Vecinos de Sanse se movilizan contra un macroproyecto urbanístico: "Nos quieren arrebatar el pulmón verde"
"Fuimos muchos los que decidimos vivir aquí, en Sanse, y alejarnos un poco del centro, por el reclamo de las zonas verdes y ahora nos encontramos con que buena parte de ese pulmón nos lo quieren arrebatar". Javier, Emilia, Aurelio, Luna y Germán cuentan sus quejas mientras pasean por el parque natural del Cerro del Baile, un paraje natural de San Sebastián de los Reyes por el que entrada la mañana muchos perros juguetean bajo la atenta mirada de sus dueños. El día ha amanecido medio soleado pero hace un frío intenso, hasta el punto de que al final empiezan a caer unos tímidos copos de nieve.
Los cinco son vecinos de este municipio del norte de Madrid que se han unido en una Plataforma, “Dehesa Viva”, en la que se han integrado diversas asociaciones, como Animalistas Sanse y Sanse al Natural, que hace varias semanas comenzó a recoger firmas con un mismo fin: paralizar una macrooperación urbanística en el Cerro del Baile que el vicealcalde de la ciudad y responsable de Urbanismo, Miguel Ángel Martín Perdiguero (de Ciudadanos), está empeñado en sacar adelante como sea "incluso a costa de destrozar el entorno natural", denuncian. Se trata de un ambicioso complejo urbanístico que albergará unas 3.600 viviendas, de las cuales, según el Consistorio, 2.198 serán viviendas "protegidas" -1.058 de gestión municipal y 1.466 viviendas de precio libre- y que tanto esta Plataforma vecinal -ajena a los partidos políticos- como el grupo de la oposición Izquierda Independiente consideran un “gran pelotazo urbanístico de dudosa legalidad".
"Lo que van a hacer es una barbaridad aunque nos lo quieran vender como un proyecto sostenible y estupendo que va a redundar en beneficio de la comunidad. Pero de ejecutarse desaparecería la diversidad paisajística de este entorno natural”, alerta Germán Peña, sociólogo y vecino desde hace trece años del municipio, que ejerce como portavoz de la Plataforma. Emilia, Aurelio y Luna, los tres pensionistas, confirman lo dicho por Germán. "Es una electoralada", apostillan con enfado.
Al grupo se une más tarde Iván Flores, activista de Animalistas Sanse, que junto a Javier Torres, de Sanse al Natural, se encarga de explicar las "desastrosas consecuencias medioambientales" que tendrá el proyecto urbanístico para el municipio. "Cerro del Baile es un monte natural que se encuentra pegado a la Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes y al Soto de Viñuelas, dos espacios que forman parte de la Red Natura 2000, de protección europea. Al estar libre de edificaciones, actúa como amortiguador reduciendo la presión urbanística, ya exagerada, que sufre la Dehesa, así como la contaminación de la misma y del propio Soto", cuenta Javier, mientras un rebaño de ovejas atraviesa el monte.
"La Dehesa Boyal, por su parte, es un espacio de alto valor medioambiental, que se encuentra dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Y, a su vez, el Soto de Viñuelas es también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)", prosigue. "Todo ello forma un ecosistema muy rico en el que habitan desde jabalíes, ciervos, zorros, conejos, liebres o erizos, a reptiles y anfibios como la culebra de escalera, culebra bastarda. Y muchas aves, incluso el águila imperial, que está en peligro de extinción, así como el milano negro, el milano real, el abejaruco, la oropéndola, el rabilargo o el autillo", apostilla por su parte, Iván, quien recuerda cómo hace apenas dos años tuvieron que impulsar otra campaña de firmas contra la caza del jabalí "con arco y flecha" autorizada por el Ayuntamiento, que consideró que estos animales suponían un peligro para la población al acercarse a comer al entono urbano. "Fue una presencia muy puntual porque algunas personas les daban comida. El Ayuntamiento sembró una alarma infundada", explica Iván.
Los dos activistas se muestran ahora muy preocupados por las consecuencias medioambientales del proyecto "que serían irreversibles", entre otras cosas por el aumento de instalación de tendidos eléctricos "que para las aves puede supone una mortalidad del 50%". "Por si fuera poco, se ha diseñado que un tramo de la M-50 pase por aquí para facilitar el acceso a la macro urbanización, ya que el plan no contempla transportes públicos, por lo que el uso del coche será imprescindible convirtiendo la zona en una ratonera de atascos". "Todo ello supondrá una afluencia insoportable de coches con la consiguiente emisión de CO2 y aumento del ruido", añaden.
Según recuerdan, la ley de Evaluación de Impacto Ambiental española obliga a hacer un estudio previo para ese tipo de proyectos para conocer los efectos que pueda tener en esos espacios protegidos, "pero en la documentación pública que hemos visto sobre la operación que quiere llevar a cabo este Ayuntamiento nadie ha visto que exista este estudio", aseguran.
Otra de sus preocupaciones es la falta de equipación de servicios, especialmente de atención sanitaria con la que se encontrarían. "La Dehesa Vieja tiene un déficit en centros de salud, es una reivindicación histórica, de hace más de una década, a la cual todavía no se ha dado respuesta. Las vecinas y vecinos de este distrito tienen que acudir al Centro de Salud Rosa Luxemburgo, el cual ya está más que saturado (atiende a 37.000 personas, cuando el máximo son 20.000). Pues bien, a esta realidad hay que sumar los habitantes de esas 3.600 viviendas, ya que no hay proyectado ningún otro centro de salud en el nuevo desarrollo urbanístico".
La historia de todo este proyecto se remonta a hace más de una década cuando un anterior gobierno del PP decidió recalificar los terrenos para convertirlos en urbanizables. Sin embargo, la crisis económica y luego la pandemia lo paralizó todo. La idea se retomó con la llegada al poder del PSOE y Ciudadanos, cuyo vicealcalde, Martín Perdiguero, proviene de las filas populares.
En septiembre de 2020, el gobierno municipal presentó al Pleno la aprobación de este planeamiento para su desbloqueo, que contó con el apoyo de los dos partidos en el Gobierno, PSOE y Ciudadanos y los votos a favor del PP y Vox. Izquierda Independiente y Podemos Sanse votaron en contra y Más Madrid-IU-Equo se abstuvieron. Entonces Izquierda Independiente recurrió su aprobación, entre otras razones por reservar suelo para un tramo de la vía de cincunvalación de la M50, la futura autopista que planean que pase entre la Dehesa Boyal y la zona urbana, algo que ha sido cuestionado por razones de impacto ambiental. Pero perdió y los planes siguieron su curso. El Plan General de Cerro del Baile se aprobó un año después, en 2021.
En la actualidad, la operación sigue pendiente del proyecto de reparcelación del sueloun requisito imprescindible para que comiencen a ejecutarse las obras. Sin embargo, los promotores, el grupo de propietarios representados en la Junta de Compensación por el empresario Peter Lasa Georgas, ya están publicitando las viviendas. De hecho, los vecinos de Sanse están recibiendo desde hace días en sus buzones folletos con las bondades del proyecto.
También La Plaza, la revista informativa y de servicios que edita el Ayuntamiento avisa en su último número que "se abre el plazo de preinscripción entre el 3 de abril y el 2 de junio" para solicitar a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (que preside Perdiguero) los pisos del cupo de protección municipal. "Están vendiendo humo", aseguran los miembros de la Plataforma vecinal, convencidos de que van a lograr paralizar los planes del Ayuntamiento.
El portavoz de Izquierda Independiente, Juan Torres, también denuncia las numerosas irregularidades que en su opinión rodean a este macroproyecto. Entre ellas, que se está dando por hecho el convenio cuando aún no hay siquiera proyecto de reparcelación. Y es que, según pudo comprobar Torres, en las actas de la reunión que mantuvo el pasado 6 de febrero el vicealcalde Martín Perdiguero con los propietarios del suelo se dice textualmente que "existe actualmente un borrador del convenio entre Ayuntamiento y Junta de Compensación que está circulando entre los consejeros y al cual ya han dado inicial y oficioso visto bueno algunos empleados municipales”, algo que desde el partido local han considerado “muy grave”.
Torres ha exigido además conocer los informes de los técnicos municipales que le consta que existen y que podría ser contrario a su ejecución. De hecho, en dichas actas, a las que ha tenido acceso esta redacción, se reconoce que la asesoría jurídica del Consistorio rechazó hace unos meses un convenio parecido "por ir en contra de los intereses municipales". En las actas también se señala que siguen "a falta de los informes favorables de medioambiente de la Comunidad de Madrid".
Torres hace hincapié en que lo que se pretende desde el Gobierno municipal es "favorecer los intereses particulares de los promotores del proyecto urbanístico". Además, alerta de que el Ayuntamiento tiene prisa porque durante otra reunión celebrada en abril de 2022 –de la que también hay actas– las partes advierten de que "si no se optan por un acuerdo ahora [con el actual gobierno de PSOE y Ciudadanos] la Junta de Compensación podría quedar al albur de futuros cambios de opinión del Ayuntamiento determinantes, quizás, de una cesión perjudicial para dicha Junta de propietarios”.
"Todo está siendo muy opaco", lamenta el concejal de la oposición, quien el día de la visita de elDiario.es al municipio madrileño quiso unirse al final también a la reunión con los vecinos, con los que compartió sus preocupaciones. Y es que para el portavoz de Izquierda Independiente detrás de todo este asunto lo único que hay es "pelotazo, ilegalidad y caciquismo". "¿Desde cuándo un Ayuntamiento recibe un compromiso de una Junta de Compensación para hacer vivienda de protección pública? ¿No tendría que ser al revés? ¿No debería ser el Ayuntamiento quien impone a la Junta de Compensación el resultado de una reparcelación que supuestamente pretende promover la vivienda pública?", se pregunta. “Y, quizás lo más importante: ¿por qué tapan el pelotazo urbanístico con las viviendas públicas, de las que no se conoce ni el precio ni nada más?. “Todo es sencillamente bochornoso”, concluye Torres, que ya ha advertido que de seguir adelante llevarán todo este asunto ante los tribunales.
De momento, han pedido la destitución del vicealcalde Martín Perdiguero, y la del concejal de Hacienda Juan Olivares, “por tomar decisiones que no les corresponde usurpando funciones de la Junta de Gobierno y del Pleno Municipal, además de poner en peligro el futuro del municipio y jugar con la necesidad y esperanza de muchos vecinos y vecinas de tener una vivienda digna”.
Tampoco el PP ve ahora con buenos ojos la operación urbanística. La candidata popular a la Alcaldía, Lucía S.Fernández, acusaba al Gobierno del PSOE y de Ciudadanos de "intentar engañar a los vecinos con el tema de la vivienda pública". "Lo que están diciendo es falso y están jugando con los sentimientos de la gente. Estas construcciones jamás se van a poder desarrollar. Todo es humo”, coincidía en señalar la edil del PP, que considera que los socialistas "solo tratan de conseguir votos a escasa fechas de las elecciones con promesas que nunca va a poder cumplir". La edil del PP advierte de que "cualquier paso que dé el equipo de Gobierno fuera de la Ley será judicializado de inmediato". Frente a eso, su grupo se compromete a "la construcción de 1.000 viviendas públicas de alquiler".
Pese a todo, el lunes, 13 de febrero tenía lugar una rueda de prensa que fue presidida por el vicealcalde Martín Perdiguero, quien estuvo acompañado por el empresario Peter Lasa Georgas, con el fin de firmar ese protocolo de intenciones que, según denuncia Torres, “nadie ha podido ver ni revisar”. A esa convocatoria con los periodistas, extrañamente, no asistió el alcalde del municipio Narciso Romero, candidato del PSOE de nuevo a la alcaldía. Al regidor, que dijo tener a esa misma hora otro compromiso, se le vio sin embargo por los alrededores del Ayuntamiento. "No fue porque no quiso", aseguran los miembros de la Plataforma vecinal.
Fuentes de la Alcaldía que dirige Romero explican que no fue a la rueda de prensa porque "las competencias están delegadas en las áreas y es habitual que sean los propios concejales los que expongan sus materias", y que eso no quiere decir que el alcalde esté en contra de este proyecto. "Es una información que ha centralizado la Empresa Municipal de la Vivienda, que preside el vicealcalde Perdiguero". "No es nada raro que el alcalde no aparezca públicamente en las campañas, pero eso no quiere decir que no las apoye, simplemente significa eso, que no aparece".
En aquella comparecencia ante la prensa, el vicealcalde Perdiguero adelantó que los precios de las viviendas "serán los tasados por la Comunidad de Madrid. Este organismo lo determinará”. También señaló que se iba a celebrar "una asamblea para la reparcelación" y que "posteriormente, el Ayuntamiento recibiría el informe y los técnicos municipales tendrán que pronunciarse" con la idea de que la construcción de la urbanización “comience en dos años".