Shakira, del escenario al banquillo: el juicio por fraude fiscal, pendiente de si hay pacto 'in extremis'
Shakira Isabel Mebarak Ripoll cambiará este lunes las alfombras rojas y los conciertos por un escenario algo más prosaico: el Palacio de Justicia de Barcelona. Allí empezará el juicio por fraude fiscal contra la cantante, que podría terminar el mismo lunes si finalmente la artista colombiana llega a un acuerdo con Hacienda.
Sobre el caso sobrevuela un pacto que implicaría que Shakira reconocería los delitos fiscales de los que está acusada a cambio de evitar la cárcel y pagar una elevada multa, aunque ninguna de las fuentes jurídicas consultadas daba este viernes por cerrado el acuerdo. El pacto evitaría celebrar un juicio no exento de riesgo de convertirse, a ratos, en un espectáculo dada la variedad de testigos propuestos, con las consecuencias para la imagen de la artista y el escrutinio de su vida en Barcelona.
Si hay pacto, la artista tendría que reconocer que incumplió sus obligaciones con la Agencia Tributaria al no pagar impuestos en 2012, 2013 y 2014 pese a pasar más de la mitad del año en España.
La Fiscalía ya intentó hace algo más de un año cerrar con una conformidad la causa, tal y como suele ocurrir en los pleitos de Hacienda contra los famosos y las grandes fortunas. Pero la cantante rechazó el pacto y cargó contra la Agencia Tributaria, a la que acusó de “atropellar sus derechos” y someterla a una “persecución”.
Según las fuentes consultadas, la principal dificultad para el acuerdo estriba en encontrar encaje jurídico no solo a la causa que se juzga a partir del lunes sino a todos los pleitos fiscales que la cantante tiene abiertos –hay un procedimiento contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional y otra causa penal en los juzgados de Esplugues (Barcelona).
A favor del pacto juega que la cantante esquivaría por completo la posibilidad de ingresar en prisión, mientras que las acusaciones se asegurarían una pronta recuperación del dinero defraudado y de las multas, ya que la sentencia no se recurriría y se podría ejecutar más rápidamente.
Haya pacto o no, Shakira tendrá que acudir presencialmente este lunes a la sala de vistas de la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona. Presidirá la sesión el juez José Manuel del Amo, un curtido y respetado magistrado que ya tiene experiencia en dirigir vistas mediáticas como el caso Neymar. Si no hay acuerdo, se prevé que el juicio dure 12 sesiones.
Jurídicamente, el caso Shakira no entraña gran complejidad. Se trata de determinar cuántos días pasó la cantante en España los años 2012, 2013 y 2014. Las acusaciones sostienen que, pese a superar el límite legal de vivir más de la mitad del año en nuestro país, Shakira no pagó sus impuestos a la Hacienda española. Lo contrario ha alegado la cantante, quien asegura que en ninguno de esos años pasó más de 183 días en España.
Durante la instrucción del caso, las partes han hecho sus propios cálculos. Hacienda y la Fiscalía elevan a 242, 212 y 243 días los días del año que Shakira pasó en España en los tres ejercicios bajo sospecha. La cantante rebaja ese cómputo hasta 163, 159 y 178 días respectivamente, muy cerca del límite legal, pero sin rebasarlo. Un pacto implicaría que la cantante acepta el cómputo de Hacienda.
Las acusaciones piden a Shakira hasta ocho años de cárcel por seis delitos fiscales al no haber pagado 14,5 millones entre IRPF e Impuesto de Patrimonio en los tres ejercicios. Además de no pagar impuestos en España pese a vivir en nuestro país, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la de la Generalitat sostienen que la artista se valió de un entramado de 15 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales –Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo– para ocultar sus rentas. Antes del inicio del proceso penal, Shakira ya devolvió la cuantía presuntamente defrauda.
Si no hay pacto, pese a contar con abundantes pruebas documentales –recibos de tiendas, decenas de correos electrónicos, incluidos algunos especialmente comprometedores–, para determinar con concreción las fechas, acusaciones y defensas han llamado a comparecer a 117 testigos, en lo que ha supuesto una complejidad organizativa y logística para el tribunal.
Las testificales –siempre que no les falle la memoria– servirán para trazar al detalle la vida de Shakira en sus años en España. El reto del tribunal, si no se alcanza un acuerdo de última hora, será evitar que el juicio se descontrole y que la determinación de si Shakira estuvo un día concreto en nuestro país no abra la puerta a intromisiones excesivas en la privacidad de la artista o a cuestiones personales que nada tienen que ver con la frialdad tributaria.
Entre los testigos citados hay trabajadores que atendieron a Shakira en Barcelona en centros de estética, peluquerías, bares, hoteles y restaurantes, y otros empleados como su conductor personal, dos ginecólogos, sus profesores de zumba y su estilista, e incluso vecinos tanto de su antigua casa familiar en Esplugues como del piso de soltero de su expareja, Gerard Piqué –de quien se separó el año pasado pero con el que mantuvo una relación en los años bajo sospecha.
También están citados, si el juicio se termina celebrando, los hermanos del dúo Estopa, por los servicios de su estudio de grabación en Barcelona, o su expareja Antonio de la Rúa, quien ostentó diversos cargos en las sociedades de Shakira, así como el cantante de Maná, Fernando Olvera, con quien la colombiana grabó en las cavas de Codorniu.
Otros testigos de renombre tendrían que declarar en su mayoría por videoconferencia. Se trata del hermano de Shakira e incluso directivos de discográficas como el responsable de Sony Music en América Latina, Afo Verde, y la presidenta de la compañía, Amanda Ghost.