Corrupción en municipios de Madrid: los alcaldes de Chinchón y Velilla, procesados por prevaricación al amañar contratos

Amañaron contratos públicos con una empresa especializada en gestión financiera –asegura la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada–, en algunos casos, sin documentación que avalase los acuerdos; en otros, fraccionando los contratos en menores y causando perjuicio a las arcas municipales. La Audiencia Nacional ha ordenado la apertura de juicio oral contra los alcaldes de Chinchón, Francisco Javier Martínez Mayor (Agrupación, Transparencia y Servicio, ATySch), y Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar Jiménez (PSOE), acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa . El Ministerio Público –en un escrito de febrero de este año al que ha tenido acceso ABC– pide para Martínez Mayor la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años; mientras que para su compañera Alcázar Jiménez rebaja la condena a cuatro años, seis meses y un día. Ellos no son los únicos imputados. En el banquillo se sentarán funcionarios y concejales involucrados en un caso de supuesta corrupción que salpica a siete consistorios de la Comunidad de Madrid: Getafe, Meco, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba, además de Chinchón y Velilla de San Antonio. Noticia Relacionada estandar No La Justicia reabre el caso ITV y ordena investigar por prevaricación y malversación a la alcaldesa socialista de Móstoles Sara Medialdea Noelia Posse, candidata a revalidar el cargo el 28-M, y sus ediles condonaron una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa privada. Desde el Ayuntamiento lo consideran una «querella política» La investigación parte de una denuncia por posibles irregularidades en la contratación pública del Ayuntamiento de Torredembarra, en Cataluña, en 2013, con la mercantil Efial Consultoría. De Tarragona, la denominada operación Térmyca , dio el salto a Madrid. La empresa –explica la Fiscalía– se presentaba ante diversos ayuntamientos «con la finalidad de realizar actos contrarios a la ley, ejecutando en connivencia con aquellas personas que desde dentro del ayuntamiento ejercían funciones públicas asignaciones de concursos públicos ilegales , cuyos pagos a la mercantil no amparados en la ley provocaban un perjuicio en el patrimonio de la corporación«. Tras recibir diversas denuncias ante los juzgados de la Oficina Antifraude de Cataluña, «los directivos de Efial acordaron la posibilidad de que fueran absorbidos por otras mercantiles para así poder continuar con el mismo 'modus operandi' delictivo». Con el nombre de Consultoría en Gestión Innovadora S. L. (CGI) aterrizan en Madrid. Hasta diez cargos de la empresa están también investigados. Facturas En Velilla de San Antonio la forma de actuar «de CGI fue concertarse con la interventora para preparar borradores del pliego de condiciones técnicas y obtener la licitación«, explica la Fiscalía: »Todo ello para defraudar al ente público«. »Al menos desde finales del 2012 hasta el 2016, CGI estuvo facturando al ayuntamiento sin soporte contractual, realizándose de esta forma una continua actividad ilícita« en la que pactan »prestar servicios sin existir contrato alguno«. «Otro 'modus operandi' que se idea para eludir los procedimientos de contratación de obra, suministros y servicios es dictando el alcalde sucesivos decretos donde se reconocen facturas sin contrato que las ampare, y en donde se constata que la obra, servicio o suministro ha sido realizada y se han producido gastos que han recaído en el ayuntamiento«, continúa el Ministerio Público en su escrito, en el que recoge hasta seis decretos firmados en 2015 y 2016 para efectuar los pagos. La alcaldesa socialista Alcázar Jiménez accedió al cargo –que mantiene– en 2015. El 5 de marzo de este año, cuando la Fiscalía Contra la Corrupción ya la acusaba de un presunto delito de prevaricación, el PSOE la nombró candidata para el 28 de mayo . El día 14 –en un auto al que ha accedido ABC– la Audiencia Nacional acordó abrir juicio oral. A solo dos meses para las elecciones, la pelota está en el tejado de Juan Lobato , secretario general de los socialista madrileños, puesto que el código ético del partido recoge que cuando se abra este tipo de procedimiento deberá ser suspendido de militancia y no ser candidato el acusado, tal y como él recordó con la reciente imputación de la aspirante de Móstoles, Noelia Posse, por la reapertura del caso ITV. 'Software' municipal En Chinchón, la Fiscalía pide la absolución para la exalcaldesa popular María Luisa Fernández, pero mantiene investigado al actual regidor, Martínez Mayor, con el bastón de mando también desde 2015. En este caso, el Ministerio Público afirma que el primer edil firmó contratos con CGI para dar soporte informático al mantenimiento del 'software' que el ayuntamiento utiliza para la gestión tributaria . «Entre el 1 de septiembre de 2015 hasta el 31 de diciembre se concatenaron tres contratos menores de gestión tributaria. Las resoluciones que estableció como alcalde Martínez Mayor contravenían las normas establecidas en la contratación pública», dice la Fiscalía, amparándose en siete facturas municipales. «Todo ello se realiza atendiendo a una deuda que el ayuntamiento tenía con CGI», argumenta el órgano, que cifra la cuantía en 40.000 euros. Concejal del PP en Meco En el caso está presente el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Meco, Luis Miguel Gómez García , del Partido Popular, para el que la Fiscalía solicita la inhabilitación para cargo público y sufragio pasivo durante nueve años. Otorgó, presuntamente, un contrato sin publicidad para la colaboración en materia de inspección municipal. En Getafe son los responsables de Recaudación y Gestión Tributaria los procesados, al convenir con CGI un contrato durante cuatro años por más de cuatro millones de euros. En el Ayuntamiento de Torrejón, la Fiscalía acusa de presunta prevaricación a la interventora por un concurso vinculado con la Empresa de Vivienda y Suelo; en Móstoles, a la directora de Gestión Tributaria durante los años 2014 y 2015; y en Collado, «los funcionarios no están identificados» aunque sí constan contactos con trabajadores del consistorio. Los acusados ya están notificados, y la corrupción se cierne sobre los municipios cuyos responsables deberán sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional, procesados a poco más de 60 días de unos comicios que podrían volver a situarlos en un cargo para los que la Fiscalía ya los inhabilita.