Repóquer de Navarros
Es curioso que en Tenerife haya muchas más personas apellidadas Navarro que en la propia Navarra, en la que el porcentaje de este gentilicio no llega ni al uno por ciento. Esta circunstancia anecdótica explica tal vez cómo, en la batalla política en torno a la corrupción, esta semana se han cruzado las noticias sobre dos Navarro, los dos canarios. Uno el mediador de la cutre escandalera del PSOE y otro presidente de la Audiencia Nacional, presente en los mensajes del ex secretario de Estado de Justicia, Francisco Martínez, al que se le piden 15 años de prisión por su participación en una trama orquestada desde el Ministerio del Interior de Rajoy. A mí me interesa más el último por dos cuestiones obvias: la primera, que la utilización de los mecanismos del Estado y el dinero público para obstaculizar la justicia y favorecer a tu partido es mucho más grave que extorsionar a queseros prometiéndoles presuntos favores y, la segunda, que el tema de la Justicia se me da más, como saben.
Vamos pues con las conversaciones del magistrado que preside la Audiencia Nacional desde hace casi diez años y el defenestrado segundo de Fernández-Díaz, que se prolongan en el volcado telefónico durante un año (de febrero 2018 a enero de 2020) en lo que José Ramón Navarro ha manifestado era una forma "de darle largas", lo cual es cierto puesto que de ninguno de los textos conocidos se desprende que le dijera o entregara ningún dato o información que supusiera faltar a sus obligaciones de reserva como presidente. Eso no empece para que fueran unas largas muy largas. Quiero decir que yo misma he intentado hablar con él sobre esta cuestión y Navarro me ha dado unas educadas largas que dejaban claro que no había nada que hacer. Eso no sucedió con Francisco Martínez, con el que queda constancia de que había la suficiente intimidad para cenar unos en casa de otros, y al que le dio largas que no fueron tan contundentes. "Fue imprudente no cortar cuando tocaba", ha manifestado en una entrevista.
Eso que él llama imprudencia va a servir como palanca para intentar ponerle en aprietos la próxima semana. Utilizando el artículo 608.3 de la LOPJ se va a solicitar que la Comisión Permanente del CGPJ inste al promotor de la Acción Disciplinaria a abrir un expediente en este caso. No irá a parte alguna, eso creo que se puede avanzar. Por causas prosaicas, como que los conservadores tienen mayoría en esa comisión, y por causas más de fondo, como que de los mensajes no se deduce ninguna conducta que se inscriba en las recogidas como faltas disciplinarias de un magistrado. El segundo frente pasará por intentar interponer una querella contra José Ramón Navarro ante la Sala II del Tribunal Supremo, a la que está aforado, que correrá parecida suerte, habida cuenta de que no hay indicios reales de la comisión de un delito y, en otro plano, porque esa sala la preside otro de los miembros del llamado dentro del mundillo judicial el clan de los canarios. Así que ni por el fondo ni por las circunstancias triunfarán esas iniciativas.
Ahora bien, la cuestión es más profunda, y la ciudadanía puede preguntarse pasmada si esas relaciones de amistad y compadreo entre un magistrado que ostenta la presidencia de la Audiencia Nacional y un político imputado por cuestiones gravísimas son habituales o normales, entran dentro de la buena praxis o de la costumbre. ¿Con quién, cuándo y cómo puede relacionarse un juez? Y algo mucho más práctico: ¿qué sucede y desde cuándo con la presidencia de un tribunal tan goloso para los políticos como la Audiencia Nacional?
Ya les digo que el nivel al que despacha ese presidente no es ni mucho menos común al del resto de presidentes de tribunal de España. De facto, los presidentes de la AN han tenido desde el principio hilo directo con los más altos dignatarios, gobernara quien gobernara. Es el terrorismo —competencia exclusiva de la AN y principal problema de Estado durante décadas— el que normaliza unas relaciones con el poder extraordinarias y mucho mas estrechas. Hasta donde a mí me han contado, todos los presidentes de la Audiencia Nacional han despachado habitualmente con Interior o con Moncloa. Dicen que así fue como Carlos Dívar sedujo en la distancia corta a Zapatero de forma que este, inopinadamente, acabó apoyando a un juez manifiestamente muy conservador para presidir el Consejo.
La cuestión es que los primeros presidentes de la Nacional no ejercían la jurisdicción, es decir, no llevaban asuntos ni juzgaban ni ponían sentencias. Eso lo hacían el resto de magistrados. De manera que podría decirse que el que se rozaba con los políticos no juzgaba y los que juzgaban no se rozaban con ellos. Eso fue así hasta 2003, momento en el que Rajoy reforma el artículo 63 de la LOPJ, que pasa a decir que "el presidente de la Audiencia Nacional será presidente nato de todas sus salas" o lo que es lo mismo, podrá entrar a formar tribunal cuando lo desee.
Actualmente José Ramón Navarro ejerce como presidente de la recién armada Sala de Apelación que revisa todo lo hecho por los demás jueces. Y la preside por un mero acuerdo del propio Consejo: "queda compuesta por el Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Nacional, ante la inexistencia de presidencia específica de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y al ser Presidente nato de todas las Salas de la Audiencia Nacional (artículo 63.2 de la L.O.P.J.)”. Insisto en que hasta la reforma hecha por Rajoy en 2003, el artículo 63 sólo decía: "El presidente de la Audiencia Nacional, tendrá la consideración de presidente de Sala del Tribunal Supremo, y los presidentes de Sala, la categoría de magistrado del Tribunal Supremo". Nada de nada sobre ser nato y entrar a presidir juicios y deliberaciones cuando quiera.
Así que como tal sala no se puso en funcionamiento efectivo hasta enero de 2017 puede afirmarse que Navarro es el primer presidente de la AN que ejerce de facto la jurisdicción además de la presidencia. Los demás presidentes, a pesar de que la reforma entró en vigor en 2004, nunca hicieron uso de esa facultad de entrar a formar parte de ningún tribunal. La Kitchen va a llegar a juicio y después será recurrida y revisada precisamente por esa sala. Eso agrava las sospechas sobre su relación con Francisco Martínez, puesto que Navarro incluso puede llegar a conocer directamente de ese caso.
En realidad, la figura de presidente de la Audiencia Nacional parece desde el inicio diseñada para ese trasiego de información —insisto, normalizada por el ataque terrorista al Estado democrático—, pero en el momento actual esa situación nos parece intolerable y los mensajes descubiertos en el volcado del teléfono de Martínez nos ponen ese riesgo ante las narices. El presidente de la AN puede y debe tener información sobre lo que sucede en su tribunal —también por causas logísticas y organizativas—, pero el uso que hace de ésta, bien sea funcional o político, está fuera de cualquier control. Son circunstancias sobrevenidas —como esa notificación a las partes de esa parte del sumario y su posterior filtración— las que nos permiten conocer que entre bambalinas podrían suceder cosas que serían ajenas a toda buena praxis y ética judicial.
El presidente de la Audiencia Nacional dispone de mucha información y no puede traficar con ella. Ni por poder ni por interés ni por amistad. Ese es el verdadero meollo del asunto, aunque no vaya a llegar la sangre al río por ninguna de las dos vías que se van a emprender, porque con lo sabido no hay materia real para ello. La mera sospecha, la fealdad de lo conocido, no sirve desde el punto de vista jurídico. Además es muy probable que Navarro lleve razón y le estuviera dando largas al político caído porque, apartado del PP y dejado en soledad, ¿qué interés tenía jugársela por él? ¿De verdad eran tan amigos como para eso? Permítanme que crea que las cosas de las alturas no suelen ir así.
Navarro, como la mujer del César.