El Pentágono, acusado de negarse a compartir pruebas de posibles crímenes de guerra rusos con la Corte Penal Internacional

El Pentágono está impidiendo el intercambio de información de inteligencia estadounidense con la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania, según ha informado el New York Times.

La Casa Blanca de Biden y el Departamento de Estado han sido partidarios de la cooperación con la CPI, con sede en La Haya, como medio de hacer que las fuerzas rusas rindan cuentas por los crímenes de guerra generalizados, pero el Departamento de Defensa se opone firmemente alegando que este precedente podría volverse en contra de los soldados estadounidenses.

El New York Times cita a funcionarios actuales y anteriores que afirman que la resistencia del Pentágono es el obstáculo. Informa de que el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés) convocó una reunión de altos cargos el 3 de febrero para intentar resolver la disputa, pero que el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, no cedió. Joe Biden aún no ha tomado una decisión definitiva.

El senador republicano Lindsey Graham, impulsor de una resolución del Congreso que instó al apoyo de Estados Unidos al tribunal sobre Ucrania, también culpa al Pentágono.

"El DoD [Departamento de Defensa] se opuso al cambio legislativo –aprobado por abrumadora mayoría- y ahora están tratando de socavar la letra y el espíritu de la ley", dice Graham al diario estadounidense, en declaraciones confirmadas a The Guardian por su oficina. "Me parece que el DoD es el niño problemático aquí, y cuanto antes podamos poner la información en manos de la CPI, mejor para el mundo".

Preguntada por el asunto, la portavoz del NSC, Adrienne Watson, ha dicho: "Las fuerzas rusas han estado cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania, y el pueblo ucraniano merece justicia".

"Estados Unidos apoya diversas investigaciones para identificar y hacer rendir cuentas a los responsables, entre ellas a través de la Fiscalía General de Ucrania, Naciones Unidas, las misiones de expertos establecidas en el marco del 'mecanismo de Moscú' de la OSCE [Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa], y la Corte Penal Internacional, entre otros", dice Watson.

Un alto cargo de Defensa se limita a decir: "El Departamento de Defensa cree que debemos exigir responsabilidades a Rusia".

Expertos jurídicos estadounidenses ayudaron a redactar el Estatuto de Roma, por el que se creó la CPI. Fue firmado por Bill Clinton en 2000, pero no fue ratificado por el Senado, y el sucesor de Clinton, George W Bush, tomó la inusual medida de retirar la firma estadounidense.

Los detractores estadounidenses del tribunal argumentaron que los enemigos de EEUU podrían utilizarlo para procesar a soldados estadounidenses que lucharan en guerras extranjeras, a pesar de las salvaguardias incluidas en el estatuto, según las cuales el tribunal internacional solo tendría jurisdicción si los tribunales del país de origen del sospechoso no quisieran o no pudieran procesarlo.

En febrero, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Kamala Harris afirmó que Estados Unidos ha constatado que Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad en Ucrania. La vicepresidenta añadió que Washington "seguirá apoyando el proceso judicial en Ucrania y las investigaciones internacionales, porque debe hacerse justicia".

Harris no especificó la cooperación con la CPI, pero la semana pasada, Beth van Schaack, embajadora general de Estados Unidos para la justicia penal mundial, declaró en una conferencia en Leópolis: "La Corte Penal Internacional ocupa un lugar importante en el ecosistema de la justicia internacional, y Estados Unidos apoya la investigación del fiscal de la CPI".