Colau elimina el requisito de empadronamiento para reclamar ser víctima del tardofranquismo
La modificación del Reglamento de reconocimiento a las personas represaliadas por el tardofranquismo del Ayuntamiento de Barcelona incluye la eliminación de la necesidad de estar empadronado en la ciudad para la aceptación de la solicitud. Además, la reforma mantiene la fecha del 31 de diciembre de 1978 como día límite temporal del tardofranquismo y no incluye una mención específica a las entidades que engloban a víctimas de ETA, el Grapo o Terra Lliure. Este martes ha concluido el plazo de exposición pública de la modificación reglamentaria que propuso, el pasado 17 de enero, la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona. La intención del equipo de gobierno es ajustar el texto una vez se aprobó, en 2019, y se ha detectado que algunas personas que sufrieron represión durante el tardofranquismo quedaban fuera del ámbito del Reglamento. Noticia Relacionada estandar No Colau no asiste al funeral por las víctimas del Covid en la Sagrada Familia La Generalitat permite un máximo de diez personas en ceremonias religiosas, medida que el Arzobispado de Barcelona considera «arbitraria» y llevará a los tribunales Para superar este inconveniente, el Consistorio de Ada Colau quiere retirar el requisito de empadronamiento para los solicitantes, en el momento de pedir el reconocimiento, ampliar los supuestos, y abrir la posibilidad de que las personas que ya hayan fallecido por causas ajenas a la represión puedan ser también reconocidas a través de la solicitud que hagan sus familiares. Periodo polémico En cualquier caso, la reforma no incluye modificar el periodo que el Ayuntamiento considera que engloba al tardofranquismo: del 1 de enero de 1960 al 31 de diciembre de 1978. Una fecha final que pone en duda la misma Transición democrática, que habría arrancado -según la tesis comúnmente aceptada por la historiografía- con la muerte del dictador Francisco Franco y finalizado con la aprobación de la Constitución, en 1978. De la misma manera, la propuesta no incluye incluir entre las entidades afectadas y de reconocido servicio para la búsqueda de la Justicia y la verdad en favor de las víctimas a los que sufrieron atentados o violencia de grupos terroristas como ETA, el Grapo y Terra Lliure, que actuaron en la etapa final del franquismo, y durante parte de la democracia.