La batalla de un jubilado para tumbar una multa por la 'ley mordaza': "Hay que derogarla porque es pura represión"
Antonio Morillas lleva toda la vida luchando contra las injusticias. En su etapa de concejal del PSUC en Granollers (Barcelona) tras la dictadura, hizo retirar la cruz franquista de delante del Ayuntamiento. Hace dos años, presenció una actuación racista de la policía local del municipio con un menor de origen marroquí frente a la puerta del colegio de su nieta. Y protestó, lo que le valió una multa en base a la ‘ley mordaza’ que ahora ha logrado anular tras una batalla judicial que, reconoce, no todo el mundo tiene dinero o tiempo para asumir.
“Esta ley tiene que derogarse ya porque es pura represión y va contra la libertad de expresión de la gente”, defiende este jubilado. La ‘ley mordaza’ fue aprobada en 2015 por el PP y a día de hoy los trabajos para reformarla siguen encallados en el Congreso pese a que PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a suprimirla si llegaban al Ejecutivo.
Detrás del caso individual de Morillas emergen varios problemas. Entre ellos, el margen de discrecionalidad que otorga a los agentes la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'ley mordaza', y la dificultad del ciudadano multado para contradecir la palabra policial.
En 2021, último año con datos disponibles del Ministerio del Interior, hubo 26.254 sanciones por “faltas de respeto” a agentes policiales, como la que le fue impuesta a Morillas. Este tipo de sanciones permitieron recaudar 5,1 millones de euros, y solo fueron superadas por las multas por consumo de droga. A ellas hay que sumar las sanciones realizadas por la Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y policías locales.
22 de marzo de 2021. Sobre las 17.00 horas, Morillas, acompañado de su hija Maria José, acude a buscar a su nieta al colegio Ponent de Granollers, un centro considerado de alta complejidad, con muchos alumnos de familias humildes y de orígenes diversos.
“De repente”, rememora el jubilado, dos agentes de la policía local del municipio salieron del coche patrulla y dieron el alto a dos adolescentes de origen marroquí que iban a buscar a su hermano al colegio. Frente al centro escolar, les confiscaron el patinete eléctrico que llevaban (pese a que no iban montados en él), en una actuación que provocó el llanto de uno de los menores, según recuerda María José Morillas, hija de Antonio y que también presenció la escena.
“La policía fue totalmente racista, fue una actitud totalmente desproporcionada en un entorno escolar”, censura María José Morillas. Su padre sacó el teléfono móvil para hacer una foto a los agentes y presentar una queja al Ayuntamiento, a lo que los uniformados replicaron tomando sus datos ante un eventual uso indebido de las imágenes.
Finalmente la queja no la presentó Morillas, sino la Asociación de Familias del centro en pleno. Tras una reunión en el mes de mayo, a finales de agosto Morillas recibió en casa una sanción de 300 euros por “falta de respeto” a los agentes a los que reprochó la confiscación del patinete a unos menores. En el expediente, los agentes hicieron constar que Morillas les dijo que daban “asco” y que eran “votantes de los fascistas de Vox”. “Pero eso era y es mentira, yo nunca dije eso”, afirma el jubilado.
No tuvo éxito Morillas en sus alegaciones ante el Ayuntamiento de Granollers, que siguió dando veracidad a la palabra policial. Sin embargo, un juez de lo contencioso administrativo ha dado la razón al jubilado y ha obligado el Ayuntamiento a devolverle los 300 euros de multa al concluir que “puede ponerse en duda” que Morillas dijera los insultos que le atribuyeron los policías.
Morillas también llevó el caso a la Síndica de Greuges, la Defensora del Pueblo catalán, que en un contundente informe ha censurado la actuación del la policía local tanto con el menor como con el jubilado. “La presunción por parte de los agentes de un posible delito en la tenencia de un patinete eléctrico por parte del menor de origen marroquí puede tener que ver con factores relacionados con el carácter racial, aunque no se sea consciente de ello", reza la resolución de la Síndica.
La abogada de Morillas, Laura Medina, de Baula Advocacia, explica que casos como el de este jubilado no son habituales por la "carrera de obstáculos" que supone recurrir una infracción por la 'ley mordaza'. Al ser sanciones de cuantía moderada por la vía administrativa, lo usual es que se abonen las multas antes de enfrentarse a todo el proceso de recursos. "Es una norma que deja indefenso al ciudadano", lamenta la letrada, que cree conveniente la derogación de la ley o, al menos, sus artículos más polémicos como las sanciones por "faltas de respeto" a la policía, que su juicio colisionan con la libertad de expresión.
Medina explica que los que deciden recurrir solo pueden plantearse ganar una vez el caso llega a la vía judicial, porque las primeras alegaciones ante la propia administración suelen perderse al darse veracidad total al relato policial. "El margen de discrecionalidad que la 'ley mordaza' da a los agentes es tan alto que bordea la arbitrariedad", asevera la abogada, que recuerda que el efecto disuasorio de la protesta y la crítica "es el mismo" con multas administrativas que con casos que vayan por la vía penal.
Para tumbar su multa, Morillas tuvo que buscar abogada, recurrirla ante el juzgado y encontrar a testigos que pudieran contradecir el relato policial. Afortunadamente para él, los hechos ocurrieron en la puerta de un colegio lleno de familias que iban a buscar a sus hijos, y pudo llevar a la vista judicial a dos testigos que, según la sentencia, "permiten al menos poner en cuestión la veracidad" de lo escrito por los agentes en el acta de sanción.
"Yo estoy jubilado, y quería llegar hasta el final porque lo que viví fue un atropello. Luchar por mis derechos es lo que he hecho toda la vida, pero entiendo que la gente que trabaja y tiene niños pues pague y se olvide porque no tiene tiempo o dinero para gastar en abogados", reflexiona Morillas. Su hija le da la razón: "Es injusto, pero tienes que gastar dinero por defender tus derechos ante la palabra de un policía".
La familia Morillas se muestra especialmente satisfecha por el minucioso informe realizado sobre los hechos por la Sindicatura de Greuges. Además de amparar bajo la libertad de expresión las quejas de los padres a la actuación policial y de censurar la confiscación del patinete a los menores, la Síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas, propone al Ayuntamiento de Granollers "revisar" la actuación de los agentes e incorporar en los protocolos policiales "acciones para evitar caer en cualquier forma de discriminación".
También solicita la defensora del pueblo catalán al consistorio "garantizar" una formación específica a los agentes sobre el trato con menores, y que la policía local trabaje con el AMPA del centro escolar de igual a igual para ahondar en su labor comunitaria y revertir la "imagen de desconfianza" creada por su actuación con los dos adolescentes. "Ahora ya solo falta que los políticos deroguen la 'ley mordaza'", concluye Antonio Morillas.
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