Orden internacional de detención para el cura de Vigo huido tras ser condenado a 32 años de cárcel por abusar de menores
La Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de emitir una orden nacional e internacional de busca y captura del sacerdote salesiano de un colegio de Vigo que está condenado a 32 años y medio de cárcel por abusos sexuales a menores y que está huido desde que recibió la orden de ingresar en prisión.
El cura, Segundo C.V., era monitor de tiempo libre en el colegio Salesianos de Vigo. Está condenado, además de la pena de prisión, a 36 años de libertad vigilada por haber abusado sexualmente de seis niños, alumnos del centro escolar, y a 31 años de inhabilitación para trabajar con menores. Su condena fue ratificada en mayo de 2022 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), pero la estrategia de presentar recursos del sacerdote fue retrasando el momento de ingreso en prisión.
Las magistradas de la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra, la encargada de ejecutar la sentencia, indican en el auto de este viernes que el condenado no se presentó de forma voluntaria en el centro penitenciario una vez terminó el plazo de tres días que le habían dado el 23 de febrero. El día 27 de ese mes emitieron una orden de detención e ingreso en prisión, pero el 13 de marzo la Guardia Civil de Cambados comunicó que no podía cumplirla porque el hombre no había podido ser localizado en su domicilio.
El tribunal expone en su resolución que el informe de los agentes asegura que el cura "ha huido con la única intención de sustraerse a la acción de la justicia y evitar el cumplimiento de las penas". Las órdenes de detención e ingreso en prisión nacional e internacional deberán incluirse ahora en el Sistema Integrado de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial (SIRAJ) para ser plenamente efectivas.
En el auto las magistradas también reclaman a la Comunidad Colegio María Auxiliadora Salesianos que presente al sacerdote ante la Audiencia de Pontevedra en el plazo de diez días. Lo hacen porque esta entidad religiosa depositó en abril de 2020 una fianza de 12.000 euros para que el hombre pudiese salir en libertad provisional. Si no cumple el requerimiento, ese dinero será adjudicado al Estado.