Los acusados del PP por los trabajadores 'zombis' del caso Taula denuncian un "juicio político" de Anticorrupción
Última sesión del juicio por los trabajadores 'zombis' del 'caso Taula', tras más de dos meses de vista oral ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. En el turno de última palabra, Alfonso Rus, expresidente popular de la Diputación de Valencia, ha denunciado que se trata de un supuesto "juicio político" por parte de la Fiscalía Anticorrupción y que, según ha dicho, "antes de llegar aquí ya tenían la sentencia preparada". "Ni me enteraba ni me interesaba", ha dicho en referencia a la contratación de empleados 'zombis' en Imelsa, la empresa pública de la institución provincial cuyo gerente era Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' y también acusado. "Nadie ha dicho nada de mí, no sé qué hago aquí durante tres meses", ha concluido Rus.
Marcos Benavent ha pedido "perdón" por el "mal" que, ha dicho, hizo durante su etapa de colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y con la Fiscalía Anticorrupción, "con el afán de perjudicar al mayor número de personas", especialmente a Rus, su exjefe de gabinete Emilio Llopis y Máximo Caturla, exconsejero delegado de la empresa pública dedicada a la construcción de colegios, y al PP. "En esta causa ya ha habido varios suicidios, muertes, ruinas personales, trastornos mentales y situaciones de depresión", ha lamentado el 'yonqui del dinero'.
Benavent ha vuelto a atacar a su exsuegro, el empresario Mariano López, por entregar los audios que grabó clandestinamente a la trama (diez horas de grabaciones que permitieron a la UCO tirar del hilo) y por filtrarlos "a varios medios de comunicación y a políticos", según ha afirmado. El disco duro que almacenaba los comprometedores archivos, se quedó en una vivienda de su exmujer pero el acusado no pudo recuperarlo debido al "momento tenso" que vivió a cuenta de su divorcio.
"La casa estaba rodeada de todo tipo de alarmas perimetrales, reclamé muchas veces pero se me negó", ha relatado". Marcos Benavent ha lamentado que la familia de su exmujer aireara toda su "intimidad y asuntos privados y personales", en referencia a la declaración de Mariano López en el juicio como testigo, en la que reconoció que entregó los audios por venganza.
En la línea de su nueva estrategia de defensa, el 'yonqui del dinero' ha asegurado que padeció indefensión y se aferró a las promesas de la Fiscalía de "no entrar en prisión". Benavent ha relatado interrogatorios por parte de la Guardia Civil de "muchas horas" en los que "no sabía lo que afirmaba".
También ha acusado a la denunciante del 'caso Taula', la actual consellera de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez Garijo, de "obtener rédito personal y político" con las grabaciones, "como así ocurrió en 2015", ha especificado en alusión a la derrota del PP en las elecciones autonómicas. El 'yonqui del dinero' ha arremetido contra la cadena de custodia de los audios, de la que ha dicho que "no es que esté rota, es que está destrozada".
El acusado se ha preguntado si la Fiscalía Anticorrupción filtró las grabaciones a "sus amigos periodistas". "Esto es revelación de secretos de manual", ha apostillado. Marcos Benavent, que ya fue condenado a casi ocho años de prisión en el juicio de la pieza separada J del 'caso Taula', ha denunciado una supuesta "violencia judicial". Tras citar a Sartre, Montesquieu y Maquiavelo, el 'yonqui del dinero' ha concluido que "este sistema judicial no es sostenible" y ha agregado: "No les deseo ni a ustedes ni a ningún familiar una situación parecida".
Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Alfonso Rus, se ha escudado en que no tenía "capacidad ejecutiva" para contratar en Imelsa y ha asegurado que durante el mandato popular se redujeron un 30% los asesores mientras que actualmente, con la Diputación de Valencia gobernada por el PSPV-PSOE y por Compromís, han aumentado.
María Escrihuela, exdirectora de personal de Imelsa, ha defendido que no tenía "ni competencias ni facultades para cambiar nada de lo establecido" en la empresa pública, además de los complementos por productividad que percibió. "Mi responsabilidad en Imelsa era la transformación cultural de la empresa, me encontré una empresa en la que la gente quería ser funcionaria sin aprobar la oposición", ha relatado.
El empresario José Adolfo Vedri ha lamentado la contratación de dos de sus trabajadores en Imelsa a modo de condonación de una deuda con su mercantil. "Si hubiéramos sabido que era malversación, no lo hubiera aceptado", ha dicho Vedri, que ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. El conocido empresario del sector de la comunicación ha lamentado que los acusados del 'caso Taula' se han convertido en "apestados" para el sistema financiero a la hora de solicitar créditos. "Llevamos siete años sufriendo", ha agregado.
La ultima sesión del juicio también ha incluido la exposición del informe de conclusiones de dos de las defensas. Por un lado, la letrada del socialista Rafael Rubio, exconsejero de Imelsa también investigado en el 'caso Azud', ha pedido la nulidad de las grabaciones del 'yonqui del dinero' y ha asegurado que la labor de las dos asesoras contratadas no deja "rastro". "Un asesor no hace nada que conste por escrito", ha dicho la abogada, quien también ha sostenido que Rubio no utilizaba el correo electrónico. "La realidad de los servicios prestados ha quedado acreditada", ha concluido.
La defensa de Clara Sáez, periodista contratada en la empresa pública Ciegsa a pesar de que prestaba sus servicios en el gabinete de la Conselleria de Educación, ha argumentado que la acusada no necesitaba "que nadie la enchufe" ya que llevaba desde 1998 trabajando para la administración pública. El letrado de la periodista también ha alegado que Sáez "ni pertenece ni está afiliada al PP".
La cúpula del PP de la Diputación de Valencia durante el mandato de Alfonso Rus arrastra en este juicio el fardo de las declaraciones de los acusados que han pactado con Anticorrupción. Así, uno de los trabajadores 'zombis' reconoció que, a pesar de estar contratado en Ciegsa, trabajaba "en la sede del PP de Valencia". Otro de los acusados confesó que estuvo contratado en Imelsa pero que desempeñaba tareas de mantenimiento en la sede del PSPV-PSOE.
Además, la interventora del Estado designada por el juez instructor para analizar los contratos supuestamente fraudulentos concluyó durante su declaración como perito que "no se cumplieron los principios de acceso al empleo público".
Se trata del segundo juicio por el 'caso Taula'. En abril arranca el tercer juicio por el supuesto amaño del 'call center' de la Diputación de Valencia, en el que se sentarán en el banquillo de los acusados Alfonso Rus, Marcos Benavent y su exsuegro, Mariano López, adjudicatario del contrato.
A la salida de la Ciudad de la Justicia, Rus ha asegurado que no tiene "nada que ver" con la adjudicación. "Si alguien ha ganado dinero es Mariano, el que hacía el bobo", ha dicho en referencia al exsuegro del 'yonqui del dinero' que entregó los audios a la Fiscalía Anticorrupción.