PP y Vox escenifican su alejamiento a cuatro meses de las elecciones en las que volverán a necesitarse
El anuncio de un simple protocolo médico ha reventado el inicio de año que habían diseñado los estrategas del número 13 de la madrileña calle de Génova. El 9 de enero, el PP presentaba con cierta dosis de misterio impostado a su "portavoz de campaña", Borja Sémper. Tres días después, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, anunció un nuevo reglamento de actuación en la atención a mujeres embarazadas destinado, según el dirigente de Vox, a disuadir a las que quieran abortar. La vacilante gestión de la crisis ha concluido con el recule de la Junta que preside Alfonso Fernández Mañueco y un conato de guerra en la derecha. Pero solo dialéctica. Si hay una conclusión a lo ocurrido en la última semana es que el PP no puede prescindir de Vox. Ni Vox estirar demasiado la cuera. Ambos se necesitan.
El PP da por zanjada la profunda crisis, ideológica y estratégica, que le ha abierto Vox con uno de esos asuntos que tanto daño hacen al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo porque ataca a la línea de flotación de sus contradicciones. El requerimiento formal enviado por el Gobierno central ante el posible incumplimiento de la ley ha sido denostado desde el Ejecutivo autonómico, que ha acusado a los periodistas y a otros partidos de inventarse una polémica "inexistente", en palabras de Mañueco.
Pero la realidad es que la intervención del Gobierno obligó al PP a dejar de hacer equilibrios dialécticos y dejar por escrito que no se iba a aprobar ningún nuevo protocolo. Mañueco reveló este viernes durante una visita a la feria de turismo de Madrid (Fitur) que el jueves había tenido una conversación (que en declaraciones a La Sexta calificó de "seria y fructífera") con Gallardo, desaparecido en los últimos días.
Pese a que el pasado 15 de enero Gallardo escribió en su cuenta de Twitter que no iba a dar "ni un paso atrás", Mañueco ha impuesto su criterio, al menos de momento. "Quien fija la posición en el Gobierno de Castilla y León soy yo", dijo este viernes en Fitur. Y nadie le ha replicado desde Vox. En la feria de turismo Mañueco estuvo arropado durante toda la jornada por Feijóo, que se dejó hacer decenas de fotos con el presidente castellano y leonés.
El PP ha intentado salir al paso de esta inesperada crisis como ha podido, o sabido. Primero, con el silencio de Feijóo. Fue Sémper, ya en su papel real de portavoz de la dirección, quien intentó salir al paso con un discurso duro contra la ultraderecha, pero intentando salvar a su jefe ("está a otras cosas") y salvaguardando la coalición con Vox, que dejó al albur de Mañueco. Después, al ataque contra el Gobierno central, que se da por satisfecho con la resolución del conflicto.
La reacción de Vox fue muy similar en lo estratégico, aunque con una ejecución más propia de su habitual estilo. La ultraderecha arremetió con dureza contra el PP nacional de Feijóo, al que amenazó con "revisar el acuerdo" con Mañueco, en palabras de Iván Espinosa de los Monteros. Algo que suena más duro de lo que es, porque en ese momento quedó claro que el Gobierno de Mañueco no está en riesgo de ruptura.
Vox añadió un componente: el ataque a los medios de comunicación. Pero no a los supuestamente "enemigos" de la ultraderecha. O no solo. Aunque sus diferentes portavoces han arremetido contra el Grupo Prisa, la Ser y El País, en quienes han personificado las críticas a su plan contra los derechos de las mujeres. También contra los medios que ellos sitúan más en su órbita.
El caso paradigmático es el de esRadio, donde opera Federico Jiménez Losantos. La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, acudió a una entrevista en la que el locutor amenazó con dejar de votarles (sic). La diputada autonómica no se arredró y acusó al PP, y veladamente al propio Losantos, de temer a la "prensa de izquierdas".
De fondo, en realidad, había algo más: el 'no' de Vox a los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid solo ha logrado aprobar unas cuentas públicas en sus cuatro años de mandato. En estas de 2023 Vox, tras presentar tarde sus enmiendas, reclamó la derogación de la ley trans autonómica para votar a favor. Ayuso dijo que "no" y no hubo presupuestos. Tampoco en el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida.
Resultado: el PP no puede gobernar sin el apoyo de Vox. Ni siquiera allí donde se supone que cuentan con liderazgos abrumadores. O supuestamente abrumadores, visto lo visto. Feijóo es consciente del problema y por eso reclama mayorías amplias, la "unión del voto de centroderecha", intenta pescar en los caladeros de los descontentos con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, y sus acuerdos con ERC o EH Bildu. Pero las encuestas son insistentes: está lejos de conseguirlo.
Él y la mayoría de los candidatos que concurren este 28 de mayo a las elecciones. De hecho, algunos pugnarán por ser segundos y, en el mejor de los casos, sumar con la ultraderecha para desbancar al PSOE, Unidas Podemos y sus aliados. Quizá por eso Feijóo ha limitado su propuesta de pactar que gobierne la lista más votada a las elecciones municipales. Si su campaña para Moncloa precisa de un empujón en forma de nuevo gobierno autonómico no es cuestión de quitarse opciones. Como dijo el propio dirigente gallego esta semana: "A mí me interesa eso de la lista más votada".
El enfrentamiento entre PP y Vox, real, se suma a otros que se han cocinado en las últimas semanas. La moción de censura anunciada por Santiago Abascal, y nunca presentada, ya supuso un duro pique entre los dos partidos. También las presencias y ausencias en la concentración convocada por diferentes organizaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El PP negoció su asistencia, movió de día un acto en Madrid para que no coincidiera, para finalmente dejar su representación en dirigentes de segundo nivel. Ni Feijóo ni Ayuso acudieron a la cita. Tampoco el alcalde, siempre presto a manifestarse contra el Ejecutivo. Ni, en principio, la secretaria general, Cuca Gamarra, o el coordinador, Elías Bendodo.
Pero existe un principio básico en política: las discrepancias se negocian. Máxime en gobiernos de coalición que, además, parece que han venido para quedarse de forma mayoritaria. Las relaciones entre Génova y la sede de Vox, en la calle Bambú de Madrid, son fluidas. Hay conversaciones a diferentes niveles. De presidente a presidente, pero también por debajo. Aunque Feijóo y Abascal coinciden en que no han hablado en concreto del aborto, sí lo hacen de forma habitual. Y otros dirigentes importantes de ambos partidos, también durante esta crisis.
Cada uno está intentando movilizar a los suyos. El PP, mostrar un perfil más centrado en una cuestión que, como reconoció el propio Feijóo, su partido defiende posiciones minoritarias en España. El aborto no está en debate, dijo Borja Sémper. Y el presidente zanjó: el PP asume la ley de plazos. Vox, por su parte, ve una posible fuga del voto más reaccionario para recuperar aire antes de las elecciones y no sucumbir al empuje de un Feijóo que ha visto cómo su 'efecto' se ha diluido. Se permiten puyas, gritos y aspavientos. Pero con límites: tras el 28 de mayo habrá que negociar cientos de gobiernos municipales, provinciales y autonómicos.