Presidente Rodrigo Chaves intentará usar a Procuraduría como órgano acusador
‘Ya no vamos a confiar únicamente en la Fiscalía’, alega el mandatario Rodrigo Chaves al anunciar la intención de usar a la Procuraduría.
Rodrigo Chaves, presidente de la República, intentará usar a la Procuraduría General de la República (PGR) como órgano acusador. El primer intento será el supuesto “megacaso” de evasión fiscal anunciado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el cual había sido desestimado por el Ministerio Público.
La Procuraduría es el abogado y asesor legal del Estado. Se trata de un órgano que goza de independencia de criterio. Si bien el artículo 16 del Código Procesal Penal faculta a la PGR para iniciar acciones penales, el exprocurador general, Julio Jurado, había explicado que el ejercicio de esa facultad conlleva serias dificultades, en la práctica. Se trata de un “resabio” del antiguo procedimiento penal, antes de que la persecución se trasladara a la Fiscalía en 1973.
El expediente con el que Chaves intentará usar a la Procuraduría como órgano acusador es en el que figuraban el banco BCT y su socio y fundador Leonel Baruch, dueño del medio de comunicación CRHoy.
El 9 de enero, la Fiscalía notificó a Tributación Directa de que había desestimado el caso y, aún así, el ministro de Hacienda lo anunció en conferencia de prensa, la semana pasada, junto con el director de Tribuación, Mario Ramos.
Baruch anunció este miércoles que denunció a Nogui Acosta y a Mario Ramos por abuso de autoridad, difusión de información falsa y suplantación de páginas electrónicas.
El empresario dijo entender que los ataques obedecen a que él es presidente de la Junta Directiva de CRHoy y que “no es propio de un régimen democrático hacer uso de la institucionalidad del Estado ni de los recursos públicos para actuaciones criminales con fines oscuros que, lejos de buscar el bien común, busca atacar a quienes considera sus enemigos”.
Chaves argumentó que un juez no ha decidido si acepta la solicitud de desestimación del Ministerio Público, pero que en todo caso, “nosotros no vamos ya a confiar únicamente en la Fiscalía para estos casos”.
Dijo que instruyó al ministro de Justicia, Gérald Campos, para que solicite la intervención de la PGR en este caso “y en los que siguen de megaevasiones, o donde se alegan megaevasiones, directamente ante los Tribunales”.
El ministro dijo que envió un oficio a la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas, para pedirle que continúe ella o la Procuraduría con la investigación a la luz del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
“Le estamos pidiendo que como representante y abogado del Estado y de los intereses del Estado, se prosiga con la investigación que lleva el Ministerio Público no solamente revisando, sino yendo más allá de aquellos actos que considere que hagan falta, para llegar a establecer qué fue lo que realmente sucedió”, dijo el ministro de Justicia, el cual aspira a ser director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Tanto Campos como Chaves cuestionan que la denuncia, que entró de forma anónima, haya sido puesta en setiembre y que el caso haya sido resuelto en enero.
Según Hacienda, lo que la denuncia anónima indicaba es que una empresa domiciliada en Costa Rica trasladó a una empresa holding vinculada, domiciliada en Panamá, $65 millones, y que ambas empresas pertenecen a la misma persona física.
“A su vez, una entidad financiera panameña, también vinculada a la misma persona física y a la empresa costarricense, efectuó un préstamo por $65 millones a esta empresa. La garantía por tal préstamo fue brindada por la empresa holding panameña”, informó el ministerio.