A finales de mayo del año pasado, el cine español se revolvió contra el Gobierno de Pedro Sánchez por aprobar la Ley Audiovisual, que según denunciaron «ponía en riesgo la producción independiente». Por entonces, el Ministro de Cultura, Miquel Iceta, quiso tranquilizar al sector prometiendo que la Ley del Cine resarciría a los agraviados. Sin embargo, la norma ya esta en el Senado y se aprobará, si no hay giros de guión, en las próximas semanas puesto que solo hay una enmienda a la totalidad, la de Vox, y tanto el Gobierno como sus socios tienen la urgencia de sacarla adelante antes de que acabe la legislatura. Pero el texto que salió del Congreso y que se mantendrá sin cambios sustanciales en la Cámara alta está lejos de contentar a parte de la industria.
Ayer, representantes de la Federación de Cines de España (FECE) confirmaron que habían trasladado tanto al Ministerio de Cultura como a los diferentes grupos parlamentarios sus reivindicaciones para modificar la nueva Ley del cine, entre las que incluyen la eliminación de la cuota de pantalla que les obliga a proyectar un 20 por ciento de cine español, europeo o iberoamericano, asegurar una ‘ventana de exhibición’ de cien días (esto es, que las películas no puedan llegar a las plataformas hasta tres meses después del estreno) o un mediador en el Ministerio para no escalar posibles conflictos. «Es una ley continuista y supone una oportunidad perdida», anunciaron en un encuentro con los medios. «Lo que iba a ser un cambio para adecuar la antigua norma al Hub audiovisual se ha convertido en un cambio total», denunciaron, al tiempo que advirtieron que varios grupos políticos han «recogido» sus propuestas pero sin la confirmación de que las incluirán en sus enmiendas, de haberlas.
Las reivindicaciones de los exhibidores –esto es, los «dueños» de las pantallas– llegan al mismo tiempo que las de los productores independientes que salieron tan descontentos de la Ley Audiovisual y que ahora vuelven a cargar contra el Ministerio de Iceta. Aunque éstos les «reconocen y agradecen» el cambio que establece una definición de ‘productor independiente’ que evita que agentes externos puedan acceder a las ayudas específicas para ellos, lamentan que la reducción de cuota que obliga a exhibir según qué cine castigue precisamente a su trabajo. Es decir, dos de los sectores fundamentales de la industria están descontentos con la escritura de la ley que debía aunar consensos para paliar las fuertes críticas que desató la Ley Audiovisual.
Problemas con las ayudas
Así, Luis Gil, director general de la Federación de Cines de España (FECE), celebró que el Ministerio haya dotado de ayudas a las salas, «las más perjudicadas por el Covid»; pero no las tienen todas consigo. Las aprobadas en 2022, de 10 millones de euros, se repartieron vía ICAA y de manera centralizada. Las de 2023 serán de 14,5 millones vía Presupuestos Generales del Estado, esto es, las Comunidades tendrán que gestionarlo. Madrid, Andalucía y País Vasco han advertido de que es probable que no puedan hacerlo. Por su parte, el presidente de la federación, Álvaro Postigo, señaló que nunca habían tenido tanta interlocución con un ministro:«Han hecho lo que han podido, pero es cierto que Francia, Italia y Alemania han tenido más ayudas y más rápido».
El poder de las plataformas
Por otra parte, desde FECE también han reiterado de nuevo la importancia de alcanzar los 100 días en la exclusividad de exhibición de las nuevas películas –actualmente está en 45 días–. «Hemos encontrado muchas dificultades porque las plataformas tienen mucha fuerza y forman un bloque», ha lamentado Gil, pese a que desde la Federación se ha insistido en que Netflix, HBO u otras «no son el enemigo», informa EP.
No han sido las únicas reclamaciones: desde FECE se ha instado al establecimiento de «herramientas ágiles para resolver conflictos» entre las salas de cine y los distribuidores –pese a que la Ley contempla la creación de un Consejo Estatal que «puede no ser suficiente» en estos casos–. Asimismo, critican que la nueva legislación obligue a facilitar datos de espectadores de contenidos alternativos (óperas, ballets...).
«Somos un sector transparente pero ofrecer estos datos permite a otros controlar más si cabe esto y nos asusta quién lo pide», ha alertado Postigo. Tampoco «ha sentado bien» el que las administraciones públicas puedan proyectar películas 6 meses después de su estreno --hasta ahora eran doce meses--.
A por los cien millones de entradas vendidas
«Nos gustaría acceder a incentivos o líneas de financiación para la adecuación de salas, por motivos tanto de eficiencia energética en climatización o las proyecciones digitales, que son cambios que van a necesitar prácticamente todo el sector», ha reconocido Postigo. En cualquier caso, esto llega en un momento de «despegue» para las salas, después de la crisis sufrida por la pandemia.
«No tenemos dudas de que vamos a recuperarnos y superar la cifra de venta de 100 millones de entradas, pero necesitamos un paraguas. Ahora no se ha superado todavía los 80 millones, que es el umbral de supervivencia y por debajo se sufre mucho y por eso queremos medidas que aceleren el proceso», ha apuntado el presidente de FECE, quien ve el segundo semestre del año 2024 como la fecha clave de recuperación.
