmemoria que permite olvidar los recortes de Zapatero es el resorte en el que confía el Gobierno para que las heridas abiertas por sus cesiones al separatismo, hasta afectar a la médula del Estado, den paso a un 2023 en el que el reparto de bonos, ayudas y prestaciones pueda mejorar sus expectativas. Vuelve a ser Europa, ahora metida en otra guerra, la que en todo caso consiente el deterioro al que conduce esta nueva permisividad.
